14/01/2021

Jorge Ferraresi es el ministro más rico del gabinete

Declaró en 2020 una fortuna de casi $40 millones sin dar precisiones sobre su origen

Un artículo publicado el pasado lunes 11 de enero en Infobae presentó que, atendiendo a las últimas declaraciones de patrimonios personales entre los actuales ministros del gabinete nacional, el kirchnerista Jorge Ferraresi, de Desarrollo Territorial y Hábitat, es quien posee una mayor fortuna.

La declaración presentada ante la Oficina Anticorrupción a principios de 2020 se corresponde a un total de casi $40 millones. Los mismos se distribuyen entre inmuebles, por más de $18 millones, casi $14 millones en bonos e inversiones financieras, más de $6 millones entre pesos y dólares, tanto entre efectivo como en cuentas bancarias, y casi $1 millón en acciones. Sin embargo, y más allá de los números que evidencian la posesión de viviendas ociosas, los negociados alrededor de la especulación financiera o en el mercado accionario, lo que reina alrededor de la riqueza de Jorge Ferraresi es un silencio hermético.

En el propio artículo, Infobae se jacta de haber intentado consultar una y otra vez al ministro, sus voceros y su equipo, pero sin haber obtenido respuesta alguna sobre la declaración jurada ni sobre los bienes que allí se detallan. Esto incluso a expensas de violar la ley, ya que a pesar de haber alegado ser accionista de tres empresas, no declaró cuáles ni información sobre ellas. Lo propio se replica a las consultas específicas sobre sus propiedades, que arañan los $20 millones solo de valuación fiscal; es decir, propiedades que a valor de mercado son, sin lugar a duda, considerablemente más caras.

Una vida de negocios alrededor del Estado

Más allá de cualquier especulación que pudiera hacerse sobre los hilos finos de tamaña fortuna, lo que es indudable es que Jorge Ferraresi llegó a ostentarla haciendo negocios por décadas con el Estado.

Su carrera como funcionario comenzó en los años del menemismo, en 1991, asumiendo como secretario de Obras y Servicios Públicos en la municipalidad de Avellaneda, conducida entonces por uno de los intendentes de la camada que dio origen al término ‘barones del conurbano’: Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera.

Ferraresi, que fue un apadrinado por el mismo, estuvo al frente de ese cargo durante sus dos primeros mandatos como intendente. Luego sería designado como director de Minería en el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, donde desempeñó funciones hasta el 2001, bajo el gobierno provincial de Ruckauf. En los años posteriores, su gestión como director de Minería le sirvió para tomar las riendas como gerente operativo del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado y como gerente general de Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A., donde sería protagonista de un verdadero escándalo de corrupción.

Una causa judicial por defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública lo sacudió respecto a su desempeño en el cargo. La investigación se abrió paso con respecto al proyecto titulado “Aprovechamiento Hidroeléctrico Garabi”, tras el cual se hicieron contrataciones millonarias a distintas universidades como la de Lomas de Zamora, la universidad privada El Salvador, la propia Universidad Tecnológica Nacional o la de La Plata a fines de presentar estudios sobre el proyecto. Hasta aquí, más allá de las irregularidades de las contrataciones y los sobreprecios que le garantizaron un negociado a las camarillas universitarias, no suena tan descabellado acudir a las casas de estudio a fines de que realicen una investigación. Pero también, entre las adjudicaciones del proyecto hidroeléctrico, la Gendarmería nacional recibió un monto de los más de $7 millones por los que se lo implicó en la causa. Finalmente, y pese a haber sido citado a indagatoria en noviembre de 2016, nunca más se supo sobre ella.

Ferraresi retomó entonces en 2003 su viejo cargo en la municipalidad de Avellaneda, como secretario de Obras y Servicios Públicos. Bajo el ala del barón del conurbano “Cacho” Álvarez, su figura fue creciendo, por lo que en el año 2007 fue candidato a primer concejal y sería, dos años más tarde, el elegido por Álvarez en persona para reemplazarlo tras su migración al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Desde entonces y hasta su reciente salida para convertirse en ministro también, Ferraresi ha gobernado el municipio de Avellaneda.

Su gestión se ha caracterizado, en principio, por desarrollar un gran aparato estatal en el municipio. De cualquier forma es pertinente advertir que ese gran aparato no es, de ninguna manera, para atender los reclamos y las demandas de los trabajadores y la población avellanedense. Así lo comprueban en el último año, por ejemplo, el aumento a principios de 2020 de la Tasa de Servicios Generales de un 60%, el más alto del conurbano bonaerense, y que conforme a la reciente votación de un nuevo presupuesto municipal signado por el ajuste, el tarifazo se replicará hasta en un 50% para este 2021. La militarización de Villa Azul en ausencia de cualquier asistencia real a uno de los asentamientos precarios del distrito, o las sucesivas inundaciones en Villa Inflamable -cuya historia de por sí da perfectas muestras del abandono del Municipio de Avellaneda- delinean claramente la política que ha sostenido Ferraresi como intendente durante 11 años. Ni que hablar ya de los conflictos salariales con los trabajadores municipales o los docentes, siendo la precarización laboral uno de los pilares sobre los que el ferraresismo se ha apoyado para sostener el despliegue del Estado municipal.

Este ‘aparato estatal’ está apuntalado más bien para la contención y la cooptación. Entre las enormes capas de trabajadores precarizados se pueden discernir modalidades como el trabajo a destajo, fuera de convenio, bajo figura de cooperativas o monotributo, informal, o también en muchos casos, en forma de “becas” de estudio. Así es como el Municipio ejerce una enorme cooptación, por ejemplo, sobre la juventud, ofreciendo las mismas a los elementos más avanzados del activismo estudiantil. Sin embargo, la otorgación de estas becas tiene una dinámica clientelista y casi que punteril: pues los estudiantes que deseen percibirlas, deberán, como requisito, acercarse a la Eva Perón, la agrupación política que responde directamente al ferraresismo.

Con este tipo de manejos es que Jorge Ferraresi ha intentado asegurar por más de una década tener el distrito controlado. Tal es así que en 2019 fue denunciado en una interna por Hernan Doval, del Sindicato de los Trabajadores Municipales de Avellaneda (Stma). Al no ser el Stma el sindicato “oficial” del Municipio, los trabajadores afiliados a él eran chantajeados con el riesgo a los ceses o el recorte de horas. Sin embargo, Jorge Ferraresi no pudo mantener el hermetismo absoluto durante su gestión, por lo que no la ha escapado como intendente a los escándalos públicos.

En el año 2019 tanto él como su esposa Magdalena Sierra fueron denunciados por desvío de fondos públicos. Sucede que Sierra presidía entonces el Observatorio Social de Políticas Públicas, organismo encargado de controlar la transparencia de la gestión municipal. Alfredo Popritkin, de la ONG Contadores Forenses (destinada a estudiar fraudes y delitos económicos y financieros) fue quien efectuó la gravísima denuncia. Ferraresi y Sierra se habrían quedado a través de distintas maniobras con al menos $96 millones del Sistema Alimentario Escolar (SAE), lógicamente destinados a la alimentación en las escuelas de Avellaneda. Un desvío de fondos millonario que se traducía en que niños y adolescentes recibieran en sus escuelas menores cantidades u otros tipos de alimentos que los previstos.

La denuncia fue radicada y cayó en manos de la jueza Brenda Madrid, históricamente ligada al kirchnerismo -en particular a Julián Álvarez, exsecretario de Justicia de Cristina-. Madrid ha sido una figura relevante por ser, por ejemplo, la responsable del sobreseimiento de Pablo Moyano. De igual forma, de su ligazón con el ala más dura del kirchnerismo se ha servido para ser designada, por ejemplo, como la primera jueza del polo judicial Avellaneda-Lanús inaugurado por Ferraresi en persona. Vale recordar, por ejemplo, que también ha sido la jueza que sobreseyó al policía que al inicio de la cuarentena asesinó a sangre fría a un joven en la Isla Maicel. De esta forma, no se evitan todos los escándalos, pero sí se garantiza la impunidad.

La incompatibilidad de todo un régimen

Estos hechos vienen a reafirmar de manera muy clara la completa incompatibilidad del régimen político y las necesidades reales de la población trabajadora. Cabe recordar que Ferraresi ha llegado al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat como un recambio que oxigene, en medio de la enorme crisis habitacional que se ha expresado en Guernica y las miles de ocupaciones en todo el país -o en casos como las mencionadas Villa Inflamable o Villa Azul en Avellaneda- a un gobierno sacudido por el avance de la crisis; a un gobierno que frente a la necesidad real de miles -o millones- de familias en todo el país, solo ha tenido para ofrecer balas, topadores e incendio de casillas. Expresa de manera cristalina que nada tienen que ver estos ministros millonarios con el día a día de las familias trabajadoras, de los barrios, las fábricas o las escuelas y redobla las apuestas para que en cada una de ellas se tome la conclusión de que tenemos que ser los trabajadores mismos los que gobernemos.

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