Políticas
3/9/2025
Jujuy: La Legislatura aprobó una Ley que avanza en la privatización de empresas del Estado
Sin información sobre la cantidad de empresas, deudas contraídas por el Estado provincial, inversión o balances, el proyecto habilita al Ejecutivo a su privatización.
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Fachada de la Legislatura provincial
El jueves pasado, en octava sesión ordinaria, el oficialismo -con mayoría en la Legislatura- votó la aprobación de la Ley Nº6.468 de “Restructuración Jurídica Facultativa de las Sociedades del Estado de la Provincia de Jujuy”. ¿Qué establece la ley? El artículo 1° dice lo siguiente: “Autorícese al Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy a disponer, mediante decreto fundado y con informe previo de la Fiscalía de Estado, la transformación jurídica de las sociedades del Estado constituidas conforme a la Ley Nacional N°20.705, en vigencia al momento de su constitución, en Sociedades Anónimas, conforme lo dispuesto por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales N° 19.550 y demás normas complementarias y reglamentarias, o en otras formas de organización administrativa”.
La Ley Nº6.468 modifica el régimen normativo provincial para permitir que las Sociedades del Estado se transformen en Sociedades Anónimas (S.A.) y aunque prevé la participación privada hasta el 49% como máximo, y con 51% estatal, la delegación de facultades puede ser un cheque en blanco para el gobernador ya que con un decreto y el aval de la legislatura puede privatizar el 51% restante.
El radicalismo sostiene que la provincia debe adecuarse a los cambios nacionales por la derogación de la Ley 20.705 (ley de Sociedades del Estado) mediante el DNU nacional 70/2023. En el texto presentado menciona algunas empresas Sociedades del Estado incluidas bajo esta modificación como Agua Potable, Cannava, Xuma, Girsu, y Tren Solar de La Quebrada. Sin embargo, se exceptúa a JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) ¿Por qué?
La gravedad de la aprobación de esta ley no consiste solamente en el avance privatista -razón suficiente para su rechazo-, sino también en que durante 10 años de gestión radical -período en que fueron creadas casi la totalidad de estas empresas- nunca se rindieron cuentas sobre montos de inversión, es decir, cuánta plata le costó al Estado provincial, a cada jujeño y jujeña, las deudas que tomó, balances, el estado patrimonial, contratos etc, ya que se sabe que hay funcionarios y familiares como accionistas de las mismas.
A principio de año, el gobernador Carlos Sadir, con el Ministro de Hacienda, presentó la Cuenta de Inversión período 2024. Este informe representa toda la información sobre la evolución financiera, presupuestaria y recursos públicos de la provincia. Sin embargo, en dicho documento no hay ni un sólo dato sobre las empresas sociedades del Estado. Si el estado patrimonial de estas empresas no consolidan en el presupuesto provincial, sí están obligadas a presentar sus balances contables en lo que era anteriormente el Tribunal de Cuentas y hoy es Auditoría de la Provincia, pero tampoco hay ni se brinda el acceso a la información pública sobre esta cuestión.
Es necesario el rechazo y la derogación de esta ley privatista que se aprobó de manera exprés, que está llena de ambigüedades y sin que el Ejecutivo pueda dar cuenta del estado patrimonial de las sociedades del Estado. No hay ninguna transparencia, y los casos de corrupción están a la orden del día. Por eso, tiene que ser urgente el pedido de balances, deudas contraídas, contratos, accionistas. Como es necesario redoblar los esfuerzos y la lucha por la derogación del DNU 70/23 y Ley Bases, que a pesar de que Sadir, en tiempos electorales, quiera o intente diferenciarse de Milei, aquí en Jujuy el ejecutor del ajuste es él mismo. Sadir es Milei.
