La Administración General de Puertos, a cargo de la licitación corta de la Hidrovía Paraná-Paraguay, acaba de emitir un dictamen donde descalifica a tres de las cinco empresas postulantes para llevar adelante las tareas de balizamiento y dragado de la ruta fluvial por la cual circula el 80% de las exportaciones argentinas. De este modo, siguen en carrera la multinacional belga, Jan De Nul, y la firma Emepa, de capitales argentinos, es decir, los mismos que han estado al frente de la concesión desde el año 1995, garantizando que la vía litoraleña fuera el epicentro del contrabando y la subfacturación de exportaciones y un lugar de tránsito para el narcotráfico.

Ya Alberto Fernández había desairado al sector oficialista que bregaba por la estatización de la Hidrovía, ratificando que el control de la misma continuaría en manos privadas, dando lugar a una licitación “corta”, como paso previo a la licitación que definirá los próximos diez años de concesión. Ahora bien, el discurso soberanista terminó de derrumbarse con la noticia de que seguirán al frente de la Hidrovía los mismos de hace 25 años, cuya gestión estuvo dictada por el saqueo.

Así las cosas, el gobierno actual reedita el accionar de Cristina Kirchner en 2009 cuando -coimas mediante- prorrogó la concesión de Jan De Nul y Emepa -en ese momento asociados- sobre la vía fluvial. Pasando por alto, hoy como ayer, que en todo este tiempo se ha perpetuado la Hidrovía como zona liberada para que prolifere la evasión impositiva y la fuga de capitales que caracterizan al comercio exterior del país. Con la diferencia de que Alberto Fernández impulsa esta nueva entrega de forma más velada, montando una pantomima de licitación y delegando esa tarea en la Administración General de Puertos.

Al mismo tiempo, se trata de una afrenta para las poblaciones ribereñas que vienen luchando contra el daño ambiental que ocasiona el dragado del río de manera indiscriminada sin ningún tipo de control por parte de las comunidades locales. Este avasallamiento sin dudas se profundizará cuando alguno de los pulpos mencionados retomen la concesión de la Hidrovía.

Posiblemente, una de las razones por las cuales se descartó la posibilidad de que el consorcio integrado por la corporación china CCCC Shanghai Dredging (SDC) -uno de los principales competidores- se hiciera con la concesión tiene que ver con que Argentina se halla tironeada en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y el país asiático. La cuestión es que se abre un período de fuerte tutela del FMI sobre la economía nacional donde queda en manos del organismo llevarnos al default en cualquier momento si decide no enviar los desembolsos previstos; por consiguiente, Alberto Fernández intentará congraciarse lo más posible con el imperialismo yanqui, que ve con recelo cómo los capitales chinos penetran cada vez más en suelo criollo.

Como sabemos, el manejo privado de la Hidrovía es la punta del iceberg de todo un complejo exportador argentino dominado por monopolios internacionales. Sin ir más lejos, las exportaciones agroindustriales del país están concentradas en ocho puertos privados ubicados en la provincia de Santa Fe que pertenecen a las multinacionales dedicadas a exportación de granos como Cofco, Cargill, AGD, Dreyfus y Glencore. Hasta el transporte fluvial corre por cuenta de empresas foráneas como Hamburg Süd, Mediterranean y Maersk. Por lo tanto, el planteo de nacionalizar únicamente la Hidrovía, sostenido por referentes kirchneristas como Taiana y Fernanda Vallejos, no solo que naufragó, sino que oficiaba de cobertura izquierdizante de un gobierno postrado ante el capital internacional, que apuesta a extranjerizar cada día más los recursos naturales del país en pos de recolectar las divisas para el pago de la deuda.

Finalmente, los únicos que podemos defender una posición soberana somos los trabajadores erigiendo un programa propio, que contemple la nacionalización bajo control obrero del comercio exterior, los puertos, la industria naval -a fin de robustecer una flota mercante propia- y agropecuaria para terminar con la depredación capitalista de la riqueza del país y utilizar esos recursos en el desarrollo nacional y en la satisfacción de las necesidades sociales. Romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria son medidas indispensables en esa dirección.

 

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