La canasta básica total (CBT), que establece la línea de pobreza e incluye alimentos, indumentaria y transporte, se ubicó en mayo en $99.670 para una familia de cuatro integrantes, lo que representa un aumento del 4,6% respecto de abril y un 30,9% en lo que va del año. A su vez, la canasta básica alimentaria (CBA), que establece la línea de indigencia, se ubicó en mayo en $44.499 para una familia de cuatro integrantes, avanzando también un 4,6% respecto al mes anterior y un 35% en lo que va del año (Página12 22/6). En tanto, los números afirman que el salario mínimo vital y móvil de $45.540, no solo no alcanza para cubrir la canasta básica total sino que roza la línea de indigencia.

A su vez, la inflación de mayo fue del 5,1%, manteniéndose en niveles elevadísimos, pero el rubro que preocupa es el de los alimentos, sobre todo por el aumento indiscriminado en el precio de la carne y el pollo, productos básicos en la dieta de cualquier familia tipo.  Según se desprende del último informe elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), en mayo el precio del asado subió 5,5% mensual, lo que consagra un 62.2% interanual. El precio del pollo entero, en mayo, subió 8,3%, con un aumento del 86% interanual (Ámbito 22/6). Como contracara, el consumo de alimentos cayó 4,3% en mayo, con una caída más abrupta en el AMBA de 8,6%, sobre todo donde no llegan los Precios Cuidados (Ámbito 19/6), lo que ya representa una clara restricción en el consumo de alimentos por parte de los trabajadores, y se profundiza con el aumento de las tasas de interés porque encarecen cualquier tipo de endeudamiento con tarjeta de crédito.

A su vez, varias consultoras alertaron que la incidencia de los productos Precios Cuidados dentro del índice de precios relevado por el Indec se redujo a la mitad: en diciembre del 2021 era del 12,2%, mientras que para mayo había bajado a 6% (Ámbito, 22/6). Según fuentes oficiales, con la renovación de julio, donde se aplicará el aumento de precios autorizado por Guillermo Hang, se achicará la canasta de estos productos con el supuesto objetivo de asegurar el abastecimiento. Pero la realidad es que, mientras la corrida inflacionaria continúa horadando el bolsillo popular, la Secretaría de Comercio Interior analiza subsidiar alimenticias, habilitar más aumentos en los productos que integran el programa Precios Cuidados y reducir la cantidad de alimentos que integran el programa.

Frente a la amenaza de un salto del 40% en los precios de góndola por parte de las alimenticias y a la negativa de los exportadores de continuar financiando el fideicomiso del trigo, cuyos fondos se están acabando, la propuesta de Comercio Interior sería que el mismo pase a ser subsidiado por el Estado. Que un fideicomiso no implica un abaratamiento de los productos que consumen las familias trabajadoras lo vemos en que el mismo esquema ya se aplica hace dos años para los aceites, sin reportar los resultados prometidos, pero el gobierno no está dispuesto a boicotear el negocio de los pulpos del agro porque necesita esos dólares para cumplir con el pago de la deuda y ahora será el propio Estado el que ponga a disposición los recursos para preservar las famosas “rentas extraordinarias”.

La tendencia inflacionaria se lleva puesto el poder adquisitivo y con ellos las condiciones de vida de la masas laboriosa del país, mientras presiona por una devaluación que perjudicará aún más los ingresos populares. La cuestión de fondo, además de la inflación, son los salarios de pobreza que se pagan. La burocracia sindical, de la mano de las patronales y el gobierno, ha cerrado paritarias a la baja que oscilan entre el 55 y 65%, en varias cuotas, cuando la inflación anual proyectada es de un 80%.

Mientras los exportadores se llenan los bolsillos y se profundiza la rapiña de los capitalistas porque ninguno quiere pagar la crisis de su bolsillo, los platos rotos se cobran a los trabajadores, que no pueden llevar a la mesa familiar un alimento tan básico como la carne. La única salida a este embotellamiento pasa por la nacionalización del comercio exterior y una intervención de la clase trabajadora en la situación política para enfrentar el ataque a los salarios y defender su poder de compra, reclamando un mínimo de $180.000 y aumentos salariales indexados a la inflación. En función de ese objetivo, corresponde pelear por un paro nacional, seguido de un plan de lucha.