Políticas
20/8/2025
Son los jubilados y discas o el gobierno de la bicicleta financiera
El gobierno dice que defiende el superávit fiscal, pero se lo gasta en pagar la timba financiera y exenciones al capital.
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Foto: @federico.imas @ojoobrerofotografia
La sesión de Diputados rechazó el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, al tiempo que convalidó las las leyes con mejoras jubilatorias al no alcanzar los dos tercios de la cámara. En la Plaza Congreso se concentraron organizaciones de jubilados, el activismo disca y sectores en solidaridad. Estas iniciativas fueron bloqueadas por Javier Milei bajo el pretexto de que ponían en peligro el superávit fiscal, mientras no se escatiman recursos a la hora de otorgar ventajas impositivas a los capitalistas y pagar intereses de deuda.
El contraste es ostensible: según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal anualizado que tendría la reapertura de la moratoria previsional, junto con el módico aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad, que tanto cuestiona Milei, equivale al 1,6% del PBI; mientras que los pagos de intereses de deuda en pesos los durante el 2024, sumado a los gastos tributarios (rebajas impositivas a los empresarios), representaron el 5,08% del PBI de ese año. Esto, sin contar lo que deja de recaudar el Estado por la reducción de retenciones al agro (0,2% del PBI según Idesa) y a la minería, o bien, que las letras del Tesoro, solo en el primer semestre del 2025, capitalizaron intereses por el equivalente al 1,5% del PBI, según la consultora Invecq.
Mención aparte merecen los dichos de Manuel Adorni, quien, frente a la posibilidad de que la Cámara de Diputados voltee el veto a la emergencia en discapacidad, anunció un aumento a los prestadores -sin precisar el monto-, dejando por fuera otros aspectos incluidos en la ley como las nuevas altas en el cobro de pensiones por discapacidad. Esta maniobra improvisada es una nueva afrenta al colectivo disca, que anoche realizó una vigilia frente al Congreso para hacer oír su reclamo.
Como vemos, el gobierno opta por impedir que los jubilados y las personas con discapacidad reciban el más mínimo paliativo, pero muestra absoluta generosidad cuando se trata de brindarle concesiones a la clase capitalista. Finalmente, utiliza el ajuste como un mecanismo para trasferir recursos desde los sectores populares hacia los bolsillos de una minoría privilegiada.
Esta doble vara se ve nítidamente si reparamos en que el impacto fiscal anualizado que acarrearía la implementación de la Emergencia Pediátrica -que Milei amenaza con vetar en caso de obtener sanción definitiva- se estima en $133.433 millones, un monto inferior a los $1,9 billones que gastó el gobierno solo en julio para pagarle intereses de deuda a los bonistas. Evidentemente, la gestión libertaria prioriza los negocios de los especuladores por sobre el derecho de las infancias a acceder a la salud pública. Frente a esto, los trabajadores del Hospital Garrahan resolvieron continuar la lucha contra el desfinanciamiento estatal y movilizarse cuando el proyecto de ley mencionado, que ya tuvo media sanción en Diputados, se trate en el Senado.
Salta a la vista la incompatibilidad de este gobierno con las demandas más elementales de la población, por eso hay que echarlo con la movilización popular. Fue la lucha en la calle como los reclamos sociales ingresaron a la agenda parlamentaria de un Congreso que ha sido fundamental en el sostenimiento de Milei votando la Ley Bases, dejado en pie el DNU 70 y respaldando los vetos al financiamiento universitario y al aumento jubilatorio.
