Tanto en el oficialismo como en la oposición, y por supuesto también en los memorándum del FMI, se asignaba una gran responsabilidad al déficit fiscal como motor de la inflación. Según esta premisa, los recortes en el gasto público serían una contribución a la estabilización de los precios -de la mano de la menor emisión de pesos para financiar el rojo del Estado. Pues bien, después de haber sobrecumplido las metas fiscales impuestas por el Fondo para 2022, profundizando la caída del gasto desde la llegada de Massa, pero la inflación se sigue acelerando.

El IPC de enero arrojó una inflación del 6% mensual y del 98,8% interanual, mostrando que los precios volvieron a acelerar su marcha ascendente. Esto, cuando marcha a todo vapor el achique del gasto público, que en el acumulado del año pasado apenas varió un 70,5% contra una inflación del 94,5%. Por caso, en diciembre la recaudación marcó una suba del 92% interanual, contra unas erogaciones que solo lo hicieron un 54,8% -esencialmente por la caída en jubilaciones y prestaciones sociales, que incluso en un mes en que se actualizaron por la fórmula de movilidad quedaron en un 69,8% comparado con un año atrás.

Sin embargo los precios siguen su alza, con una inflación núcleo en ascenso (no contempla variaciones estacionales ni precios regulados), y febrero continuaría en esa senda con los alimentos a la cabeza. Mientras los jubilados y asalariados ven incrementarse los productos en los que gastan sus ingresos (en enero las canastas básicas total y alimentaria subieron un 7,2 por ciento), son también quienes sufren los recortes fiscales.

Sucede que el discurso de embellecimiento del ajuste como “ordenador” de la situación económica se cae por sí mismo. Un presunto plan antiinflacionario que incluye tarifazos en los servicios públicos y aumentos en los combustibles es una contradicción. Al mismo tiempo, el propio Estado se beneficia con estos incrementos vía mayor recaudación: un cuarto de la boleta del gas y la luz son impuestos, y los surtidores también tienen gravámenes específicos. Es un ajuste que se retroalimenta en perjuicio de los consumidores, como sucede con el principal ítem de ingresos tributarios que es el IVA (impuesto al valor agregado), que pagamos en cada artículo que compramos por indispensable que sea. El alza de precios más que compensa, en este punto, el desplome del consumo.

Esto muestra que en realidad la inflación es el principal arma del gobierno para licuar el gasto público (con fórmula de movilidad previsional desindexada, con el intento de imponer topes paritarios del 60%) y a la vez aumentar su recaudación fiscal. Por eso el Estado, principal formador de precios, no tiene interés en anclar realmente el costo de vida. Todo el relato que adjudica al déficit fiscal la mayor incidencia en el desmadre inflacionario no es más que una forma de responsabilizar a la población trabajadora, cuando la lupa debe ponerse sobre el gobierno y los capitalistas.

En la Argentina de hoy, la causa principal de la carestía es la depreciación de la moneda nacional. La incesante fuga de capitales explica que tras tres años de balanza comercial positiva el Banco Central tenga reservas en rojo. El gobierno vende divisas para buscar contener la brecha cambiaria, lo cual no hace más que financiar la corrida al dólar. En simultáneo emite sumas multimillonarias de pesos ($700.000 millones solo en enero) para pagar intereses a la banca por las Leliq, o sea que también inyecta los pesos con que después los especuladores corren a comprar billetes norteamericanos. La emisión monetaria parasitaria -con sus efectos inflacionarios- no es el resultado de pagar un Potenciar Trabajo a un desocupado o un haber de indigencia a jubilados, sino de sostener esta bicicleta financiera con altas tasas de interés -para respetar las directivas del Fondo.

Esta última es una diferencia fundamental con la política restrictiva de los principales bancos centrales del mundo, abocados en la búsqueda de aminorar la inflación a base de incrementar las tasas. Sucede que en el caso de la FED estadounidense o el BCE europeo lo que sube son los intereses que cobran por prestar, algo antagónico al BCRA que encarece lo que paga a los bancos solo para que dejen quieto el dinero de los depositantes.

Así las cosas, el gobierno sigue contribuyendo a la devaluación del peso, tanto medido con los dólares paralelos como con el oficial. Esto tiene clara incidencia: en enero el índice de precios mayoristas del Indec indicó una suba del 6,5%, traccionado por los productos importados (encarecidos por la brecha y por las restricciones a las compras del exterior).

A su manera, lo único que tanto el gobierno como la derecha sostienen a rajatabla como ancla son los techos salariales muy por debajo de la inflación. Vale tener presente que mientras Larreta declara que la meta de Massa de cerrar el 2023 con un 60% de IPC anual es una farsa, firmó con la burocracia sindical peronista de Sutecba una paritaria para los empleados públicos porteños… del 60% hasta diciembre. Este es el contenido real de adjudicar al déficit fiscal la dinámica de los precios. Por lo demás, ninguno plantea por ejemplo la apertura de los libros de las privatizadas al control de trabajadores y usuarios para verificar a dónde van a parar los subsidios millonarios que reciben, pero sí insisten en “auditar” los programas sociales para dar de baja injustamente a 100.000 trabajadores necesitados.

La inflación y el ajuste se combaten por igual enfrentando el rumbo fondomonetarista que oficialistas y opositores se comprometen a profundizar.

https://prensaobrera.com/politicas/un-barco-que-se-hunde

https://prensaobrera.com/politicas/lena-a-la-inflacion-en-enero-se-emitieron-mas-de-700-mil-millones-para-pagarle-intereses-a-la-banca/

https://prensaobrera.com/sindicales/sindicalismo-k-pide-suma-fija-para-maquillar-las-paritarias-a-la-baja