10/11/2021
Carestía

La CTA, y una autoincriminatoria defensa del control de precios

Sobre un informe acerca de la concentración empresaria y la inflación.

Un informe del centro Cifra de la CTA pretende defender con datos la «política de control de precios» del gobierno. Para eso, demuestra la alta concentración en el mercado de insumos claves para la producción industrial (cereales, aceites, acero, aluminio, plásticos) y los crecientes márgenes de ganancia de esas empresas (Ternium, Aluar, Molinos Río de la Plata, Loma Negra), cuya capacidad de formación de precios en medio de un alza internacional empujarían la inflación; a pesar -y esto es lo fundamental del enfoque- «de la reducción de los salarios reales, el bajo incremento del tipo de cambio y de las tarifas de los servicios públicos y una base monetaria que en términos reales es inferior incluso a la de 2019».

Eso da la pauta que el punto de partida del paper en cuestión, titulado «Algunas consideraciones sobre la inflación actual», es entonces una reivindicación antiinflacionaria de la firma de paritarias a la baja y el ajuste del gasto público que redujo drásticamente el déficit fiscal y permitió achicar la emisión. Compra así la premisa que comparten desde Martín Guzmán a los Milei y Funes de Rioja: la culpa de la suba de precios sería de los empleados públicos, jubilados y desocupados que engrosan el gasto del Estado y obligan a volcar billetes a la circulación; además de que da por sentado que los aumentos salariales del sector privado originan las remarcaciones de precios de los productos.

Es la confesión de una dirección sindical que, en lugar de defender incondicionalmente los salarios, pretende justificar su complicidad en la caída del poder adquisitivo de los trabajadores estatales, valiéndose de la pantalla oficial con recetas ya fracasadas de control de precios.

Esa formulación avala además que el ajuste haya convivido con un crecimiento de los subsidios a los pulpos de la industria energética como compensación por la menor suba de tarifas y la dilapidación de divisas de las reservas para sostener el ancla cambiaria con un dólar oficial por debajo de la inflación. En efecto, toda la reducción del déficit fiscal la cobraron a los trabajadores, mientras tuvieron un trato antagónico con los capitalistas que perpetúan la huelga de inversiones y fugan las riquezas del país, factores esenciales en la depreciación de la moneda.

Por lo demás, los valores de las mercancías no se alteran en absoluto por los incrementos salariales, sino que cuando crece la remuneración de los trabajadores lo hacen a costa de las ganancias patronales, que se supone que son el blanco de la crítica del mencionado informe. Considerando esto, veamos a qué conclusión llega el think thank de la CTA.

Para terminar de absolver al gobierno de toda responsabilidad en el desmadre inflacionario, argumentan que el meollo del problema es «la inflación mundial que tuvo un capítulo especial en el elevado crecimiento de los precios internacionales de la energía, los alimentos y los minerales que treparon en dólares 82,1%, 29,4%, 35,3%, respectivamente, entre los primeros ocho meses de 2021 respecto a igual período del año anterior», y que este cuadro externo se combina con la posición oligopólica de empresas que producen insumos básicos de la industria. Eso explicaría que los precios mayoristas hayan trepado diez puntos por encima del ya alto índice de precios al consumidor (57,2% versus 47,2%). Luego toman casos testigo de algunas compañías para demostrar su marcada «recomposición de los márgenes de ganancia».

«Estas son las causas del endurecimiento de la política de control de precios del gobierno», concluye el estudio. Es una caradurez hablar de un «endurecimiento» cuando se está acusando que los aceites vegetales escalaron en los primeros nueve meses del año 111,3% en el segmento mayorista, luego de que el propio Alberto Fernández presentara como ejemplar el acuerdo alcanzado con las patronales a principios de año; en el mismo rubro los cereales y oleaginosas se encarecieron un 90%. Lo mismo vale para los saltos en los productos siderúrgicos (70%), aluminio (54%) y plásticos (92%).

El único precio que controlaron las mesas sectoriales que sentaron a cámaras empresarias y sindicatos con el gobierno fue el de los salarios, ya que sirvieron de pretexto a las burocracias sindicales para entregar las paritarias. Lo confesó el propio Martín Guzmán, cuando en una visita a la UIA les remarcó que los sindicatos «sí hicieron su parte». Es precisamente esto lo que derivó en lo que ahora advierten los yaskystas en su informe: «un elevado aumento del peso relativo del excedente de explotación en el valor agregado del sector privado» en el primer semestre de 2021, y su contracara de desplome de la participación de los salarios.

Es decir que el punto nodal es que el Estado juega un papel favorable a esa recomposición de los márgenes de ganancia del gran capital, y por eso es un fraude presentar la intervención estatal como la solución al problema de la carestía, actuando como agente regulador en una «puja distributiva». Miremos el tema en detalle.

Entre los que toman los analistas de la CTA, el caso más saliente de utilidades que se dispararon son las de Ternium. Se trata del grupo Techint, el pulpo de Paolo Rocca que concentra con Tecpetrol la mayor tajada de los subsidios del Plan Gas, tanto del actual y todos sus antecesores: en los tres años previos cobró 619 millones de dólares y de hecho se le permitió ingresar al nuevo plan con trato preferencial cobrando 50% más hasta el 31 de diciembre de 2021 y manteniendo en pie una demanda contra el Estado por otros 280 millones de dólares. La mención vale además como ejemplo de que mientras este informe advierte las presiones alcistas de la crisis energética internacional, el gobierno intenta tentar a los pulpos con una ley de hidrocarburos de incentivos tributarios y hasta cambiarios para armar el negocio de exportación.

Igual de alevoso es lo que sucede con la agroindustria. El informe que comentamos muestra que Molinos Río de la Plata tuvo una mejora del 50% en sus utilidades, pero esta firma del grupo Pérez Companc además de favorecerse de los altos precios internacionales se encuentra entre las grandes cerealeras beneficiarias del proyecto oficial de ley de promoción de los agronegocios -como parte de un rubro cuya parte del león, claro, está en manos de un puñado de multinacionales yanquis, chinas y europeas.

Esto último fue denunciado incluso por quienes no pueden ser acusados de animosidad alguna contra el gobierno, como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). Su dirigente Rosalía Pellegrini cuestionó también que «las cooperativas no pueden sacar un solo crédito en el Banco Nación por los requisitos que piden y por eso quiebran» (Perfil, 1/10). En contraste, agregamos nosotros, el propio Alberto Fernández anuncia que el Banco Nación y la Afip harán lo posible por rescatar a Molinos Cañuelas, que como Vicentin cayó en un quiebra fraudulenta, y esto tras el salvataje de la mendocina Impsa del grupo Pescarmona.

En conclusión, la política del gobierno de estimular las actividades de exportación a base de beneficios fiscales estimula la concentración, la recomposición de los márgenes de ganancias y la potestad de esos grandes capitales de trasladar al mercado interno la inflación en dólares del exterior, cuando producen con salarios devaluados y otros costos en pesos. Para revertir esta presión externa habría que empezar por nacionalizar el comercio exterior y ramas estratégicas como la industria energética, como parte de un plan económico de los trabajadores que se apropie de la renta nacional y haga de las altas cotizaciones de las commodities que exportamos un puntal para el desarrollo nacional.

El crecimiento de las utilidades, antes que en la remarcación de precios, proviene de las sucesivas paritarias a la baja y la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo, tarea en la cual la conducción de la CTA puso su granito de arena junto al resto de la burocracia sindical. Esta realidad pretende ser perpetuada y profundizada con una reforma laboral, como la que el mismo presidente celebró en la planta de Toyota. La apertura de los libros de las empresas al control obrero y la abolición del secreto comercial refutaría de inmediato toda la sinfonía acerca de la necesidad de bajar el «costo laboral», y revelaría que el problema es el costo patronal.

El «control de precios» y el palabrerío contra la fuerte concentración empresaria en ramas clave de la economía son un taparrabos de toda esta orientación oficial, y la burocracia kirchnerista de la CTA se vale de ella para justificar la entrega del salario con un manto antiinflacionario. Si la cuestión pasa por atacar los márgenes de ganancias de estos oligopolios, la tarea es apoyar todas las luchas obreras en curso e impulsar la deliberación en el movimiento obrero para organizar la pelea por la reapertura inmediata de paritarias y contra todo el ajuste fondomonetarista. La paliza que la clasista Lista Negra le propinó a los laderos de Hugo Yasky y Pedro Wasiejko en las elecciones del sindicato de neumático refuerza esta perspectiva.

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