El escándalo por la causa de las coimas cobradas por la fiscalía de Rosario para proteger a un capitalista del juego clandestino ligado a la banda narco de “Los Monos”, que devino en la prisión preventiva del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal y de su subordinado, Gustavo Ponce Asahad, responsable de la Unidad Covid de la ciudad, es una crisis de Estado por ahora contenida, pero que muestra la envergadura del entrelazamiento del aparato estatal con los negocios de las bandas narco criminales.

La trama de corrupción implica al conjunto del poder judicial de Santa Fe, al poder político y por supuesto, a la narco policía.

Si bien las causas en cuestión provienen de antes de que asumiera el PJ, el gobierno de Omar Perotti dio vía libre para que avanzaran, lo que forma parte de la orientación política que se han dado de apuntar contra el gobierno anterior del Frente Progresista para hacerlo responsable del grado de descomposición del régimen estatal de Santa Fe. Una denuncia certera, porque durante 10 años los “progresistas” cobijaron el entramado económico narco, así como a la policía del “gatillo fácil” que tuvo como máximo defensor a Máximo Pullaro, Ministro de Seguridad empeñado en garantizar la impunidad para los delitos policiales. Como lo demostró su actuación frente al crimen del joven Franco Casco. 

La orientación de Perotti y su ministro Marcelo Sain, no pasa sin embargo de ser carpetazos judiciales con la clara intencionalidad política: demostrar que el gobierno que hizo campaña y asumió para darle “paz y orden” a Santa Fe tiene la iniciativa en materia de seguridad. La farsa no puede ser mayor, mientras no cesan los asesinatos diarios con sello narco, que ya superan los 120, incluido el asesinato de un concejal de Rosario que ganó su banca, precisamente, por denunciar como familiar damnificado estos crímenes.

Juego clandestino, caja negra del Estado

Las ramificaciones que se conocen de la causa por coimas, dan cuenta de la metástasis y la propagación del gran delito en todos los rincones del Estado. El fiscal Gustavo Ponce Asahad (a cargo de la unidad Covid 19 de Rosario que se ocupaba de los delitos vinculados a la cuarentena) y el fiscal regional de Rosario (a cargo de la totalidad de los fiscales de la ciudad) Patricio Serjal, fueron acusados por sus pares del mismo MPA (Ministerio Público de Acusación), por recibir coimas a cambio de planchar investigaciones y filtrar datos de una banda que operaba casinos clandestinos y que está ligada al asesinato de una persona en el Casino Center de Rosario a principios de 2020. Quién pagaba las coimas, por al menos 5000 mil dólares mensuales, desde diciembre de 2018 como forma de protección, era Leonardo Peiti, capitalista del juego. Se denuncian alrededor de 30 encuentros entre Peiti y funcionarios del MPA, incluso registrados por cámaras de seguridad.

El empresario Leonardo Peiti, no solo pagaba coimas a los fiscales, sino también a las fuerzas represivas. Según su propio testimonio, lo hacía a través del exjefe de la Unidad Regional VI, de Villa Constitución. El año pasado, luego de recibir ataques mafiosos Peiti se asocia a la banda de Los Monos a cambio de protección, les paga por esos servicios 400 mil dólares y les cede casinos ilegales de tragamonedas. (La Nación, 5/8).

En enero pasado, un ataque por parte de esta banda en el casino City Center de Rosario que terminó con el asesinato del gerente del Banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino, disparó más aún la investigación. Los Monos le reclamaron a Peiti que los fiscales intervinieran para la liberación de dos de sus soldados, que habían sido detenidos antes de llevar adelante el plan de incendiar autos en el estacionamiento del City Center. Un secretario del fiscal Ponce Asahad, ahora detenido, contestó que los fiscales no tenían en sus manos la causa pero que iban a colaborar, demostrando la relación entre los fiscales y la banda narco – criminal.

Peiti, controla una porción del juego clandestino en la provincia, que heredó de su padre. Pero luego expandió esa red y la canalizó en empresas legales vinculadas al juego en distintos sitios, como Discovery SRL, Wildar Gaming, Estación Norte y Southgame, entre otras. Ubicadas en Mar del Plata, Misiones, Formosa y Paraguay. Está a cargo de la concesión del Hotel Sasso de Mar del Plata, propiedad del burócrata gastronómico Luis Barrionuevo.

Ramificaciones políticas

En una sesión conjunta entre la cámara de diputados y senadores provinciales, los bloques de los partidos de Estado (PRO, PJ y Frente Progresista), se reunieron para votar la destitución del fiscal Ponce Asahad. Un intento por auto exonerarse, cuando la causa empieza a salpicar a los partidos políticos de Estado, ya que los fiscales son designados por el gobernador, con la aprobación del poder legislativo.

Quienes hoy no tienen más remedio que votar la destitución del fiscal, son los mismos que lo pusieron donde estaba. Los fuegos cruzados entre el PJ y el Frente Progresista, demuestran su participación mutua en el sostenimiento de esta casta judicial involucrada hasta la médula en el delito organizado.

El 10 de julio pasado, el secretario del empresario del juego clandestino Peiti, recibió el llamado del ex diputado peronista Darío Scataglini y asesor en la cámara de diputados de Ricardo Olivera, presidente del PJ de Santa Fe. Su llamado, que no pudo concretar, lo hizo en nombre de Armando Traferri, senador por el departamento San Lorenzo y jefe del bloque de los “barones” del PJ de los departamentos de la provincia. Traferri es también un enemigo político de Perotti, que ajusta cuentas con este sector del peronismo díscolo vía intervenciones de Marcelo Saín. Darío Scataglini frente a tamaño escándalo, fue despedido.

Dólar banana mata justicia

La propagación del gran delito en Santa Fe, solamente sucede porque está apalancado por el Estado, (policía, poder judicial o poder político) y defendido por este, ya que está totalmente entrelazado con la actividad económica más general de la clase capitalista. Se calcula que el juego clandestino mueve alrededor de 10 mil millones de pesos anualmente en Santa Fe. En el juicio a la banda de Los Monos hubo más policías a ser juzgados que miembros de la banda.

En las múltiples causas por lavado de dinero de distintas bandas criminales, se puede encontrar desde vinculaciones con empresas inmobiliarias, financistas, escribanos, concesionarias de auto, pases de jugadores profesionales, vinculaciones con bancos o mesas de dinero que operan en bolsas. Por estos días se reveló que en las casas clandestinas de cambios de divisas, existe el “dólar banana”, a un precio propio. Dólares provenientes del narcotráfico y el juego clandestino, que son re insertados al circuito económico para su circulación con una cotización específica.

La pieza clave en toda esta estructura son los grandes capitalistas que mueven el sistema financiero. Los bancos y particularmente las agro exportadoras que controlan los puertos y desde allí el ingreso de divisas, el comercio exterior y el tráfico ilegal. Un sistema financiero en negro y paralelo, que nutre al sistema capitalista en crisis y por ello ocupan el podio de las actividades económicas más rentables a nivel mundial.

Elección popular de jueces y fiscales. Desmantelamiento de la narco policía

Exigimos la destitución, y el juicio y castigo a todos los funcionarios del poder judicial involucrados. Reclamamos la disolución de la narco policía y luchamos por justicia para todas las víctimas asesinadas en el fuego cruzado entre bandas y policías.

Planteamos la elección con el voto popular de jueces y fiscales. La nacionalización de la banca y de los puertos privados bajo control obrero, y el control del comercio exterior, como medidas ineludibles para terminar con el Estado narco – criminal de Santa Fe. Este programa tiene que ser conquistado mediante la movilización popular de la clase obrera y sus organizaciones políticas.

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