En este informe se abordará la situación de la Cuenca del Golfo San Jorge, de donde se extrae el 40% de los hidrocarburos del país[1], y más especialmente de la provincia Chubut. Allí puede verse cómo la crisis petrolera mundial, caracterizada por una sobreproducción inédita, recrudece la disputa por la renta petrolera entre los capitalistas, pone en crisis a todo el régimen que se asienta en el saqueo petrolero y agudiza la pelea de los obreros petroleros con las operadoras.

Desde comienzos del siglo XX, la región se caracteriza por la producción convencional de petróleo y gas. Una demostración de la importancia estratégica de la zona es que entre 1943 y 1955 existió una Gobernación Militar, con capital en Comodoro Rivadavia, con el fin de proteger los recursos ante posibles invasiones extranjeras, pero también de disciplinar a los obreros petroleros que con sus huelgas afectaban la producción. Como se ve, los recientes amagues de “blindar” Vaca Muerta tiene antecedentes.

Un régimen de saqueo a medida de las petroleras

A 70 kilómetros de Comodoro Rivadavia se ubica Cerro Dragón, el yacimiento de petróleo convencional más grande del país, con una superficie equivalente a 17 veces la Capital Federal, que implica casi el 20% de la producción nacional. Al amparo de la reforma constitucional de 1994 que delegó a las provincias el control de los recursos naturales, en 2007 el yacimiento fue concesionado hasta 2047 a Panamerican Energy (PAE), integrada por la ex-Bridas Corporation de la familia Bulgheroni (la segunda fortuna declarada más grande del país) y por la British Petroleum. El grupo empresario tiene una facturación anual de 7.000 millones de dólares, y se suma la refinadora y comercializadora de combustibles Axion Energy.

Pesan sobre esa concesión multimillonaria numerosas denuncias de corrupción, con investigaciones en el juzgado federal de Canicoba Corral en Argentina y en la Comisión de Valores (SEC) de EEUU a partir de presentaciones de la misma British Petroleum. Agreguemos a esta trama que a principios de 2019 la Unión de Consumidores de Argentina “bajó” inesperadamente su litigio contra PAE, el Estado nacional -en particular el Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido-, la Universidad Nacional de Cuyo y la provincia de Chubut.

Exactamente el mismo contrato se aprobó en la Legislatura de Santa Cruz, ya que una parte de Cerro Dragón se extiende por el norte de esa provincia. Fue bajo el gobierno de Daniel Peralta, con mayoría absoluta del kirchnerismo, y la única oposición del Partido Obrero y un sector disidente de la UCR (Héctor Di Tulio) que presentaron 12.000 firmas en rechazo.

Una vez lograda la prórroga de la concesión por 40 años y luego de valorizados los yacimientos, Bulgheroni vendió una parte de las acciones a empresas chinas (Sinopec) y la British Petroleum vendió otra parte. PAE es la operadora más relevante de la región, y esta entrega es un botón de muestra de todo un mapa de negocios de capitalistas como Tecpetrol (Techint), Capsa, y por supuesto YPF.

El esquema se completa con la entrega de los derechos laborales por parte de la conducción del Sindicato del Petróleo y del Gas Privado de Chubut. Su secretario general Jorge “Loma” Ávila firmó varias adendas de flexibilización del convenio colectivo al estilo Vaca Muerta. Pero esta burocracia debió lidiar con grandes luchas de los petroleros, y de obreros de la construcción y camioneros ligados a la actividad de los yacimientos.

La clase obrera, de Los Dragones al Comodorazo

Frente a los vaivenes de una industria que se mueve al compás del precio internacional de barril, la tasa de ganancia de las operadoras y los acuerdos con los gobiernos de turno provinciales y nacionales, la clase obrera protagonizó enormes resistencias.

Un ejemplo emblemático es la pelea que llevaron adelante entre 2005 y 2012 los Dragones, una agrupación que llegó a reunir 5.000 obreros ligados al sector de la construcción en los yacimientos, fundamentalmente de la contratista Contreras. Los Dragones lucharon por la equiparación de los derechos laborales con los petroleros. Este proceso fue desarmado con una brutal ofensiva en 2012 concertada entre la patronal y la Uocra, que tras la toma de Cerro Dragón por 15 días arremetieron con cientos de despidos, retiros voluntarios, cursos de “reinserción social” a cargo de las operadoras y “listas negras” para impedir el ingreso del activismo a los yacimientos.

La intersección de las rutas 3 y 26, de acceso a los yacimientos, son el epicentro de las luchas obreras en el sur de Chubut.

En 2010 se llevó a cabo la toma de Termap (Terminales Marítimas Patagónicas), donde se almacena la mayoría del petróleo extraído en la Patagonia, contra los despidos en YPF.

El “Comodorazo” de 2016 reunió en una movilización a 50.000 personas, la más grande de la historia de la región, contra los despidos masivos y la desinversión por parte de PAE, YPF y Tecpetrol. A esta enorme reacción en los inicios del gobierno de Mauricio Macri se sumaron también otros gremios privados, docentes y estatales. La burocracia de Ávila tuvo que ponerse al frente de la movilización por la presión de sus bases.

Cabe señalar además que durante el largo conflicto que sostuvieron los docentes y estatales el año pasado contra el gobierno de Mariano Arcioni, los 19 piquetes montados en las rutas del petróleo de Comodoro Rivadavia y Sarmiento contaron con el apoyo de los trabajadores petroleros, que decidían “no subir” e incluso brindaban su ropa de trabajo a los manifestantes para soportar el frío patagónico. Esta solidaridad de clase contrastó con el accionar carnero de la burocracia de Ávila, que mandó a 200 patoteros para levantar los cortes a la fuerza; un hecho que generó un inmediato repudio que se expresó en pocas horas en una movilización de más de 30.000 personas en Comodoro Rivadavia.

La maldición de la riqueza petrolera

Pero la pregunta fundamental que surge del análisis de este esquema de explotación es: ¿cómo una provincia que produce la riqueza petrolera más grande del país cae crónicamente en el incumplimiento del pago de los salarios de los docentes y estatales en tiempo y forma? ¿Cómo semejante generación de dólares no logra cubrir las obligaciones en pesos del Estado?

En distintos artículos de Prensa Obrera hemos explicado el mecanismo de saqueo y expoliación de la fraudulenta deuda chubutense, que se basa en la emisión -desde el año 2010- de bonos en dólares ofreciendo como garantía las regalías petroleras. Este mecanismo se concretó mediante la conformación de un fideicomiso gerenciado por el Deustche Bank y el banco Comafi en Argentina, que es capitalizado mediante el depósito automático de las regalías por parte de las petroleras, es decir que los dólares van directo a los acreedores sin pasar siquiera por el Estado provincial. En sus inicios esto permitió conseguir crédito internacional a tasas bajas (luego de la crisis mundial de 2008), pero hoy vemos cómo esta “indefaulteable” petrodeuda entra en zona de quebranto, ya que ni la totalidad de las regalías alcanzaría para cancelar los vencimientos venideros -que a partir de octubre suman 40 millones de dólares por trimestre (2.800 millones de pesos al tipo de cambio oficial). Si fracasa el intento de reestructuración, en el que se embarcó todo el arco político patronal, el default es ineludible.

El peso de esta carga sobre la provincia de Chubut se aprecia mejor si tenemos en cuenta que las regalías petroleras (que son del 12%) representan más de un tercio de los ingresos del Estado provincial, y son superiores a la coparticipación federal y a la recaudación por impuestos propios. El petróleo representa de manera directa más de un tercio del PBG (Producto Bruto Geográfico), pero su impacto “transversal” sobre el resto de las actividades económicas de la provincia lleva esa proporción a dos tercios.

Algunos municipios y parajes rurales dependen casi exclusivamente de los recursos que reciben como porción de las regalías provinciales, según lo estipulado en la llamada “Ley Corta” de Hidrocarburos. El derrumbe actual del precio del petróleo pone en duda la capacidad de pago de los salarios municipales en varias localidades.

Es decir que la vida económica, política y social de Chubut depende de una industria que se mueve en base a dos variables que los gobiernos no controlan: el precio internacional del barril y el valor del tipo de cambio, que guían los niveles de producción de las operadoras.

Una muestra actual de cuáles son los intereses que manejan la provincia es que en lo que va del 2020 se adeudan casi dos meses de salarios de los docentes y estatales, pero el gobierno lleva pagados más de 60 millones de dólares de deuda. Algunos medios periodísticos afirman que entre los tenedores de los bonos de esta deuda están las mismas operadoras, como PAE. Un negocio redondo a costa de los chubutenses.

La “petrodeuda” es parte así de un régimen social de saqueo y explotación al servicio de las ganancias capitalistas, que requiere de ajustes cada vez mayores sobre el pueblo trabajador. Paradójicamente, para las mayorías populares de Chubut, la riqueza petrolera de la provincia se ha transformado en maldición.

Comodoro Rivadavia, la ciudad que descubrió el petróleo, después de más de un siglo de explotación del “oro negro” todavía padece la falta de agua para su población, sufre terribles inundaciones por la falta de obras pluviales, crecen los asentamientos en los alrededores por la carencia de viviendas y la desocupación sigue siendo un flagelo desde las privatizaciones de los años ’90, con su correlato de marginalidad y degradación social. Esta realidad es común a las vecinas ciudades del norte de Santa Cruz (Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras) que también integran la ruta de la trata de blancas, el narcotráfico y la prostitución. La único que prosperó en la zona en las últimas dos décadas de concesiones son los casinos de Cristóbal López, también gracias a concesiones leoninas.

Pandemia y después

Hoy en día, según declaraciones del ministro de Hidrocarburos y Minería, Martín Cerdá, existen 6.300 pozos petroleros en funcionamiento, con una producción diaria de 23.000 m3 de crudo equivalente a 144.000 barriles diarios. 7.300 obreros petroleros están en sus casas por la cuarentena. La producción continúa pues está en gran parte automatizada, pero se ha frenado la perforación de pozos, es decir las nuevas inversiones proyectadas.

Las empresas de servicios especiales emplean trabajadores fuera de convenio que constituyen el eslabón débil de la cadena. Schlumberger, Pecom (Pérez Companc), Weatherford, Halliburton han iniciado una campaña de retiros voluntarios. YPF, irónicamente, se alza como la mayor incumplidora con las contratistas y con los trabajadores fuera de convenio. Algunas, como San Antonio Internacional, redujeron los pagos en Santa Cruz.

En el marco de la cuarentena, la burocracia de “Loma” Ávila y José Lludgar (de Petroleros Jerárquicos) pactó reducciones salariales que van del 20 al 60%, a cambio de la incierta promesa de las operadoras de mantener los puestos laborales. El acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo tiene una duración de 60 días y deja a la evaluación de las partes lo que suceda “el día 61”, que se cumple el 1 de junio. 

Ahora bien, con un “lifting cost” (costo de extracción) que -según fuentes del sector- ronda los 20 dólares, el “barril criollo” que garantiza  45 dólares según anunció el ministro de Producción de la Nación, Matías Kulfas, supone una subsidio en dólares para las petroleras. Al igual que Arcioni, los gobernadores de Santa Cruz, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego se sumaron al lobby de las patronales porque implica mayores regalías. A este beneficio se suma la posibilidad de proceder a un esquema de retenciones móviles, que condicionaría el impuesto a la exportación a un precio internacional mínimo; ello implicaría ganancias extra en dólares nada menores si tenemos en cuenta que Chubut exporta el 60% de su petróleo Escalante, que se caracteriza por ser “pesado” y de difícil refinación en el país.

Pero la implementación de este “barril criollo” genera choques entre las productoras no integradas (que extraen el crudo) y las que son además refinadoras (como YPF y PAE) y controlan toda la cadena de producción. Las refinadoras se quejan de que “pierden plata” abasteciendo al mercado interno con un barril a 45 dólares “artificial”, cuando podrían importarlo a un precio más barato que ronda los 30 dólares el barril. Según los borradores que circulan del decreto del gobierno nacional, vetarían por tres meses la posibilidad de las operadoras locales de importar petróleo.

Estos choques, en el cuadro de crisis del mercado externo de exportación petrolero de Chubut y de caída del consumo de combustibles por la cuarentena, afectarán los niveles de producción y las inversiones proyectadas, y por decantación impactará negativamente en los ingresos por regalías para la provincia. Las inversiones en exploración y perforación son las que emplean la mayor cantidad de trabajadores, y dependen del crédito externo, en un cuadro de quebranto nacional y de retracción del capital bancario en el mercado petrolero, como se ve en la posibilidad de quiebra de los numerosos bancos que financiaron la producción no convencional de EE.UU.

Esta crisis será utilizada como argumento para descargar un ataque reforzado sobre los salarios, las jubilaciones, las condiciones de trabajo y los puestos laborales; además de una depredación más despiadada sobre el medioambiente.

Es sintomático que Ávila, un aliado de peso de Alberto Fernández en la región, se encuentre abocado a una fuerte militancia en pos de la habilitación a la actividad megaminera en la provincia. Es la confesión de un intento por redirigirse hacia la explotación de nuevos recursos naturales, ante la presunta “finitud” de los hidrocarburos –cuando las reservas en la Cuenca del Golfo San Jorge equivalen a 1.400 millones de barriles y representan el 67,9% de las reservas totales del país[2].

Lo que queda en evidencia con esta crisis es que no existe un plan energético. Este aspecto estratégico de la economía nacional está a merced de los pulpos petroleros. En el caso de Chubut, revela que lo que rige la provincia son los intereses de los Bulgheroni y compañía, que reclaman un avance cada vez mayor sobre las condiciones de vida de la clase obrera. Los sostenedores de este régimen de saqueo se esfuerzan por generar divisiones dentro de los distintos gremios, para ocultar el hilo que une las luchas de los petroleros con la de estatales y docentes.

Por eso es estratégica la construcción de agrupaciones clasistas en la industria petrolera, para organizar la pelea en defensa de los salarios, las jubilaciones, las condiciones laborales y los puestos de trabajo. Contra este saqueo de la provincia, está planteada la necesidad de una apertura de los libros de las empresas para revelar los incumplimientos de contratos, los pasivos ambientales (sobre todo el uso irracional del agua) y las ganancias a costa de ataques a los trabajadores. Ello, como medida para avanzar en una nacionalización de los hidrocarburos y la industria energética, sin indemnización y bajo control obrero de toda la cadena de producción, porque son los trabajadores los verdaderos generadores de riqueza.

 

[1] Según datos oficiales de la Secretaría de Energía de la Nación.