La provincia de Buenos Aires postergó nuevamente el canje de los bonos bajo legislación extranjera (7.148 millones de dólares) hasta el 26 de abril. Ya son catorce las postergaciones como resultado del rechazo del Comité de Tenedores de la Deuda provincial a cada una de las propuestas, incluida la oferta mejorada del 21 de marzo que anulaba la quita de capital, aumentaba el precio de los cupones y acortaba los plazos de pago.

Desde abril del 2020, Kicillof viene fracasando en su pretensión de “reestructuración” sometido a un monitoreo de hecho del capital financiero. Mientras el gobierno del Frente de Todos saca comunicados pidiendo “una negociación de buena fe”, los bonistas pasaron de los dichos a las armas con la judicialización del default y una demanda por 316 millones de dólares en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El estudio que litiga, y representa al Grupo Ad Hoc propietario de la mayoría de los bonos bonaerenses, es el mismo que cargó contra YPF y demandó a la provincia de Entre Ríos, un peso pesado de los buitres.

Concretamente, el Ministerio de Hacienda y Finanzas anunció “posibles enmiendas a la oferta del 21 de marzo”, es decir, mayores concesiones y por lo tanto mayor ajuste para pagarlas. Las posibilidades de un acuerdo para cerrar el canje están todavía muy verdes porque los “acreedores” pretenden imponer intereses del 7 y el 9% y el pago de 1.900 millones de dólares antes de que finalice el mandato de Axel Kicillof. A pesar de que el gobernador repite que la deuda es impagable, el Ministerio de Hacienda y Finanzas volvió a dar una señal clara a los bonistas de que está dispuesto a seguir cediendo.

El escenario político y los pactos con la derecha…

La desesperación del gobierno explica los enjuagues de Kicillof con Juntos por el Cambio para raspar la olla como exigen los bonistas. El kirchnerismo quiere que la Legislatura apruebe la “regularización” de las deudas con Arba, la agencia de recaudación de la provincia, incluyendo una moratoria para los agentes de retención que no hicieron sus aportes a los trabajadores cometiendo fraude laboral. El paquete impositivo, como informamos en Prensa Obrera, implica la “simplificación” del pago de Ingresos Brutos para los “monotributistas” quienes son en su mayoría trabajadores precarizados. Esta presión tiene como destino el pago de la deuda externa que alcanza a 12 mil millones de dólares.

El antecedente más cercano de estos pactos con Juntos por el Cambio fue la votación del Presupuesto provincial 2021, y de una pauta inflacionaria trucha del 29% que las burocracias acompañan con la firma de las paritarias a la baja y en cuotas. Las direcciones sindicales kirchneristas están integradas al gobierno e incluso asumen directamente la ejecución del ajuste como ocurre en Astillero Río Santiago con la designación de Wasiejko, ladero de Yasky, en la presidencia de la fábrica. El burócrata de la CTA tiene un plan patronal para privatizar la fábrica y atacar el convenio colectivo de trabajo.

Kicillof y sus ministros anunciaron su adhesión a una eventual postergación del calendario electoral. El delfín de Cristina quiere ganar tiempo, al igual que Alberto Fernández, para sortear una inflación galopante y que será todavía más alta en abril, por el “descongelamiento” de los alquileres y aumentos de los combustibles, luz y servicios que pulverizan los salarios y los ingresos de los trabajadores. Según la Federación Nacional de Inquilinos la suba de los alquileres rondaría entre el 70 y el 100% con la consiguiente ola de desalojos masivos en una provincia con un déficit de un millón de viviendas.

Para lubricar el pacto de postergación de las elecciones, el gobierno nacional anunció el reparto de un fondo de cinco mil millones de pesos a los municipios bonaerenses bajo el Programa de Emergencia para el Fortalecimiento de Infraestructura Municipal. Este Programa fue una iniciativa legislativa del “amarillo” Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, votada por el Frente de Todos en el Congreso Nacional, y a la que adhirió posteriormente el gobierno bonaerense. En el toma y daca del que participan los intendentes del PRO, tanto Ritondo como Jorge Macri están negociando directamente con el gobierno provocando un terremoto en la UCR, la Coalición Cívica y en las propias filas del macrismo. La postergación electoral es también una salida para un sector del PRO toda vez que Vidal prepararía un desembarco nacional y Juntos por el Cambio no tiene una figura fuerte para competir con la candidatura de Máximo Kirchner en la provincia.

Si se consuma un acuerdo nacional, Kicillof adheriría por decreto a la postergación electoral sin pasar por la Legislatura. La provincia concentra el 40% del padrón electoral y es determinante para el futuro de Alberto Fernández en esta coalición trifronte que representa el Frente de Todos. La avanzada del kirchnerismo con Máximo al frente del PJ bonaerense está condicionada a la presentación judicial que hizo Fernando Gray impugnando el adelantamiento de las internas para el 2 de mayo, y al curso que siga la pandemia y el crecimiento exponencial de los contagios.

En este escenario político, Sergio Berni lanzó su candidatura “todo terreno” abriendo locales en la provincia. En paralelo, Patricia Bullrich reivindicó a Sergio Berni como un hombre afín al PRO en materia de “seguridad”. Algunos medios hablan de “doctrina PRO” en el Ministerio de Seguridad bonaerense. Es un reconocimiento de la derecha hacia el ministro de Kicillof por su accionar represivo, ataque a los migrantes y agitación para que se baje la edad de punibilidad a los menores de 14 años. La Comisión Provincial por la Memoria denunció que con Berni en el gabinete aumentaron en un 40% los asesinatos de la Bonaerense y la brutalidad policial. El martes 7/4 se movilizarán en La Plata los familiares de Lito Costilla, asesinado por la policía, ganando la calle con la consigna Fuera Berni.

Por un programa y salida de los trabajadores

Sobre esta crisis asfixiante de la deuda, el derrumbe del salario y pobreza récord -con el conurbano encabezando el ranking nacional de desocupación- impactan el agravamiento de la pandemia que amenaza con hacer estragos por la falta de vacunas, lentitud de la vacunación, e incumplimiento de los protocolos de seguridad en los lugares de trabajo y el transporte. El asesor de salud Ennio García reconoció que la segunda ola llegó antes de lo que esperaba el gobierno de Kicillof, confirmando la falta de previsión, planificación y centralización de la política sanitaria.

En números, esta explosión de casos se mide por un 120% de incremento de los contagios en la última semana y un promedio diario que se acerca a los 8.000 infectados diarios en la provincia superando el pico de agosto del año pasado. Buenos Aires ingresa a la segunda ola con una vacunación muy por debajo de todas las expectativas, 1.225.000 vacunados con la primera dosis y solo 262.000 con las dos, y 27 municipios del conurbano y la región del Gran La Plata con alta circulación del virus que deberían pasar a la fase 3 de aislamiento social. A pesar de la gravedad sanitaria, tanto Kicillof, como su ministro de salud Gollán, el jefe de gabinete y el ministro de Hacienda y Finanzas ratificaron que no habrá cuarentena estricta sino aislamiento selectivo y focalizado.

Una cuarentena acorde a la segunda ola choca con la falta de contención social, y las urgencias recaudatorias para garantizar el pago de la deuda externa a los bonistas. La crisis sanitaria, la amenaza de saturación de los hospitales y las unidades de terapia intensiva, acentúan la tensión social y los reclamos populares. En las escuelas bonaerenses crece el reclamo de suspensión de las clases frente a una presencialidad sin condiciones epidemiológicas, sanitarias y de infraestructura escolar, ni garantizada por el Estado. Las multitudinarias movilizaciones piqueteras y la ocupación del Ministerio de Educación por miles de estudiantes nucleados en el Frente de Lucha Piquetero colocan a la orden del día la lucha popular contra el hambre, en defensa del trabajo y el derecho a estudiar, la vacunación y la unidad de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas.

Frente a la pandemia y la catástrofe sanitaria, el Partido Obrero plantea y se moviliza por los protocolos en los lugares de trabajo, y para que el Estado intervenga el laboratorio Sigman en Garín garantizando vacunación masiva de la población. El Plenario Nacional de la Coordinadora Sindical Clasista del 10 de abril será un registro y laboratorio de estas luchas obreras y populares y un canal de organización para llevarlas adelantes.

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