En ocasión de un artículo previo señalamos la completa impunidad que goza Odebrecht en el país. Ahora, un informe que llegó a la Justicia (y que publicó Infobae) aportaría datos extra sobre las licitaciones obtenidas mediante sobornos a funcionarios públicos por aproximadamente 35 millones de dólares. Este litigio, que pone el ojo en las concesiones a la constructora, vuelve a reavivarse luego del pedido de condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la denominada “causa Vialidad”, y es el ejemplo de cómo todos los bloques de este régimen político que nos gobierna está enteramente salpicado por la corruptela con la obra pública.

En efecto, el reporte de 267 páginas aporta nuevos datos sobre los contratos por la planta potabilizadora de Aysa, donde figuran pagos realizados desde cuentas en Suiza en la ruta del blanqueo de las coimas, pero también aporta información del contrato por el soterramiento del Tren Sarmiento, que nunca se finalizó. Esta última es ilustrativa: en el entramado de la corrupción también están insertos los grupos empresariales Comsa, Ghella y también Iecsa (ahora Sacde), que era propiedad al momento de los hechos de la familia Macri.

Luego hay otro paquete de pruebas y documentos, como aparentes falsos contratos de consultorías para blanquear sobornos, o un sinfín de mails. Uno de ellos revela incluso que habría estado en los planes de Odebrecht “conocer” a Aldo Roggio, dueño de Metrovías (ahora Emova), que administra la red de subterráneo en la Ciudad de Buenos Aires.

Como señalamos oportunamente en lo referido al pedido de condena a CFK, la corrupción y los negociados entre los gobiernos y los grupos empresarios de la denominada “patria contratista” son la regla. Quienes padecen sus consecuencias son siempre los trabajadores, con la desinversión en infraestructura, los problemas habitacionales o la falta de acceso a servicios básicos. El caso del Sarmiento es ilustrativo, porque hablamos de la misma línea donde el alcance de la corrupción entre el Estado y los capitalistas fue también expuesto en la masacre de Once, ocasión en la que 51 personas perdieron la vida fruto de la falta de obras y mantenimiento por parte del grupo Cirigliano, que desviaba subsidios millonarios con complicidad de los funcionarios.

Ratificamos una vez más que la tarea indispensable para los trabajadores es romper con este régimen de corruptos, que entrama negociados a costa del desarrollo del país y de las condiciones de vida de la población laboriosa. Es por ello que planteamos la necesidad de un plan genuino de obras públicas, pero que lejos de las garras de la patria contratista y los gobiernos, sea dirigido por los trabajadores en función de los intereses de las mayorías populares.

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