La estrategia del gobierno para concretar la reestructuración de la deuda externa, tras mejorar por tercera vez la propuesta de canje a los bonistas, era aislar a los fondos de posiciones más duras como BlackRock para reunir el mínimo de adherentes necesarios para activar las cláusulas de acción colectiva. El tiro le salió por la culata.

Resulta que luego de hacer pública la nueva propuesta, que implica desembolsos por 16.000 millones de dólares más que la primera oferta “sostenible” anunciada por Martín Guzmán, lo que se dividió es el comité de acreedores más cercano a arreglar con el gobierno. Los “duros” aglutinaron tras de sí a una masa crítica de bonistas que, según afirma un comunicado firmado por 30 fondos de inversión, reúne a más de la mitad de las tenencias de los bonos que están siendo renegociados, es decir, tendrían el poder de bloquear el canje si no se satisfacen sus exigencias.

En resumidas cuentas, el apriete busca mayores intereses y plazos más cortos, sobre todo para comprometer al gobierno de Alberto Fernández a pagar 1.000 millones más antes de terminar su mandato. Es evidente que su mayor preocupación es contar con garantías de que se implementará el “plan económico” necesario para el repago de la deuda, cuando según las cuentas oficiales se cerrará el 2020 con un déficit fiscal superior al 10% del PBI.

En total, la contrapropuesta que hizo el grupo de acreedores implica mayores vencimientos entre 2020 y 2028, un terreno en el cual el gobierno ya cedió bastante, contando que desde la primera oferta de abril los pagos en ese período crecieron unos 10.000 millones de dólares (de 16.000 a 26.000). Un problema adicional para la estrategia oficial es que –según el proyecto que presentó en el Congreso- todo lo que recule en la reestructuración de la deuda externa se aplica luego al canje de la deuda en dólares bajo ley local; si se suman ambos rubros lo que piden los bonistas asciende a 6.000 millones de dólares más en los próximos ocho años.

En el gobierno vuelven a simular que esta sí sería la última oferta, aunque deslizaron que están abiertos a seguir discutiendo los términos legales, es decir, atender el reclamo de los BlackRock para endurecer las cláusulas en caso de futuros canjes. Es una soga al cuello de la Nación, porque haría más gravoso un eventual nuevo default y refuerza la subordinación jurídica ante el capital financiero.

Mención aparte merece la declaración de Alberto Fernández, que en un acto oficial sostuvo que los bonistas “deben saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar”. Es un insulto a las familias trabajadoras que están padeciendo los despidos, el robo de la movilidad jubilatoria, los recortes salariales y la liquidación del aguinaldo, mientras se rescata una hipoteca usuraria que incluso en los términos que ofrece el gobierno costará al país más de 90.000 millones de dólares de deuda externa en las próximas dos décadas. Sin ir más lejos, la cuarta parte del déficit fiscal de este año se explica por pagos de deuda.

A eso hay que sumar el resto del endeudamiento, empezando por el préstamo del Fondo Monetario que se pagará íntegro y que asciende a 50.000 millones de dólares (cuando se cuentan los intereses). Una señal de lo gravoso de todo este rescate es la iniciativa oficial –que ya recogió la aprobación parlamentaria- para canjear los títulos en pesos en manos de gigantes como Pimco y Templeton por bonos en dólares, que les permitiría realizar sus ganancias por haber apostado a la bicicleta financiera durante el macrismo. Toda la misión de Guzmán es concretar un salvataje de la tan cuestionada “emisión descontrolada”, motivo por el cual la última oferta de canje fue celebrada por uno de los artífices de la “timba financiera” del gobierno anterior, Nicolás Caputo.

El otro aspecto de crisis de la estrategia oficial es que sus presuntos aliados forman parte del apriete, empezando por el FMI, con el que ya empezaron las conversaciones para ir definiendo un nuevo programa. De hecho, antes de presentar el proyecto de ley de ampliación del Presupuesto en el Congreso, este fue supervisado por funcionarios del organismo multilateral en una reunión virtual con Guzmán y compañía. Hasta agentes del gobierno de Trump expresaron su “apoyo” a las gestiones por sellar un acuerdo. El “plan económico” de Alberto Fernández será dictado por el imperialismo.

El resto de las presiones vienen desde adentro. “Los privados vamos a necesitar tener una Argentina que tenga la deuda arreglada para poder invertir, porque no lo vamos a poder hacer con el capital propio”, sostuvo el presidente de la UIA, Miguel Acevedo. Por lo demás, el comunicado de los bonistas recuerda que “los titulares de fondos incluyen algunos de los mayores inversores en Argentina”. En conclusión, todo el proceso revela el profundo sometimiento de la economía nacional al capital financiero internacional.

Para “poner al país de pie” hace falta romper con el FMI y el imperialismo, y desconocer la deuda fraudulenta que es el fruto de sucesivas estafas contra la nación.

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