“Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que internet es un servicio público… ¡que se enojen! Porque vamos a hacer de internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas”. Estas palabras formaron parte del discurso que pronunció Alberto Fernández el día lunes en Tecnópolis durante el acto de lanzamiento del Argentina Programa. Lo cierto es que el año pasado las telecomunicaciones fueron declaradas “servicio público en competencia” vía decreto, sin embargo, en lo que va del 2021 han tenido lugar aumentos por encima de los autorizados por el gobierno, y, además, no se ha avanzado en una mayor inversión por parte de las empresas ni en revertir la brecha tecnológica entre la población.

Como hemos señalado en Prensa Obrera, el DNU presidencial publicado en agosto del 2020, que declaraba como “servicio público esencial” a la telefonía, internet y televisión paga, no buscaba garantizar el acceso universal a las telecomunicaciones, sino poner bajo control de un ente estatal (Enacom) el esquema de aumentos de estos servicios, y, de este modo, evitar un desmadre inflacionario a partir de la suba sideral de las tarifas que pretendían aplicar las empresas telcos. Un funcionamiento similar a cómo se estipulan los aumentos en el caso de Edenor, Edesur, etc.

La medida generó un amplio repudio por parte de las empresas del sector, ya que además dispuso la anulación del aumento previsto para agosto y congeló las tarifas de las TICs hasta diciembre 2020. Sin embargo, lo limitado de la iniciativa salta a la vista puesto que se mantuvo intacto el régimen de beneficios a los pulpos de las telcos, a costa de las mayorías.

Para empezar, el DNU en cuestión llegó luego de que las proveedoras de estos servicios aumentaran en un 15% la tarifa, previo al inicio de la cuarentena, porcentaje que superaba ampliamente la inflación del período. A su vez, primó la desinversión en el sector, que, sumado a la caída real de los ingresos de los trabajadores, da como resultado que el 32% de los hogares del país hoy no cuenta con conectividad fija a internet, según el último informe de la Cámara Argentina de Internet (Cabase).

Los grupos que monopolizan el sector -Telefónica, Claro, Telecom- no realizan inversiones en fibra óptica, en la instalación de nuevas antenas, ni mantienen adecuadamente la red de cobre, brindando así un servicio cada vez más deteriorado; situación que se agrava en los barrios precarios. A su vez, estas empresas perciben ganancias millonarias a costa de precarizar cada vez más a sus trabajadores, por la vía de la tercerización laboral y de los salarios a la baja.

El gobierno no ha movido un dedo para revertir este escenario ya que es incapaz de tocar los intereses de las patronales. Ni siquiera hace nada para obligar a las empresas a que cumplan con la Prestación Básica Universal, que son planes más acotados, con menos megas y ancho de banda, destinados a la población con menos recursos económicos. Por el contrario, en lo que va del año ha premiado esta política de vaciamiento concediendo aumentos en la tarifa de las telecomunicaciones, del 5% en enero, del 7% en febrero para las empresas con menos de 100 mil usuarios y del 5% en julio.

El alza en la boleta, sumado al avance de la pobreza, agrava el problema de conectividad para millones de estudiantes de todo el territorio nacional, quienes se han quedado afuera de la cursada virtual por no poder costear un servicio fijo de internet. El abandono del Estado en este punto ha sido brutal, provocando que al menos un millón de niños, niñas y adolescentes quedaran excluidos del sistema educativo en el último año. Ante semejante realidad, las juventudes de los barrios se organizan y pelean por su derecho a estudiar, como lo demuestra el enorme acampe que tuvo lugar la semana pasada, protagonizado por miles de pibes y pibas que componen el movimiento piquetero independiente frente a Palacio Pizzurno, bajo la consigna “sin compus ni Wi-Fi no hay educación”.

Las recientes palabras de Alberto Fernández obedecen a que las empresas de telecomunicaciones han desafiado la política oficial del “tarifazo controlado”  y han procedido a aumentos cuyo porcentaje supera el autorizado por el Enacom. Frente a este ataque al bolsillo popular no han recibido sanción alguna por parte del gobierno; lo cual hecha luz acerca de la inocuidad de los controles estatales hacia las telcos. Así las cosas, la verborragia presidencial en Tecnópolis no se traduce en medidas concretas para que el acceso a internet efectivamente “llegue a todos los argentinos y argentinas”, solo plantea continuar con la modalidad vigente desde agosto del año pasado, la cual, como vimos, no ha redundado en una mejora del servicio ni un mayor alcance del mismo.

Para que la conexión a internet sea un derecho universal es necesario avanzar sobre los intereses de las empresas, comenzando por la apertura de los libros a fin de evaluar los costos de producción del servicio, y, a partir de eso, fijar el precio necesario de las tarifas. A su vez, es preciso nacionalizar bajo control obrero las telecomunicaciones en función de desarrollar verdaderamente este sector tan estratégico para la economía nacional, terminar con la desinversión y poner en marcha las obras necesarias para posibilitar un mejor funcionamiento del servicio (para lo cual es fundamental la contratación de más personal en planta permanente). Solo así podremos garantizar la conectividad para todos.

 

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