Dos semanas atrás publicamos un artículo en Prensa Obrera recogiendo un informe de Infobae. El mismo concluía en que atendiendo a las últimas declaraciones juradas sobre patrimonios personales de cada uno de los ministros del gabinete nacional, Jorge Ferraresi, el cristinista de Desarrollo Territorial y Hábitat, era el que ostentaba la fortuna más elevada.

En el mismo señalamos oportunamente que sobre la procedencia de esos casi $40 millones sobrevolaba un secretismo absoluto, más allá de algunos escándalos que salieron a la luz por corrupción y desvío de fondos públicos a lo largo de su carrera como funcionario, que pintan de cuerpo entero una vida de negociados alrededor del Estado.

Este 25 de enero la periodista Mariel Fitz Patrick, quien escribió el informe original, elaboró su continuación, donde revela que en aquella declaración presentada ante la Oficina Anticorrupción se destacan dos empresas ‘fantasma’.

El ministro ya había eludido en su declaración presentar nombres o CUIT de las mismas, incluso atentando contra la propia Ley de Ética Pública vigente, encargada de, supuestamente –y claro que solo supuestamente-, evitar que los funcionarios favorezcan a las firmas a las que están ligados o son dueños. No obstante, la periodista pudo rastrear cuáles eran las sociedades ocultadas en las tinieblas por Ferraresi y su equipo, y pudo constatar que no registran actividad incluso desde hace más de 20 años.

Esto es completamente grave si se tiene en cuenta que el 20% de la fortuna que declaró se centra en las acciones sobre estas empresas, pero peor aún, que todos los caminos conducen a que las mismas han sido utilizadas por Ferraresi y su esposa Magdalena Sierra para blanquear activos de otras procedencias. Cabe destacar que en su declaración jurada muchos otros bienes como viviendas ociosas, incluso la compra de bonos o inversiones financieras son sustentados con los ‘dividendos activos’ que provendrían de sus acciones.

Dos empresas, dos casos de corrupción

El informe detalla con información minuciosa cuáles son las empresas del escándalo. Detrás de ellas hay, a su vez, casos de corrupción que salpican no solo a Ferraresi y su esposa Sierra, sino a varios funcionarios de alto rango de la Municipalidad de Avellaneda.

La primera se denomina Saek SRL, una constructora sobre la cual Ferraresi argumentó poseer el 50%. La misma fue registrada a fines de 1995 por el susodicho y Guillermo Pesce, arquitecto que se desempeñó como gerente de la firma hasta 2003, para ser reemplazado por… Ferraresi. Diez años después Pesce sería designado por el actual ministro, que entonces se desempeñaba como intendente, como subsecretario de Recursos y Gestión Territorial y posteriormente como secretario de Desarrollo Territorial y Hábitat en Avellaneda. Sin embargo, Ferraresi no es el único en esta novela que ha logrado un salto en su carrera política hacia la esfera del gabinete nacional: a través del decreto 973/2020, Pesce fue recientemente designado por Ferraresi como secretario de Coordinación en el ministerio que conduce.

Saek SRL, la empresa fundada por ambos, nunca presentó balances ante la Inspección General de Justicia; y a pesar de ser inscripta en 2015 en el Registro de Entidades Inactivas, en la AFIP aún figura como operativa. Eso sí: no existe un solo registro sobre alguna obra en la que Saek haya participado, o un solo trabajador registrado por la misma.

Algunas de estas características son comunes a Saek y Prociv S.A., la otra empresa, también una constructora. Prociv tampoco tiene trabajadores declarados, tampoco existe registro alguno sobre obras realizadas, siquiera un teléfono de contacto, una página web; nada. Y de igual forma fue inscripta en el Registro de Entidades Inactivas. Esta firma fue fundada en 1994 por José Bianqueri y Mauricio Bisauta. Este último desempeñó también funciones en la Municipalidad de Avellaneda, y también fue vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica bajo el kirchnerismo. La periodista Mariel Fitz Patrick, quien se encargó de consultar uno por uno a los implicados sobre sus vínculos con las empresas y con Ferraresi, comenta que al parecer ha sido el único en contestar; aunque solo para desligarse alegando no haber tenido más contacto con el mismo desde que abandonó sus funciones públicas.

Por su parte, Bianqueri es al día de la fecha subsecretario de Gestión de Residuos de Avellaneda, donde se desempeña desde el inicio del ferraresismo; aunque su carrera en la función pública había comenzado en el distrito bajo la conducción de “Cacho” Álvarez, barón del conurbano y padrino político de Ferraresi a su turno. Así y todo, para 1999 la firma Prociv pertenecía en un 32,20% a Magdalena Sierra según su declaración jurada de 2019. Este sin embargo, es solo el puntapié inicial de un entrelazamiento de funcionarios y chanchullos.

Como director suplente de Prociv al momento de su registro figura Fabián Orlando Monzón, quien al día de la fecha cumple funciones como subsecretario de Gobierno de Avellaneda. Fue designado en el cargo en 2011, también al inicio de la primer intendencia de Ferraresi, y luego de haberse desempeñado por cuatro años como responsable del área de Recursos Humanos de la Municipalidad avellanedense.

Para el 2014, Sierra alega haber adquirido otro 18,80% de Prociv. Ese hecho se desenvuelve a poco de que Prociv presentara ante la AFIP su inicio en el rubro inmobiliario. Esto es particularmente importante, porque detrás del silencio en la declaración de Ferraresi hay coincidencias temporales que lo dicen todo. Por ejemplo, que al momento de la fundación de Prociv, Ferraresi registra en su declaración un ingreso de 34% de acciones no especificadas. Lo propio ocurre al momento en que Sierra alega la adquisición de este casi 20% que la llevaba a ser la propietaria del 51% total, pues la declaración jurada de patrimonio de Ferraresi registra un ingreso de participación por el 14% en una empresa sin mayores precisiones. De esta forma, en lo que a Prociv respectaría, el matrimonio de Ferraresi y Sierra se convertiría en propietario del 99%, con valuaciones por casi $1,3 millones.

Así las cosas, esta empresa tampoco registra actividad comercial, y solo presentó balances entre 1995 y 1998, un año antes de la primer compra de acciones de Sierra. Pero uno de los más turbulentos puntos que las une es que ambas empresas comparten varios domicilios fiscales, en los que varios concurrentes a estos lugares aseguran no haber visto nunca actividad comercial alguna, o directamente no conocer tales empresas.

Por ejemplo, Saek al momento de su nacimiento declaró su sede legal en un piso 13 sobre la Avenida Santa Fe, en el que fuera un departamento donde vivió la primera esposa de Ferraresi. Cuando el propio fue designado gerente, su sede fue mudada a la calle Víctor Martínez, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resulta que ese edificio fue construido por Prociv en sus años de actividad. Para 2005, la sede de Saek fue nuevamente trasladada, esta vez a un primer piso en Lavalle al 600. Ese domicilio es común a Saek y Prociv, y según el artículo de Fitz Patrick, también está declarado para aproximadamente 50 empresas. De igual manera, entre Saek y Prociv se comparte por ejemplo también un domicilio en Wilde, sobre la avenida Mitre, donde el encargado asegura ni siquiera haber escuchado el nombre de esas empresas.

El artículo finaliza con dos últimos datos sobre el punto: al momento de ser designado el actual subsecretario de Gobierno de Avellaneda, Fabián Monzón, como director suplente de Prociv, informó un domicilio en la calle Pasteur en Avellaneda que está también vinculado al patrimonio de Ferraresi y Sierra. A su vez, este es uno de los domicilios fiscales del presidente del Concejo deliberante de Avellaneda, Hugo Barrueco. Al fin de cuentas, existe un solo domicilio que no es compartido entre ambas firmas, ubicado en Bernardo de Yrigoyen al 1300. Allí funciona el estudio jurídico de Antonio Cricco, quien se desempeñó como subsecretario de Coordinación de Gabinete de “Cacho” Álvarez entre 2007 y 2011.

Una y otra vez, la incompatibilidad del régimen político

Fitz Patrick concluye entonces que ante la negativa de todos estos funcionarios a dar mayores precisiones, o directamente en la mayoría de las interrogaciones la ausencia de cualquier respuesta, será Ferraresi el que deba dar explicaciones ante la Oficina Anticorrupción. Y está claro que así deberá ser.

Pero no podemos dejar de advertir que esto no implicará en los hechos ni la clarificación ni el castigo a Ferraresi y Sierra por la edificación de su nutrido patrimonio haciendo turbios negocios con el Estado, o con la especulación financiera o inmobiliaria. Solo refuerza lo que remarcamos previamente, y es la absoluta incompatibilidad con las necesidades de las masas de un régimen político de funcionarios millonarios, que administran sus propias empresas, que blanquean activos, que desvían fondos o apuestan a especular con bonos e instrumentos financieros para multiplicar sus jugosas ganancias.

Ferraresi, históricamente ligado a la construcción y la obra pública como funcionario, poco y nada tiene que ver con las millones de familias en el país que sufren la crisis habitacional, la falta de vivienda o el hacinamiento en villas miseria. El municipio que ha dirigido es una prueba fehaciente, donde reina la especulación inmobiliaria –véanse casos alevosos como el del Elefante Blanco de Avellaneda-, mientras miles conviven en la miseria más cruenta en asentamientos precarios, incluso declarados inhabitables como es el caso de Villa Inflamable.

La única perspectiva que esto debe abrirle a los trabajadores es la importancia de conquistar un gobierno propio, que dirija un verdadero plan de urbanizaciones, de construcción de viviendas, de obras públicas lejos de los negociados para las contratistas. Será el único horizonte para suplir las necesidades reales de los hacinados, de los sin techo, de quienes hoy no pueden costear un alquiler, que miran desde muy lejos la cotidianeidad de un ministro que necesita esconder la procedencia de sus varios millones de pesos.