“El sostenimiento de los vetos no depende de la cantidad de diputados, sino de las fuerzas que vienen del cielo” declaró el legislador libertario Agustín Romo durante la sesión en la Cámara Baja. No obstante, las fuerzas que movilizaron a los partidos del régimen a darle nuevamente la espalda a los jubilados son bien terrenales. Nacen de los intereses de clase a los cuales tributan todos ellos y los vuelve defensores del ajuste fondomonetarista y la destrucción de los haberes previsionales.

Toda la oposición, exceptuando al Frente de Izquierda, dejó sus huellas digitales en este nuevo oprobio contra los jubilados, incluyendo al bloque de Unión por la Patria, que aportó las ausencias de los diputados Tanya Bertoldi de Neuquén, José Gómez por Santiago del Estero y Dante López Rodríguez por Catamarca, las cuales fueron definitorias para impedir que se reunieran los dos tercios necesarios para derrotar el veto de Milei al aumento jubilatorio, la extensión de la moratoria previsional y la suba del bono.

Mención aparte merece la colaboración de las direcciones burocráticas de la CGT y las CTAs, que no fueron capaces de convocar a un paro para derrotar el veto, mostrando que no solo entregan los derechos de los trabajadores en actividad, también los traicionan una vez que se jubilan. Semejante inmovilismo contrasta con la lucha tenaz de los jubilados de los miércoles, quienes se encontraban concentrados frente al Congreso mientras transcurría la sesión dentro del recinto.

La intransigencia del gobierno respecto a otorgar estas módicas mejoras a los jubilados demuestra hasta qué punto el plan motosierra se sostiene aplastando los ingresos de los adultos mayores. Sin ir más lejos, 2 de cada 10 pesos recortados de la ejecución presupuestaria desde que asumió Milei corresponden al ajuste aplicado sobre las jubilaciones y pensiones. Las mismas son un 25% más bajas respecto al inicio de la gestión libertaria, según un informe elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), en base datos oficiales.

Sucede que La Libertad Avanza, en marzo de 2024, modificó la fórmula de cálculo de la movilidad jubilatoria, consagrando la caída producida en los haberes durante el período previo, la cual se profundó con el salto inflacionario posterior a la devaluación inicial de su mandato. Desde ese momento hasta junio de este año, cada jubilado perdió, en promedio, el equivalente a $3,9 millones. Asimismo, los que cobran la mínima se vieron despojados del equivalente a 7,5 jubilaciones mensuales cada uno. Todos esos recursos fueron transferidos al bolsillo de los capitalistas, bajo la forma de intereses de deuda o exenciones impositivas.

Por otra parte, el bloqueo a la extensión de la moratoria previsional impide que al menos 220 mil personas que hubieran ingresado a la misma -según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso- puedan acceder a una jubilación, obligándolas a recurrir al Puam, cuyo monto equivale apenas al 80% de la jubilación mínima y es incompatible con el cobro de una pensión por viudez. Es un castigo a aquellos trabajadores que no lograron reunir los 30 años de aportes jubilatorios por culpa del fraude patronal, o bien, por haberse abocado a las tareas de cuidado no remuneradas -en el caso las mujeres. A su vez, el gobierno promueve la no registración de los empleados, eliminando, a través de la Ley Bases, las multas por contratar en la informalidad.

Finalmente, degradar las jubilaciones al punto de convertirlas en una mera pensión asistencial, despojándolas de su carácter de salario diferido, es un objetivo estratégico de la clase capitalista y el FMI, que en la actualidad le toca encarnar a Milei pero al que suscribe todo el arco político patronal. Esa comunión de intereses es la que explica que haya prosperado el veto presidencial a instancias del mismo Congreso que convalidó todas las reformas antijubilatorias precedentes, como las que impulsaron Mauricio Macri y Alberto Fernández en su tránsito por la Casa Rosada. A fin de cuentas, los sucesivos gobiernos hundieron los haberes y dispusieron los recursos de la Anses (patrimonio de los jubilados) al servicio del rescate de la deuda usuraria.

Milei espera salir fortalecido de las elecciones para avanzar en las mentadas "reformas estructurales", entre las cuales se encuentra la reforma previsional, que hará retroceder aún más las condiciones de vida de los jubilados. Derrotar esta agenda reaccionaria es una tarea fundamental para el movimiento obrero y, la campaña del Frente de Izquierda, tiene una función preparatoria de esa pelea, dotándola además de un programa: jubilación mínima equivalente a la canasta del adulto mayor, aumento de emergencia para recomponer los haberes, evolución de los mismos según el índice que resulte más favorable, devolución de los medicamentos gratuitos, reapertura de la moratoria con aportes a cargo del Estado y las empresas y recapitalización de la Anses mediante la reposición de las cargas patronales y registración de todos los trabajadores. La lucha sigue.

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