El gobierno festeja la condena a Cristina Kirchner por corrupción, en una causa que apenas desnuda una parte mínima del entramado entre la patria contratista y el Estado. Milei utiliza este fallo para intentar instalar que la corruptela es un producto del intervencionismo estatal, escondiendo que en realidad es la norma de todos los gobiernos capitalistas justamente porque quienes ganan son los principales empresarios del país. El carácter persecutorio de la condena no está dada por la falsedad de la acusación, sino por la completa impunidad de todos los demás gobiernos, que se sirvieron de los mismos esquemas de corrupción.

A CFK la condenaron a 6 años de prisión acusándola de beneficiar a empresas ligadas a Lázaro Báez otorgándoles la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz a cambio de sobornos a funcionarios públicos de su gobierno. Esta corruptela en la obra pública se extendió a otras ramas de la economía como el transporte público, tanto de colectivos como de la red ferroviaria, o la energía, con los negociados armados en torno a YPF con los Eskenazi que regenteaban el Banco de Santa Cruz. Los Lázaros que se levantaron y anduvieron representaron a la llamada “burguesía nacional” que Néstor Kirchner llamó a reconstruir en su discurso de asunción en el año 2003. Estos empresarios se llevaron la parte del león del “Estado presente” kirchnerista.

Quienes padecieron sus consecuencias fueron siempre los trabajadores, con la desinversión en infraestructura, los problemas habitacionales o la falta de acceso a servicios básicos. El caso del Sarmiento es ilustrativo, porque hablamos de la misma línea donde el alcance de la corrupción entre el Estado y los capitalistas fue también expuesto en la masacre de Once, ocasión en la que 51 personas perdieron la vida fruto de la falta de obras y mantenimiento por parte del grupo Cirigliano, que desviaba subsidios millonarios con complicidad de los funcionarios.

Las denuncias de corrupción alcanzaron, además de a los kirchneristas, también a la constructora de la familia Macri o a la brasilera Odebrecht, por licitaciones obtenidas mediante sobornos a funcionarios públicos por aproximadamente 35 millones de dólares. en el entramado de la corrupción también están insertos los grupos empresariales Comsa, Ghella y también Iecsa (ahora Sacde), que era propiedad al momento de los hechos de la familia Macri.

En la causa de los cuadernos incluso se reveló el pago de coimas de los principales grupos empresariales del país, como Techint o Roggio, en este último caso usando los subsidios que le entregaba el gobierno a su empresa Metrovías. Sin embargo, estos empresarios no han sido juzgados. La Justicia los consideró “víctimas”, ya que supuestamente pagaban obligados para mantener sus negocios. Un criterio de clase curioso que no se aplica al pobre que roba empujado por su condición social desesperante.

Con el gobierno de Milei la corruptela continúa. La poca obra pública que hay, producto del brutal ajuste fiscal, es adjudicada casi en tu totalidad a Paolo Rocca y a Mindlin, como el gasoducto y el oleoducto de Vaca Muerta. El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Thierry Decoud, fue destituido tras ser acusado de pedir sobornos en una fallida venta de 30.000 toneladas de carbón a una empresa israelí. Junto al escándalo de los alimentos retenidos por Capital Humano, también se denunció la entrega de sobresueldos a funcionarios de la misma cartera, la compra de alimentos con sobreprecios y la duplicación de cargos políticos de Presidencia.

Florencia Misrahi, titular de la AFIP, está bajo la lupa por posibles conflictos de interés con actividades privadas previas a su nombramiento, como con la cerealera Cargill. Hay denuncias también sobre la venta de tierras públicas bajo el gobierno de Javier Milei han despertado sospechas y críticas sobre un posible favorecimiento a grupos económicos cercanos al entorno del mandatario.

A su vez, el escándalo sobre los funcionarios con vínculos empresariales en el gobierno de Javier Milei ha generado fuertes sospechas de que algunos altos cargos están legislando en favor de intereses privados con los que mantuvieron relaciones comerciales previas a su nombramiento, como es el caso de Luis Caputo y la empresa Mirgor, a quien benefició con rebajas impositivas, o a fondos de inversión como Black Rock y Templeton, que fueron beneficiados con la gestión del actual ministro de Economía durante el gobierno de Macri, a costa de endeudar exponencialmente al país.

Ahora Caputo ya está imputado por administración fraudulenta durante su gestión en el gobierno de Macri, y es el que habilita la actual bicicleta financiera con la que se llenan los bolsillos un sin fin de especuladores, a costa nuevamente del desfalco de las arcas nacionales. También se reabrió el proceso penal contra el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, por haber beneficiado al Deutsche Bank durante operaciones de deuda pública de la gestión de Cambiemos.

La corrupción no es un problema ideológico o de más o menos estatismo, es un modus operandi que atraviesa a todos los gobiernos capitalistas, y desnuda los intereses reales para los cuales gobiernan.

Tras la condena a Cristina, Solano declaró que “la persecución no niega la corrupción, ni la corrupción niega la persecución”

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