Por primera vez en un año y medio el saldo del intercambio comercial fue negativo. En junio hubo un rojo de USD 115 millones, producto de un aumento interanual del 20,3% en las exportaciones y del 44,6% en las importaciones. Con todo, el superávit comercial del primer semestre fue de USD 3.093 millones, cuando en el mismo período del año pasado había sido de USD 6.774 millones. Como vemos, se agudiza la crisis de reservas recrudeciendo las presiones sobre el tipo de cambio.

Las exportaciones registraron un aumento del 20,7% en los precios y una caída del 0,4% en las cantidades en términos interanuales. Las importaciones, por su parte, entre junio 2021 y junio 2022, tuvieron un incremento del 26,4% en los precios y del 14,6% en las cantidades.

La clase capitalista es responsable de este resultado adverso. Por un lado, las importaciones de combustible y energía aumentaron un 92,8% interanual, fruto de los altos precios internacionales, representando un gasto de USD 6.609 millones en los primeros meses del año, el triple que en el mismo período del 2021. Ahora bien, las causas del déficit energético local por el cual debemos importar gas y combustible hay que buscarlas en la huelga de inversiones en la que se hallan inmersas las petroleras que explotan las cuencas locales y en sus negociados con las exportaciones.

Por otra parte, que las cantidades importadas de bienes de capital hayan crecido de un año a otro un 26,1% sin que esto se traduzca en un aumento significativo de la producción y la tasa de inversión da cuenta de las maniobras que llevan adelante las patronales importadoras para especular con la brecha cambiaria a costa de las reservas, acopiando maquinaria como reserva de valor y sobrefacturando sus compras en el extranjero.

A su vez, las cantidades exportadas de productos primarios retrocedieron un 12,3% interanual, y, particularmente las de soja lo hicieron en un 30% como resultado del acopio de granos que viene realizando el capital agrario a la espera de una devaluación. Así las cosas, hay más de 30 millones de toneladas de soja  sin vender por aproximadamente USD 14 mil millones. La vuelta de los precios de las commodities a los valores previos a la guerra será otro factor que pondrá en jaque a la balanza comercial de Argentina. No obstante, proceder a la devaluación que exige el agro como condición para terminar de liquidar su cosecha no solo sería un aliciente de la escalada inflacionaria sino que también perjudicaría a un sector de la industria que importa casi la totalidad de los componentes.

El panorama no es nada alentador para los próximos meses, dado que la cosecha gruesa ya finalizó, mientras las importaciones de energía continuarán hasta que finalice el invierno. Con lo cual, el gobierno tenderá a reforzar el cepo a las importaciones en función de arrimarse a las metas de acumulación de reservas dictadas por el FMI, acicateando la recesión económica. Las restricciones actuales ya le están poniendo coto a la actividad industrial: sin ir más lejos, la autopartista PWA Poliuretanos Woodbrige, ubicada en el parque industrial de Pilar, ya anunció que frenará su producción a mediados de septiembre aduciendo no poder cumplir con los compromisos de importación, a la vez que la Cámara Argentina de Fabricantes de Acumuladores Eléctricos (Cafae) adelantó que habrá faltantes de baterías para vehículos, amenazando con despidos y suspensiones. En la misma línea, el oficialismo apurará distintos proyectos contaminantes generadores de divisas.

Si con dieciocho meses ininterrumpidos de superávit comercial las reservas líquidas hoy se encuentran en terreno negativo y el precio del dólar oficial trepó $47 en ese período, ahora que el saldo comienza a ser deficitario la bancarrota no hará más que agravarse en un cuadro de corrida cambiaria y fuerte presión devaluatoria. A su vez, de no cumplir con la recolección de divisas pautada por el Fondo, la posibilidad de que el organismo nos lleve al default es cada vez más cercana.

Es fundamental, entonces, que los trabajadores intervengamos en esta crisis con nuestras propias reivindicaciones por medio de un paro nacional y un plan de lucha en defensa del salario, los puestos de trabajo y las condiciones laborales. De este modo, estaremos en mejores condiciones de encauzar una salida sustentada en el interés general.