Kicillof extendió nuevamente el plazo de canje de bonos de la deuda externa provincial bajo tenencia extranjera (7.148 millones de dólares) hasta el 2 de julio. Los “nacionales y populares” volvieron a lamentarse por la intransigencia de los bonistas aclarando que desde el gobierno del Frente de Todos “estamos en la obligación de hacer el mayor esfuerzo para incorporar todo aquello que permita avanzar hacia el objetivo final” (pago de la deuda).

Hasta los bonistas siempre

Más allá del relato de la “deuda soberana”, Kicillof viene mejorando “confidencialmente” la oferta a los buitres, incluida la propuesta de un “pago de buena voluntad”. El Comité de acreedores ya se aseguró la eliminación de toda quita de capital, la suba en el valor de los cupones y una disminución de la vida promedio de los nuevos bonos. Es posible que el canje lo termine definiendo Martín Guzmán quien le achaca a Kicillof entorpecer el acuerdo con el FMI. Guzmán quiere alinear el pago a los tenedores de la deuda externa bonaerense con las exigencias y plazos del Fondo Monetario.

En juego están también otros créditos que están autorizados por los acuerdos pactados con Juntos por el Cambio en la Legislatura. Los ministros Pablo López de Hacienda y Finanzas y Agustín Simone de Infraestructura y Servicios Públicos, se reunieron con autoridades del Banco Mundial para la ejecución de los préstamos vigentes y para “explorar” nuevas vías de financiamiento con los organismos multilaterales de crédito. No faltaron las chupadas de media al capital financiero, con el llamado del kicillofista López a “profundizar el trabajo con el Banco Mundial para las necesidades de la provincia”. El financiamiento requerido al Banco Mundial también está sujeto a un cierre más general con los bonistas privados.

Las presiones por un rápido acuerdo con los bonistas no se limitan a la judicialización del default. Como señalamos, Alberto Fernández, Martín Guzmán y el enviado especial a los Estados Unidos, Sergio Massa, apuran definiciones y ponen en evidencia al kirchnerismo. Recientemente el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, desmintió tajantemente que Kicillof pretendiera estatizar el sistema de salud. Ahora y afectos a las efemérides, la diputada Vallejos, Hugo Yasky de la CTA, Juan Grabois de la Ctep, y otros satélites, difundieron una segunda carta abierta por un “Paraná Soberano”, pidiendo el fin de la actual concesión privada con Hidrovía S. A, que controla este corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 km de largo. Se trata de mero palabrerío electoral para contener por “izquierda” a un peronismo pagador serial de deuda.

Desde el propio gobierno nacional se desestimó la estatización de la hidrovía, un negociado varias veces millonario que viene de lejos y atravesó a distintos gobiernos peronistas. No sólo Sergio Massa se opone a que la hidrovía pase a manos del Estado, también Santiago Cafiero, quien confirmó el llamado a una “licitación internacional” que defina “claramente el rol del Estado”. La privatización sigue. En esta misma línea, el gobierno de los Fernández prolongó la concesión privada hasta el 30 de julio y promueve la formación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, Control, Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná para monitorear el proceso licitatorio.

La Bicameral, si prospera y se constituye, no será otra cosa que la cobertura de nuevos negociados de los privatizadores. Kicillof, es decir Cristina Kirchner, también pide “mayor control”, demoliendo el mito de la estatización. Muy lejos de ser “estatizante”, el gobernador Kicillof y todo el kirchnerismo político y sindical llevan adelante una ofensiva contra el Astillero Río Santiago, para colocarlo a merced del capital naviero privado transformándolo en una sociedad anónima o de Estado, que cotice en bolsa y esté sujeta a la ley de sociedades anónimas.

Cuesta abajo

El kirchnerismo entra a la campaña electoral con la luz roja de la cesación de pagos provincial, una enorme crisis pandémica y ajuste a la salud, y la caída vertical del consumo producto de la altísima inflación, la desocupación récord en el Gran Buenos Aires y el derrumbe de los salarios y jubilaciones. La ratificación del pago a los bonistas choca con las necesidades populares y el agravamiento brutal del hambre. A pesar de esta gravísima crisis social, la ministra de Trabajo de Axel Kicillof, Mara Malec, se niega a reabrir las paritarias mientras pontifica sobre una “pospandemia con justicia social”.

Con las encuestas desfavorables en mano, el Chino Navarro, dirigente del Movimiento Evita y funcionario del gobierno nacional, abre el paraguas ante una eventual derrota del peronismo. Poniendo como ejemplo, el triunfo de Biden en las elecciones norteamericanas sentenció que en pandemia “los oficialismos siempre pierden” a pesar de la “ayuda económica impresionante” que desplegó Donald Trump. No es la primera vez que el Frente de Todos elogia al fascista de Trump asimilando el nacionalismo reaccionario de un país imperialista al nacionalismo burgués en los países atrasados y semicoloniales: una manifestación extrema de colonización ideológica y derechismo. Aunque probablemente Fernando Navarro meta fichas para favorecer al Evita en el manejo de los programas sociales, está claro que traduce el estado de ánimo de un gobierno empantanado y en retroceso.

Es esto lo que llevó también a Cristina Kirchner a erigirse en jefa de campaña en la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo puede ser derrotado en su propia tierra. Está claro que la mentada “lluvia de vacunas” no le alcanza al peronismo para zafar o para hacer una elección significativa. Más allá de las promesas del gobernador Kicillof sobre una compra directa y masiva de vacunas sujeta a todo tipo de condicionamientos, la realidad es que en toda la provincia son 1.200.000 los vacunados con las dos dosis y 5.400.000 recibieron solo una dosis sobre 17.8000.000 bonaerenses. Un ritmo muy lento que depende de las tandas entrantes mientras el laboratorio de Hugo Sigman produce millones de dosis en Garín.

Carla Vizotti, ministra de salud de Alberto Fernández, parlotea sobre una dosis de “refuerzo” o tercera dosis, mientras el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, promete triunfalmente vacunar a toda la población menor de 18 años antes de septiembre. Un encubrimiento del Estado para justificar el levantamiento de todas las restricciones, incluida la vuelta a las aulas de los municipios del Amba y en otros diez distritos del interior provincial, incluidos Bahía Blanca y General Pueyrredón (Mar del Plata). Defender la vacunación integral, el esquema vacunatorio completo y los protocolos bajo control obrero son tareas de los trabajadores, cuando una gran parte de los vacunados ya pasaron los tres meses desde que recibieron la primera y única dosis. Pero además es el propio gobierno el que reconoció que deberá recurrirse a una tercera dosis para completar la inmunización frente a la aparición de nuevas cepas, especialmente la Delta, más letal y contagiosa, que va convirtiéndose en la cepa dominante en el mundo.

Bolsa de gatos

El “congreso de unidad” del PJ bonaerense acentuó los choques y tensiones al interior del Frente de Todos y fue utilizado por Fernando Gray, expresidente del Partido Justicialista de la provincia, para despotricar contra La Cámpora de Máximo Kirchner. Sin poder consagrar un candidato de unidad, el congreso se redujo a un acción de contragolpe del kirchnerismo para intentar ordenar la tropa y bloquear a los intendentes “rebeldes” que chantajean con su pase a la “vereda del medio” de Florencio Randazzo. Pese a la fanfarria, el congreso terminó alentando a los jefes comunales, especialmente de la primera sección electoral, a que exijan una mayor participación en la confección de las listas en abierto desafío a Cristina, Máximo y Kicillof.

A contramano de la unidad crece la diáspora de candidateables a los que se suma el jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero. Una eventual candidatura bonaerense de Santiago Cafiero inclinaría la balanza a favor de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, en contra de Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof. Otra que se anota por el albertismo para encabezar el Frente de Todos es Victoria Tolosa Paz, quien está directamente vinculada a los negocios de los pulpos inmobiliarios en La Plata. Una candidata cheta y del establishment. Mientras llueven candidatos, Alberto Fernández no renuncia a colar a Scioli a expensas del kirchnerismo, que carece de candidatos propios. Sergio Berni volvió a desestimar su candidatura para las legislativas, temeroso de una derrota que lo deje fuera de carrera.

Tampoco Juntos por el Cambio tiene un candidato unificado. El desembarco del larretista Santilli en la provincia agitó la interna el PRO con los intendentes “amarillos” que piden una lista de unidad. La confirmación de que María Eugenia Vidal va a competir en CABA contra Patricia Bullrich está acelerando el pasaje del peronista y exministro de Vidal, Joaquín De La Torre, a un pacto electoral con Florencio Randazzo. Como señalamos en Prensa Obrera, Randazzo que está por fuera del Frente de Todos, completa la oferta derechista del peronismo y hace campaña por la reforma laboral a la par que la Unión Industrial pide flexibilizar y recortar las indemnizaciones en la “emergencia”.

Elecciones y Frente de Izquierda Unidad

No se trata sólo de una disgregación de candidaturas sino de la crisis de un gobierno peronista y un régimen fondomonetarista que choca con los trabajadores para imponer el ajuste capitalista y un retroceso histórico en las condiciones de vida y salario de la clase obrera. Las elecciones plantean un desafío para el Frente de Izquierda Unidad, si pretende erigirse en una alternativa a los polos políticos patronales del peronismo y la oposición derechista. La masiva charla de Romina Del Plá y Néstor Pitrola puso el acento en la defensa de los reclamos populares y la recuperación de los sindicatos y organizaciones de las masas de manos de las burocracias sindicales, para imponer un programa de salida y transformación social (gobierno de los trabajadores) a la catástrofe capitalista.

No pago de la deuda externa, control obrero, ocupación de toda fábrica que cierre, salario de 40.000 pesos para los desocupados y reapertura de las paritarias. Esta enorme movilización política exige concentrar fuerzas mediante una intervención unitaria que organice a la militancia del Frente de Izquierda Unidad. Para llevar esta campaña a las fábricas, los lugares de trabajo, estudio y a los barrios, el Partido Obrero impulsa miles de firmas de activistas y luchadores por un Congreso del Frente de Izquierda Unidad.