La inseguridad viene siendo noticia en la provincia de Córdoba. La muerte de un playero fue uno de los últimos capítulos de un problema que atañe a las familias de los barrios populares entre sus principales afectados. También se destacan graves hechos de corrupción policial.

El gobernador Juan Schiaretti afirmó que “la inseguridad es hija de la marginación y la pobreza”. Esta premisa no es nueva, sino que la viene repitiendo el PJ cordobés desde hace años. Lo “novedoso” fue que el gobernador repitió la idea en un acto prácticamente de campaña electoral junto al intendente Martín Llaryora. Se sabe el alcalde de la docta será el candidato por “Hacemos por Córdoba”.

Juan Schiaretti insiste con la idea de relacionar a la pobreza y la inseguridad de manera directa. Sin embargo, bajo el gobierno del PJ la cantidad de pobres creció. Por eso, entre otras razones, el acampe piquetero conmocionó a una provincia sumida en la miseria.

No se nos escapa que al referirse a la cuestión de la pobreza Schiaretti apunte contra el gobierno nacional, a la vez que responda a una oposición patronal de la UCR que viene haciendo campaña con la cuestión de la inseguridad.

En este escenario, Roberto Battaglino (periodista de La Voz) insertó una “polémica” con el gobierno provincial con su nota titulada “La inseguridad como generadora de pobreza” (La Voz 8/4/22). Plantea que hay estudios que relativizan la citada afirmación de Schiaretti.

La mencionada nota de Battaglino está basada en una nota de Diana Cohen Agrest del 14 de octubre de 2020, del diario La Nación. La citada autora repasa un estudio de Laurent Lemasson, doctor en derecho público y ciencias políticas de la Universidad de París Nanterre. Lemasson invierte la proposición afirmando que en realidad sería la inseguridad la que genera pobreza.

El citado autor plantea que en épocas de crecimiento económico en Francia la delincuencia aumentó: ‘‘Entre 1998 y 2000, el país galo experimentó tres años de fuerte crecimiento económico con una merma del desempleo. Paralelamente, la tasa de delitos se incrementó del 60 por mil al 70 por mil’’. En su nota Cohen usa los argumentos de Lemasson para criticar la política social en Argentina, principalmente a la AUH y al embarazo adolescente.

Battaglino aporta su granito de arena a la causa y plantea que “desde una gran inversión que puede caerse por las tasas de criminalidad en un determinado lugar, hasta un pequeño comerciante que cierra sus puertas porque le robaron tres veces en una semana. Todos son puestos de trabajo que se pierden’’. Además, plantea que las familias tienen un presupuesto para seguridad: ‘‘Seguros, guardias privados, alarmas, cámaras de vigilancia, rejas y cerrojos de todo tipo’’. Son ‘‘en estas épocas de inflación y pérdidas de poder adquisitivo de los ingresos, otro causante del empobrecimiento de la población’’.

Cohen, Lemasson, Battaglino y Schiaretti no abordan la inseguridad de manera integral, que tiene a las fuerzas policiales como parte del problema. La crisis de seguridad viene desde arriba, con una política de seguridad que sostiene una fuerza policial que participa de delitos que van desde el homicidio y encubrimiento como en los casos de gatillo fácil, el narcotráfico, la trata de personas, estafas piramidales, robos y otros. Esto ha generado una serie de “reformas” en la institución policiaca.

Sin embargo, hubo en tres meses cuatro cambios de cúpulas y 720 causas graves. Por otro lado, la fuerza policial sostiene los intereses espurios del gobernador. A lo que se suma los dichos misóginos de Bibiana Cabrera, exdirectora de la policía del departamento Colón que dijo: “Somos histéricas porque tenemos útero”. La policía de la provincia va de escandalo en escandalo.

Así las cosas, el planteo del gobierno provincial y de la oposición patronal en la provincia no apuntan contra la mafia policial. A golpes, Schiaretti quiere hacer pasar las Autovías de Paravachasca y Punilla, y junto a la UCR y el PRO impulsan toda una campaña por la criminalización de la protesta. Lo que da cuenta de que necesitan del aparato represivo descompuesto para imponer el ajuste y negociados contra el pueblo trabajador.

La Justicia actúa como brazo letrado de la política del gobierno. No da solución a las víctimas del delito y no respeta los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, no da solución a los conflictos. La práctica penal se desarrolla en oficinas judiciales que están estalladas de expedientes. Las Unidades Judiciales, el Polo de la Mujer y la Senaf precarizan al escaso personal que contratan. Se viola el acceso a la justicia de la población cordobesa.

La inseguridad y la pobreza son tendencias marcadas a fuego en esta etapa de decadencia capitalista. Ninguna es causa de la otra en términos reales. Es una sociedad descompuesta, con hambre y miseria, a causa de las políticas de las últimas décadas. Esto requiere una transformación social sobre nuevas bases.

En esa perspectiva es que planteamos desmantelar el aparato represivo del Estado, los jueces y fiscales deben ser electos y revocados por el voto popular, una fuerza de seguridad ciudadana, controlada por organizaciones populares y de derechos humanos.