Como era previsible, el alegato del fiscal Luciani por la llamada “causa Vialidad” fue caracterizado de distinto modo por el oficialismo y el macrismo y los medios de comunicación que responden a uno y otro. Mientras para los primeros se trató lisa y llanamente de una persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner, para los segundos el alegato fue una pieza maestra que probó la red de corrupción montada bajo los gobiernos kirchneristas. Sin embargo, aunque a priori pareciera que estamos frente a caracterizaciones excluyentes, un análisis más fino puede arrojar una conclusión bien distinta. O dicho de un modo más simple, es muy probable que ambos tengan bastante razón.

Sucede que bajo todos los gobiernos capitalistas la corruptela -y muy especialmente en la obra pública- es la norma, pero solo una ínfima cantidad de hechos son investigados y menos aún condenados. De esto se deriva que para que un hecho o una red de corrupción sean investigados no solo es necesario que los delitos se hayan cometido, sino que además, deben reunirse una serie de requisitos políticos. Por eso, cuando un político del sistema denuncia persecución política al ser investigado por corrupción lo que quiere decir es: “¿por qué a mí?, si todos los demás hacen lo mismo”.

Esto aplica sin duda para la causa Vialidad que ha sido llevada a juicio. Las denuncias realizadas por el fiscal Luciani suenan convincentes porque retratan un régimen de corrupción que es innegable. El solo hecho de que un empleado bancario como Lázaro Báez haya podido montar una de las constructoras más importantes del país de la noche a la mañana gracias a la obra pública de los gobiernos kirchneristas nacional y provincial expone un régimen de corrupción de enormes dimensiones. La “acumulación originaria” de Lázaro y otros como él no era otra cosa que el presupuesto público financiado principalmente por los impuestos que pagan los trabajadores.

Esta corruptela en la obra pública se extendió a otras ramas de la economía como el transporte público, tanto de colectivos como de la red ferroviaria, o la energía, con los negociados armados en torno a YPF con los Eskenazi que regenteaban el Banco de Santa Cruz. Los Lázaros que se levantaron y anduvieron representaron a la llamada “burguesía nacional” que Néstor Kirchner llamó a reconstruir en su discurso de asunción en el año 2003. Estos empresarios se llevaron la parte del león del “Estado presente” kirchnerista.

Ahora bien, la corruptela estuvo lejos de limitarse a estos nuevos ricos. La nueva burguesía creada desde arriba se entrelazó con la clase capitalista local e internacional. Las denuncias de corrupción alcanzaron también a la constructora de la familia Macri o a la brasilera Odebrecht. En la causa de los cuadernos incluso se reveló el pago de coimas de los principales grupos empresariales del país, como Techint o Roggio, en este último caso usando los subsidios que le entregaba el gobierno a su empresa Metrovías. Sin embargo, estos empresarios no han sido juzgados. La Justicia los consideró “víctimas”, ya que supuestamente pagaban obligados para mantener sus negocios. Un criterio de clase curioso que no se aplica al pobre que roba empujado por su condición social desesperante. Volviendo a Odebrecht, es interesante constatar que la falta de interés en investigar la red de corrupción montada por la empresa brasilera en el país alcanza tanto a oficialistas como opositores y a todas las fracciones del Poder Judicial. ¿No será porque todos tienen que perder?

Las denuncias cruzadas en la Justicia no tienen por propósito enjuiciar estos hechos de corrupción, sino que son recursos políticos de las distintas fracciones capitalistas que disputan entre sí el control del aparato del Estado. Lo que comúnmente se denomina “judicialización de la política” es una manifestación de una crisis de régimen que envuelve a todos los poderes del Estado. La lucha por el copamiento de la Justicia por parte de todos los bloques políticos tradicionales muestra que la crisis no puede resolverse por el método tradicional de las elecciones. La formación del Frente de Todos tuvo como uno de sus objetivos principales avanzar en el copamiento de la Justicia, pero el fracaso en este plano ha sido tan ostensible como en el terreno económico. La elección de Alberto Fernández, un operador con terminales importantes en los Tribunales, no le sirvió siquiera para desplazar al Procurador puesto por el macrismo ni tampoco para modificar la integración de la Corte Suprema de Justicia.

La función que tiene el juicio por la causa Vialidad es condicionar el proceso político que está en marcha. La reunión de Cristina Fernández de Kirchner con Massa el mismo día que el fiscal Luciani pronunció su alegato ha sido leída como un apoyo de la primera para el segundo. Sin embargo, puede leerse exactamente a la inversa y también sería correcto. En momentos que el gobierno entrona en el Ministerio de Economía a un agente de la embajada yanqui para llevar adelante el ajuste que reclama el FMI, la clase capitalista se pregunta si la vicepresidenta apoyará o no este giro. Pero como reaseguro tiene un juicio que está en marcha y que puede activar o no según sean sus necesidades políticas. Después de todo, Massa era uno de los mejores amigos del finado juez Bonadío, que estaba a la cabeza de los juicios contra la vicepresidenta. Si a Cristina Kirchner se le ocurriera poner obstáculos en los planes de ajuste que están en marcha, el ahora ministro de Economía podría valerse del juicio para hacer realidad su promesa de campaña de “meter presa a Cristina y echar a los ñoquis de La Cámpora”.

 

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