Políticas
29/9/2026
La desalojadora Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, a la luz de Madrid
Argentina es Maricarmen. Que caigan los rentistas y el gobierno.
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Milei todavía tiene en el tintero avanzar con lo que quedó de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, rechazada por una multitudinaria movilización el 6 de agosto que forzó a que el gobierno retirara los capítulos referidos a la extranjerización de tierras y el manejo del fuego. Además de la modificación a la ley de expropiaciones, persiste el apartado que implica desalojos exprés contra inquilinos y comunidades originarias.
El presidente tiene motivos para preocuparse, no solo porque el impulso a la ley original detonó la respuesta callejera que lo puso en crisis, sino porque en España el desalojo de una mujer de 87 años, Maricarmen Abascal, terminó por desencadenar movilizaciones que se extendieron por unas 40 ciudades reclamando la huelga general y la expropiación de los “rentistas”.
El carácter de clase de la política desalojadora
El capítulo en cuestión refuerza el poder de los propietarios y los grupos inmobiliarios capitalistas. Habilita, entre otras cosas, medidas procesales rápidas como allanamientos, el uso de la “fuerza pública” (o sea, del aparato represivo) y hasta la apertura de cerraduras en días y horas inhábiles. Deja en completa desprotección a sectores del pueblo que, ante la destrucción sistemática de los ingresos, ven límites a la hora de pagar los alquileres o, en casos extremos, son empujados a realizar tomas.
En el caso de las comunidades originarias, se trata de sectores que en muchos casos habitan tierras que les pertenecen por motivos ancestrales (la Constitución, por ejemplo, reconoce la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos” y la “propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”) y son vistas por magnates capitalistas que son representados políticamente por Milei o distintos gobernadores como plataformas para incursionar en negocios como el agro.
En el mes de agosto fueron desalojadas las comunidades mapuche Kinxikew y Melo, en Neuquén. En Jujuy, más de cien efectivos de la policía provincial llevaron adelante el desalojo de familias de la Comunidad Santa Rosa, tirando con balas de goma en un lugar en el que había niños y sin privarse de destruir viviendas en un operativo que terminó con ocho personas detenidas. En Misiones, en julio, la policía desalojó a la comunidad Mbya Guaraní, que denunció por amenazas al empresario forestal Alfredo Ruff. En Catamarca, la comunidad originaria Peñas Negras realizó un corte exigiendo frenar los emprendimientos mineros dentro de su territorio. Y solo se trata de algunos ejemplos.
El avance de la ley va a profundizar una tendencia que se viene abriendo paso en el país. En CABA, Macri viene de invadir las villas porteñas con la policía en el marco de su operativo “Tormenta Negra”, causando estragos; desde que asumió en 2023, desalojó a casi 4.500 personas, entre ellas 1.400 niños y niñas, en la mayoría de las ocasiones sin orden judicial previa (Tiempo, 28/5). En la Justicia salteña hay alrededor de 200 causas de desalojo (Anred, 20/8).
Sigamos el camino de los europeos
En Madrid, donde gobierna la derechista Isabel Díaz Ayuso, decenas de miles de personas salieron a las calles en defensa del derecho a la vivienda. Según el Sindicato de Inquilinas, habrían participado alrededor de 300.000. El gobierno nacional del "progresista" Pedro Sánchez intenta maniobrar, pero el movimiento de lucha exige la congelación de alquileres, medidas contra los desalojos y contratos indefinidos.
España fue el epicentro de la lucha por la vivienda tras la crisis de la burbuja subprime en 2008 y vio surgir el movimiento de los indignados, que ocupó, al igual que los manifestantes en la lucha mencionada, la Puerta del Sol madrileña.
La lucha por la vivienda se fue extendiendo en ese marco y, con el correr de los años, a otros países del Viejo Continente. En Alemania, en 2021, tras años de lucha, los berlineses consiguieron que se habilite un referéndum por la expropiación de 240.000 viviendas en manos de importantes grupos inmobiliarios.
Del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, centro neurálgico de la crisis de 2008, surgió el movimiento Occupy Our Homes con el objetivo de frenar desalojos incluso obstaculizándolos físicamente. Esa organización nació al calor del desarrollo en 2011 de Occupy Wall Street, que rechazaba el poder descontrolado de los capitalistas y reunió el apoyo de miles de trabajadores.
Los capitalistas, al dominar la economía y ejercer como propietarios de muchas viviendas, tienen la capacidad de imponer precios de alquileres que superan con creces la evolución de los salarios, sobre los cuales también tienen incidencia. El Estado juega un papel clave en este proceso, sosteniendo el andamiaje político que garantiza este estado de cosas incluso utilizando a sus fuerzas represivas.
La ley que promueve el gobierno nacional en Argentina tiene como objetivo defender la propiedad privada capitalista. La propiedad de los trabajadores, entendiéndola como sus hogares o sus salarios y jubilaciones, corre peligro sistemáticamente. Organicemos la lucha en defensa de la vivienda y contra los desalojos y desenvolvámosla hasta derrotar a Milei.
