Políticas
21/3/2025
La corte demora el cobro de los juicios ganados por jubilados por los robos de los gobiernos
Suspenden por 90 días el plazo para que los jueces dicten las sentencias en procesos de ejecución por reajustes previsionales.
Seguir
Juicios jubilados.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la suspensión por 90 días del plazo para dictar sentencias de ejecución en los juicios de reajustes previsionales ganados por jubilados. Se trata de una medida que formaliza el incumplimiento de los plazos previstos para el cobro de actualizaciones y retroactivos en los reclamos judiciales de jubilados ya con sentencia firme que la Anses demora su pago.
La medida se produce tras un pedido de la Cámara Federal de la Seguridad Social, desde donde solicitaron a la Corte la prórroga a 90 días del plazo para resolver la liquidación de las sentencias firmes.
Desde la Justicia alegan que esto se debe al “colapso” del sistema y de los juzgados previsionales, que no darían abasto para para cumplir con los plazos fijados por ley, lo que conlleva la obligación recurrente de los jueces de solicitar autorización para excederse de los plazos.
Quienes pierden con estas dilaciones son los cientos de miles de jubilados a quienes se les vulneran los derechos. En la actualidad existen 270.000 juicios iniciados por jubilados, con reclamos de reajustes de haberes por malas liquidaciones y/o presentaciones contra las fórmulas de actualización jubilatorio y el uso direccional de los bonos, de los cuales alrededor de 98.000 ya cuentan con sentencia firme, pero cuyo cumplimiento íntegro es demorado por la Anses.
La flexibilización de los plazos en materia de reclamos previsionales –donde el tiempo realmente importa y las prestaciones tienen un carácter alimentario- se viene convirtiendo en una variable recurrente contra los jubilados. Ya en el pasado se había suspendido el plazo para el dictado de los fallos en general en litigios por causas jubilatorias.
A su vez, la Anses aplica un plazo de 120 días “hábiles” para la realización de los ajustes ordenados por la Justicia, postergando indefinidamente el plazo para el pago de las diferencias retroactivas, algo que motiva la iniciación de nuevos procesos judiciales por parte de los jubilados.
Si realmente se tratara de una cuestión e demoras procesales la solución debería darse en la esfera de la ampliación de recursos y personal para atender una necesidad creciente, producto de la negativa del Estado y la Anses a liquidar correctamente las jubilaciones y pagar íntegramente las sentencias firmes.
La creciente litigiosidad previsional hunde sus raíces en el ajuste del gobierno contra los jubilados, y en la aplicación de sucesivas fórmulas de actualización desventajosas para los jubilados y la implementación de pagos con bonos “ad hoc” que solo alcanza a la porción peor paga de los jubilados, excluyendo a quienes siquiera alcanzan una canasta alimentaria de indigencia.
El gobierno y la Anses dilatan el cumplimiento de las actualizaciones de los haberes y los pagos retroactivos a los jubilados, y la Justicia colabora en esa tarea flexibilizando los plazos de los procesos ordinarios y de ejecución contra la Anses, para que los jubilados sigan esperando.
Hay que terminar con estas dilaciones y agilizar las actualizaciones de los haberes jubilatorios y el pago de los retroactivos, junto a la resolución de todos los procesos judiciales en curso y una recomposición general de las jubilaciones, partiendo de una jubilación mínima que no puede ser inferior a la Canasta de Jubilados de $1.200.000.
