Las señales de saturación del mercado de deuda en pesos son cada vez más evidentes. En el último canje, Economía esperaba reprogramar vencimientos por $1,5 billones, pero solo logró hacerlo por $931 mil millones, con una participación casi nula del sector privado. Un mal augurio para los futuros vencimientos.

Además de la baja adhesión, donde solo se logró canjear el 61,4% de lo licitado, el panorama es más grave aún teniendo en cuenta que el 60% de los títulos que vencían estaban en manos del sector público. Es decir, no se consiguió atraer a los mercados, a pesar de que la oferta constaba de bonos duales, que le garantizan a los acreedores el mejor rendimiento entre la cotización del dólar y el índice de inflación.

Es el mismo clima que se viene viviendo desde comienzos de octubre. Las licitaciones de deuda arrojan un financiamiento extra cada vez menor, cuando se están ofreciendo instrumentos a una tasa efectiva del 116% y con vencimientos que no van más allá de febrero 2023. En este cuadro, la tendencia a otorgar más concesiones leoninas a los acreedores se profundizará, como así también el ajuste sobre el gasto social para hacer frente a los compromisos de deuda en pesos.

El desinterés creciente por los bonos del Tesoro, dado que se ha vuelto una hipoteca insostenible, reanima el fantasma del default de dicha deuda para el año que viene, tal como advirtió recientemente la reconocida calificadora internacional Moody´s. Según el economista Marcos Buscaglia, los vencimientos entre enero y septiembre 2023 alcanzan los $18 billones, con lo que parece inviable obtener endeudamiento suficiente para cubrir ese monto más los $1,4 billones de déficit fiscal. Un horizonte sombrío que plantea nuevas corridas y saltos devaluatorios.

A su turno, la resistencia a comprar títulos en pesos es la forma que tiene el capital financiero de marcarle la cancha al gobierno para que no se aparte del libreto del ajuste en un año electoral. Como vemos, la tutela de los especuladores sobre la política oficial va en aumento a medida que recrudece la crisis.

Como consecuencia, vuelven a recalentarse los precios de los dólares financieros, que se ubicaron en su mayor valor desde finales de julio. Por un lado, algunos bancos y fondos de inversión se están deshaciendo de sus tenencias en bonos en pesos y se dolarizan. A su vez, el Banco Central, frente a la reticencia de los privados a participar de las licitaciones de deuda,  salió a comprar títulos del Tesoro apelando a una fuerte emisión; provocando que parte de esos pesos circulantes se vuelquen a los dólares paralelos. Cabe destacar que el ensanchamiento de la brecha cambiaria refuerza las presiones devaluatorias, y, además, obliga al BCRA a malvender sus reservas para que no se disparen las cotizaciones del CCL y el MEP.

La exposición del sector público frente a un posible default de la deuda pública en pesos es mayúscula, ya que es acreedor del 59% de la misma. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad posee el 28% (poniendo en riesgo los fondos para jubilaciones), los bancos públicos el 17% y el BCRA el 14%. Sin ir más lejos, la mitad del activo del Banco Nación está invertido en bonos del Tesoro, los cual da la pauta que el gobierno no orienta el crédito del país hacia el desarrollo productivo sino que lo direcciona al sostenimiento de la “timba” financiera; una política a todas luces recesiva.

Corresponde el repudio de esta montaña de deuda usuraria, acompañado de la nacionalización bajo control obrero del sistema financiero para evitar futuras corridas. Lo anterior implica romper con el FMI y su plan de endeudamiento sideral.