En el día de hoy, diputados de Juntos por el Cambio y el bloque Consenso Federal intentaron realizar una sesión especial para tratar la Ley de Biocombustibles, que ya cuenta con media sanción en el Senado. La sesión naufragó, ya que ni el el oficialismo ni el Interbloque Federal para el Desarrollo se hicieron presentes.

La ley en cuestión consiste en una prórroga hasta 2024 de una normativa sancionada en 2006 que vence el 12 de mayo.  La misma establece que el combustible que se encuentra en los surtidores debe tener un corte de un 12% de bioetanol (derivado de la caña de azúcar o del maíz, utilizado para la nafta) y 10% biodiesel (derivado de la soja que produce el gasoil). Además, contempla una serie de beneficios impositivos a los productores de biocombustible.

La crisis que tuvo lugar en el Congreso responde al giro adoptado por el gobierno sobre la cuestión, cuyo bloque había votado a favor de la prórroga en el Senado en el mes de octubre y ahora se resiste a tratar la ley en Diputados. El tema también divide aguas al interior de la coalición oficial, empezando por el hecho de que su impulsora es la legisladora santafesina María de los Ángeles Sacnun, de vínculo directo con Cristina Kirchner. A su vez, el PJ gobierna muchas de las provincias donde se encuentran las plantas productoras de biocombustible, por lo que recibe una fuerte presión proveniente de este sector patronal. En su lugar, Máximo Kirchner presentaría un nuevo proyecto en Diputados  que bajaría los cortes establecidos. Así, el bioetanol bajaría de 12 a 7% y el biodiésel de 10 a 5%.

Finalmente, el trasfondo son los choques que existen entre el capital agrario y los pulpos petroleros, que se disputan el mercado de los combustibles. Como hemos señalado en Prensa Obrera, las idas y vueltas del gobierno en este punto responden a su propio empantanamiento a la hora de intentar arbitrar entre los distintos intereses capitalistas en disputa. En un escenario donde el eje principal de la política oficial es acordar con el FMI, recolectar divisas resulta una prioridad, más si tenemos en cuenta la sangría de reservas que implica para el BCRA sostener la pax cambiaria. Por este motivo, tener que inclinarse a favor de las petroleras o “el campo”, coloca al gobierno en una verdadera encerrona. Alberto Fernández depende de ambos  sectores para hacerse de los dólares necesarios en pos de pagar los próximos vencimientos de la deuda: necesita evitar importar gas este invierno -y difícilmente lo logre-, y al mismo tiempo, impedir que el capital agrario se rehúse a liquidar su cosecha.

La decisión del gobierno de no prorrogar la promoción a los biocombustibles puede deberse también a que el FMI le exige reducir el déficit fiscal para llegar a un acuerdo y, por lo tanto, quitar algunas exenciones impositivas. La ley vigente le concede a los productores de biocombustible la devolución del IVA y la amortización acelerada de impuesto a las ganancias, lo que ha significado en los últimos 15 años un ahorro de 7.400 millones de dólares para estas empresas (El Cronista, 18/3).

Es necesario también desmentir el discurso de la oposición, que apoya la prórroga de esta ley en nombre de “la defensa de las economías regionales”. Los beneficios otorgados durante todos estos años a las plantas de biocombustible, solo ha redundado en un desfinanciamiento de las arcas públicas y en aumentos sistemáticos del biocombustible -concedidos por el Estado, que es quien regula los precios-, lo cual ha derivado en constantes subas en la nafta, afectando al bolsillo de los trabajadores.

El esquema de aumentos ha sido descomunal: la tonelada de biodiesel valía $48.533 en diciembre del 2020, aumentó a $89.975 en marzo 2021, y en mayo pasará a valer $92.558.  Por su parte, en diciembre 2020, el precio del litro de bioetanol estaba en $32,79, en marzo 2021 subió a $48,70 y en mayo cerrará en $51,13 (El Litoral, 22/3). Este incremento de los precios se fijó a la medida de las industrias, sin tener en cuenta el costo real de producción.

Por otra parte, actualmente los productores de biocombustible participan en el mercado mediante cupos otorgados por la Secretaría de Energía. Esto ha dado lugar a un manejo discrecional por parte del Estado y a una concentración del negociado en pocas manos. Hoy en día, el 40% del agrocombustible que se expide en el país está en manos de dos grandes grupos empresarios: uno manejado por Juan Carlos Bojanich, CEO del holding Bahía Energía; y el otro por la familia Puccirello, dueña de plantas como Rosario Bioenergy, Bionogoya, Establecimiento El Albardón y Héctor Bolzan (La Nación, 25/3).

Como vemos, el gobierno pasa de otorgarle beneficios extraordinarios a un grupo ultraconcentrado del capital agrario, a concederle privilegios en este terreno a las petroleras, las cuales fueron premiadas recientemente con el Plan Gas 4, que habilita subsidios millonarios –lo cual no revierte la huelga de inversiones– sumándole ahora la reducción en el porcentaje pautado de biocombustible en los surtidores. Ambas variantes implican naftazos, aumentos de tarifas y un ataque a los ingresos de las mayorías populares.

Por eso, es necesaria una nacionalización integral de la industria energética bajo control obrero, que esté al servicio del desarrollo nacional y no del gran capital y el FMI. Al mismo tiempo, rechazamos los despidos o cierres que quieran llevar adelante los productores de bioetanol y biodiesel como represalia a la quita de beneficios, algo que ya han anunciado el día de hoy.

 

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