El gobierno de Kicillof anunció la emisión de títulos por valor de $26.279.418.125 para llevar adelante la “restructuración” de una parte de la deuda bonaerense con el Estado nacional. Según la Resolución 144/2022 publicada en el Boletín Oficial, los Bonos de Conversión-Provincia de Buenos Aires serán para refinanciar el vencimiento de $11.203.625.848 correspondientes a deudas contraídas por el Acuerdo de Refinanciación entre Nación y Provincia del 2016, y de otros 15 mil millones de pesos relativos al capital del préstamo entre el 2018 y el 2109 bajo la gestión de Vidal.

A pagar en fila

La firma del acuerdo entre el gobierno de Macri y todos los gobernadores autorizó el financiamiento de los préstamos a las provincias con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (Anses), es decir con la plata destinada al pago de las jubilaciones. Exprimida la Anses, los fondos previsionales entraron en el barril sin fondo de la deuda externa y lo subsidios a los capitalistas. La refinanciación de esta “deuda intraestatal”, autorizada por Alberto Fernández en el 2021, se dio en el marco del ajuste a las jubilaciones de miseria que cobran millones de jubilados.

La emisión del bono tendrá un plazo de pago de 9 años con un período de gracia de 36 meses para el capital: otra nueva vuelta de rosca del endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, hipotecada por el “canje” de deuda externa con los bonistas buitre, cuyos intereses (por el período de mora) empezarán a pagarse este año. En poco menos de una semana, el gobierno de Kicillof pasó de los festejos por la transferencia de 75.000 millones de pesos de Nación a la provincia de Buenos Aires (que como señalamos en Prensa Obrera irán íntegramente al bolsillo de las intendencias, y los barones del conurbano y del PJ) al lanzamiento de este bono de deuda para “solventar el repago del acuerdo entre la provincia de Buenos Aires, el Ministerio del Interior, de Obras Públicas y Vivienda, de Hacienda y Finanzas Públicas, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)”. Fin del relato, hay que pagarle al pasamanos que llega al FMI.

Contra las jubilaciones

Lo que está claro es que lo recaudado con este bono no irá a la deuda con los jubilados. El pacto con el Fondo Monetario obliga a raspar la olla para pagar la deuda externa con un mayor ajuste sobre el pueblo trabajador. A poco de que todas las burocracias sindicales de la CGT y las CTAs negaran que la Carta de Intención y la letra chica implicasen un ataque a las jubilaciones, fue el propio presidente Fernández quien “invitó” a los trabajadores a sumar más años de aportes, y por lo tanto a seguir trabajando hasta las vísperas del final de su vida para quedarse con los aportes. Una tendencia capitalista mundial a liquidar el sistema previsional estatal.

Kicillof se compromete a pagar la deuda que dejó Vidal pero no dice que esta deuda fraudulenta fue asumida integralmente por su gobierno sin investigación alguna y como cuestión de Estado. El nuevo bono por más de 26.000 millones de pesos y las obligaciones de pago a Nación tienen como trasfondo la crítica situación del Instituto de Previsión Social de la provincia (IPS) que arrastra desde el 2020 miles de expedientes jubilatorios atrasados y sin salir. Desde su asunción en el 2021, la presidenta camporista del Instituto, Marina Moretti, viene quejándose por la “no sustentabilidad” del sistema jubilatorio provincial, preparando el clima para la reforma previsional bonaerense que no pudo implementar Vidal por la resistencia de los trabajadores. Tampoco Kicillof investigó el quebranto en proceso del IPS dejado por los gobiernos anteriores ni por el kicillofista Santín, antecesor de Moretti. El desfinanciamiento de la Anses es el resultado del vaciamiento de los fondos apropiados por todos los gobiernos, de la eliminación y recorte de los aportes patronales, y de la precarización laboral y los monotributos.

Kicillof endeudado con Nación emite el bono de pago cuando el FMI presiona por la “armonización” del IPS con la Anses (ajuste) para pagar jubilaciones más baratas y avanzar sobre regímenes jubilatorios como el de los docentes bonaerenses. La liquidación del Instituto de Previsión Social es una vieja aspiración del capital financiero para “reducir el déficit fiscal” a costa de la clase obrera. La defensa de los derechos establecidos en el sistema previsional y de un IPS bajo el control de los trabajadores es de interés primordial para todos los trabajadores del Estado bonaerense, y es por lo tanto una disputa con las burocracias sindicales que dejan correr el saqueo, apoyaron el canje de Kicillof y avalan el pacto colonial y de ajuste que esta semana tratará el Congreso Nacional. La CGT picó en punta apoyando la “discusión” de la“reforma jubilatoria” que encubren los Yasky y los Baradel.

Impuestazos

En paralelo con el plan de pagos a Nación, Pablo López, ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba) dieron a conocer el crecimiento de la recaudación de impuestos con una suba interanual en febrero del 48,5% que atribuyen a la reactivación de la economía en la pospandemia. Según Arba, creció la recaudación por Ingresos Brutos, impuesto a los Sellos, el Inmobiliario y el Automotor cuyo incremento se vería recién en marzo. Con una variación interanual de precios del 52,4% la suba real en ingresos Brutos llegó al 4,7% y de Sellos 2,7%. Con respecto al impuesto inmobiliario esta mayor carga impositiva se aplica sobre la vivienda única, y como sucede con las patentes es parte del impuestazo y la ley“fiscal” votada por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. La crisis la estamos pagando los trabajadores.

La mejora relativa en la recaudación está limitada por el cepo al consumo, forzado por los bajos salarios, el más del 40% de pobreza y casi 20% de indigencia, el aumento de los alquileres, los nuevos tarifazos, y el avance devastador de la inflación sobre la canasta básica y los alimentos. Lo recaudado va al pago al pago de la deuda externa auditada por el FMI y los bonistas que ya se cargaron la eliminación del Fondo Covid. Es todo un dato el freno de las vacunaciones en la provincia de Buenos Aires; desde principios de año se mantiene casi un 20% de los bonaerenses sin segunda dosis, y la tercera y de refuerzo solo alcanza al 35% cuando el tiempo transcurrido va quitándole efectividad a la primera tanda de vacunas.

Paritarias frenadas y con tope

Una demostración palmaria del ajuste es el correlato entre el 40% de techo a las paritarias que estableció el ministro de Trabajo de Alberto Fernández, Claudio Moroni, y el impasse de las paritarias estatales bonaerenses. Apremiado por el inicio del ciclo lectivo, Kicillof cerró la paritaria docente, asegurándose antes la colaboración de la burocracia del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que integra Baradel, para someter los salarios la baja de la inflación, en cuotas y manteniendo la escala salarial de pobreza y básicos de indigencia. Esta paritaria por “tramos”, que llega hasta el mes de octubre, es el modelo que pretenden las burocracias de Ate, de Salud Pública, UPCN y Judiciales. Sin fecha determinada aún, la ministra de Trabajo de Kicillof, Mara Malek, anunció que la próxima semana se reconvocaría la paritaria para los trabajadores estatales enrolados en la 10.430. La dilación no es casual, las paritarias rigurosamente vigiladas están condicionadas por el acuerdo con el FMI y el tope del 40% que fijaron Moroni y el gobierno nacional. Son un capítulo del ajuste del “gobernador amigo”

Abajo el Pacto Colonial con el FMI

El plan “6 por 6”, que Kicillof anunció en su discurso en la Legislatura, es una ratificación del ajuste provincial para pagar la deuda externa, y de apoyo al pacto con  FMI. Los mayores fondos para “seguridad” se los embolsa la Bonaerense y son el último manotazo de ahogado de Kicillof para retener a Berni, quien está en campaña electoral hacia el 2023 por fuera del Frente de Todos y del kirchnerismo. En oposición al ajuste capitalista defendemos un programa de transformación social bajo la dirección de la clase obrera.

¡El jueves 10 marchemos al Congreso contra el pacto infame y ajustador de los Fernández, de Kicillof y Juntos por el Cambio!