La eyección de Matías Kulfas de la cartera de Producción, la parálisis en la que ha ingresado la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, y de conjunto toda la crisis política que pende sobre la coalición oficial, han puesto nuevamente sobre la mesa un problema clave de la realidad social, política y económica de Argentina: los recursos nacionales son saqueados por un puñado de grupos capitalistas a través de métodos cuasimafiosos y de su entrelazamiento con el aparato estatal.

La disputa en la que habrían incursionado Kulfas y el camporismo alrededor de la adjudicación de la provisión de chapas para los tubos que constituirían el gasoducto dio cuenta de los choques que existen entre distintos sectores de la burguesía por usufructuar los “beneficios” de la obra pública. Kulfas ha defendido que ese material fuera producido por Laminados Industriales S.A, una empresa de capital mayoritariamente italiano, mientras que los funcionarios cristinistas que detentan las carteras vinculadas a Energía parecieran haber priorizado adrede a Techint, del magnate Paolo Rocca. Uno de los epicentros de la confrontación entre Kulfas y la tropa K tuvo su origen en el hecho de que Techint importaría, para la producción de tubos, chapa de Confab, una empresa brasileña subsidiaria de Tenaris.

Cristina Fernández, en el acto de celebración por los 100 años de YPF, apuntó contra la compañía de Rocca diciendo que no se le puede “seguir dando 200 millones de dólares para que se paguen ellos mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil” y que debe colocar “la línea de producción de chapa en Argentina, porque han ganado fortunas en la Argentina” (Infobae, 5/06). La escena montada por la vice encubre que ella es parte de un gobierno que colocó los resortes del Estado en función de los intereses de esa empresa. Bajo “la década ganada” ha pasado lo mismo. Sin quererlo se autoincriminó como responsable de ese proceso.

Techint no solo se ha venido agigantando económicamente gracias a los enormes recursos que le brindaron los gobiernos, sino que también lo ha hecho sobre la base de maniobras espurias, desembolsando coimas o con el mecanismo de los sobreprecios. Es una política que ha estado llevando a cabo en Argentina y en varios países del globo, y por la que se ha visto envuelta en escándalos judiciales que alcanzaron incluso una dimensión internacional. Algunas investigaciones realizadas en Estados Unidos, Italia, Brasil o Argentina aseguran que Techint se ha ido beneficiando debido a la existencia de “lapiceras” que le dieron prioridad en distintos negocios, en desmedro de otros grupos económicos.

La Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que tiene la potestad de investigar a Techint ya que realiza sus operaciones en la bolsa de Wall Street, sostiene que el grupo de Rocca ha utilizado el sistema financiero norteamericano para el pago de sobornos. Las investigaciones determinaron que desde Confab se sobornó con 10,4 millones de dólares a Renato de Sousa Duque, gerente de Petrobras que fuera condenado luego de este suceso, para que se le otorgue la venta de caños entre 2008 y 2013. Para esta tarea, el grupo Techint utilizó fondos negros de empresas fantasmas controladas por San Faustín, el holding de los Rocca.

Asimismo, el grupo ítalo-argentino fue salpicado por denuncias que lo involucran en el pago de coimas en Uzbekistán, en el año 2011, lo que le permitió acceder a información confidencial y ofertar a menores precios que el resto de los empresarios, ganando así licitaciones para la venta de caños para la industria petrolera y gasífera. La empresa de Rocca terminó reconociendo su participación en el hecho y tuvo que pagar una multa de 8,9 millones de dólares al Tesoro de los Estados Unidos. También zafó del escándalo en Brasil, abonando otra multa millonaria que dio lugar al cierre de la investigación que se procesara en los tribunales de Nueva York. Los Rocca y sus epígonos han salido del mismo modo indemnes de otros escándalos (coimas para la construcción de una usina nuclear brasilera, pedido de prisión por parte de la fiscalía de Milán, etcétera), fundamentalmente por la espalda financiera que poseen y por su vinculación con los distintos estados y sus burguesías.

En Argentina, Techint es un expropiador de la riqueza nacional, que no es más que la producida los trabajadores. Ha realizado numerosísimos negocios con los subsidios que le otorgaran los gobiernos y con todo tipo de pactos espurios. No por nada se vio involucrado en el caso de los cuadernos de Centeno, que volvió a resurgir recientemente tras la denuncia que hizo un empresario por presuntas irregularidades en su confección. Los cuadernos echaron luz sobre un gigantesco entramado entre la burguesía contratista nativa y el Estado en el cual existió un pago de sobreprecios por la compra de gas licuado; Rocca ha quedado procesado por sobornar con un millón de dólares al gobierno de CFK en 2008. Y han dejado en evidencia, asimismo, que detrás de la judicialización asomaba la tentativa del imperialismo de copar económicamente el país, no solo para desplazar a la burguesía nativa, sino también a China. El mismo proceso ha llevado adelante en Brasil, con el Lava Jato. Los juicios que ha impulsado el imperialismo en otros lugares del mundo se ubican en la misma línea.

Los gobiernos peronistas y el macrista han beneficiado a Techint y a un puñado de empresarios locales velando incluso por su protección judicial. Cada bando burgués defiende a las empresas con las que tiene mayores relaciones. La catarata de subsidios a Techint (el Plan Gas, por ejemplo) no fue desmontado por ninguno de esos gobiernos. Bajo el gobierno Macri se le ha favorecido como nunca, garantizándole un precio por la extracción de gas por encima de la media internacional. Alberto Fernández ha continuado con esa política, la cual se ha revelado como un rotundo fracaso. Es que a pesar de los subsidios (y de los tarifazos) no se ha logrado dar curso a un desarrollo de la economía nacional, a la vez que actualmente reina una huelga de inversiones que está poniendo en jaque la reactivación económica y generando fuertes convulsiones internas.

El telón de fondo de toda esta situación son los efectos disolventes de la crisis mundial en el país y la búsqueda por parte del gobierno de cumplir con los deberes que le pide el FMI. La impasse en la que ingresó el gasoducto Néstor Kirchner es una manifestación de las contradicciones insalvables de la política oficialista.

La burguesía nacional, socia menor de la burguesía imperialista, nos ha llevado junto a sus gobiernos a un desastre. Solo una política dirigida por los trabajadores puede dar vuelta esta situación.