Internacionales
28/9/2026
Madrid grita: ni una Maricarmen más
España clama por una huelga general de los inquilinos.
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El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba 71 años viviendo en la misma vivienda de Madrid, no es una tragedia individual. Es una postal brutal de un régimen inmobiliario que convierte el derecho a la vivienda en una fuente de renta para propietarios, inmobiliarias y fondos de inversión. El 23 de septiembre, después de varios intentos fallidos y de una movilización que durante horas intentó impedirlo, la policía terminó ejecutando el desalojo. Maricarmen fue trasladada en ambulancia al hospital.
Pero el resultado político del desahucio no fue el esperado por quienes pretendían convertirlo en un trámite judicial más. Madrid salió a la calle. Bajo la consigna “Ni una Maricarmen más”, las movilizaciones se extendieron por unas 40 ciudades y miles de personas volvieron a señalar al verdadero problema: una vivienda que funciona como mercancía mientras quienes viven de su salario son expulsados de las ciudades donde trabajan. Este fin de semana, la protesta desembocó además en una acampada en la Puerta del Sol.
La consigna que atraviesa España es todavía más significativa: “O cae el rentismo o cae el gobierno”. No se trata de una frase efectista. Es la expresión de una contradicción que el gobierno de Pedro Sánchez no puede resolver con anuncios, subsidios o medidas de emergencia: mientras la vivienda siga sometida al negocio inmobiliario, el salario de los trabajadores continuará siendo transferido hacia quienes controlan el suelo y los alquileres.
Una casa no puede valer más que una vida
El caso de Maricarmen es particularmente brutal porque la propiedad tenía alternativas. Una donante anónima llegó a ofrecer el dinero necesario para cubrir el alquiler exigido. El gobierno, a través de Casa 47, también había planteado distintas soluciones, incluida la compra del inmueble para incorporarlo al parque público. Ninguna prosperó. Finalmente, Urbagestión ejecutó el desalojo.
El episodio desnuda algo elemental: no estamos frente a un problema de falta de sensibilidad de tal o cual propietario. Estamos frente a una relación social en la que la propiedad tiene más derechos que quien la habita.
La vivienda es presentada constitucionalmente como un derecho, pero funciona en el mercado como un activo financiero. El resultado es conocido: alquileres que absorben una porción exorbitante de los ingresos, contratos cada vez más precarios, expulsión de trabajadores de los centros urbanos y una generación entera condenada a postergar su vida independiente.
Por eso reducir el problema a “ayudas al alquiler” es mirar la crisis por el lado equivocado. Si el Estado utiliza dinero público para complementar indefinidamente alquileres que los propietarios pueden aumentar, termina sosteniendo con recursos de la población trabajadora el negocio inmobiliario.
Una crisis más para Sánchez
El gobierno español intenta ahora responder con un denominado “decreto Maricarmen”, mientras el movimiento de inquilinos exige congelación de alquileres, contratos indefinidos y medidas contra los desahucios. La presión callejera es la que colocó estas medidas en el centro de la agenda.
Pero hay una conclusión que debería ser evidente: si para que una mujer de 87 años conserve su vivienda hace falta que miles de personas se movilicen, acampen y enfrenten un desahucio, entonces el problema no es solamente jurídico. Es político y también es un problema de poder.
La respuesta no puede consistir en administrar la miseria habitacional. Tiene que atacar las condiciones que la producen.
Del sindicato de inquilinos a la huelga
Por eso adquiere gran relieve la consigna que viene creciendo en las movilizaciones: la huelga general de inquilinos.
La idea es potente porque cambia el eje de la discusión. El inquilino deja de aparecer como un individuo que no puede pagar y comienza a reconocerse como parte de una fuerza colectiva capaz de quebrar un gobierno. Si el alquiler se lleva una parte creciente del salario, organizarse para dejar de sostener colectivamente ese negocio plantea una confrontación directa con el rentismo.
No alcanza con reclamar más viviendas sociales mientras enormes patrimonios inmobiliarios continúan acumulando viviendas para obtener renta. Hay que discutir qué uso tiene la vivienda, quién la controla y quién decide sobre ella.
La vivienda es un problema de clase
La crisis española tiene una dimensión particularmente explosiva porque afecta incluso a sectores que durante décadas fueron considerados parte de una supuesta clase media estable. Jóvenes que trabajan pero no pueden alquilar solos, familias que destinan buena parte de sus ingresos a la vivienda, jubilados amenazados por subidas de alquiler y trabajadores expulsados de los centros urbanos comparten una misma contradicción: tienen ingresos, pero no tienen garantizado el derecho a habitar.
Mientras tanto, el mercado inmobiliario sigue funcionando como una gigantesca máquina de transferencia de riqueza.
Por eso la pelea por la vivienda no puede separarse de la pelea salarial. El alquiler sube porque el salario no alcanza; y el salario no alcanza, entre otras cosas, porque una parte cada vez mayor del ingreso termina en manos del rentismo. El conflicto habitacional y el conflicto laboral son dos caras de una misma relación de explotación.
La tarea de las organizaciones de inquilinos debería ser, entonces, avanzar hacia una alianza con los sindicatos de trabajadores. Una huelga de alquileres que no dialogue con la huelga obrera queda limitada. Una huelga obrera que no incorpore el problema de la vivienda deja afuera una parte decisiva de las condiciones de reproducción de la clase trabajadora.
Ni una Maricarmen más
Maricarmen dijo desde el hospital que no logró defender su casa, pero que había luchado para que otros aprendieran a luchar por la suya. Ahí está el punto.
El objetivo de la movilización no puede ser solamente evitar el próximo desahucio. Tiene que ser transformar cada desahucio en organización, cada alquiler impagable en un reclamo de la clase obrera y cada ataque contra un inquilino en un conflicto político.
Madrid ya dio una señal. La Puerta del Sol está ocupada y la consigna dejó de ser defensiva: “O cae el rentismo o cae el gobierno”. Ahora hay que llevar esa fuerza a los barrios, a los centros de trabajo y a los sindicatos. Hasta la huelga general.
Porque una vivienda no es una mercancía cualquiera. Es el lugar donde vive la clase trabajadora.
Ni una Maricarmen más. Contra los desahucios, contra la especulación y contra el negocio inmobiliario: organización de los inquilinos y huelga general de la vivienda.
