Políticas
13/11/2024
La eliminación del Procrear y la prisión de los créditos UVA
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Créditos hipotecarios
El gobierno nacional anunció la disolución del programa Procrear, que ofrece líneas de créditos subsidiadas por el Estado nacional destinadas a la refacción y a la construcción de viviendas, para dejarle todo el negocio de los créditos hipotecarios a los bancos y avanzar en el ajuste fiscal.
De esta manera, el Ejecutivo descarga la motosierra contra trabajadores, que son quienes más sufren la crisis habitacional, arremetiendo contra el derecho a la vivienda de millones de familias. Busca despejar el negocio a la banca, cuando más de la mitad del país es pobre y la indigencia crece a pasos agigantados, y según un informe de la Fundación de Tejido Urbano más de 3,2 millones de hogares padecen déficit habitacional en la Argentina.
Con la eliminación del Progresar solo quedan los créditos UVA que otorgan los bancos, y que se actualizan por inflación. Promovidos en su momento por el gobierno de Macri, fueron un rotundo fracaso. El aumento de la inflación hizo que las hipotecas crecieran exponencialmente, desahuciando a todos aquellos que los habían adquirido y generándoles una hipoteca impagable. A principios del año pasado un fallo en Mendoza encomendó al Banco Nación a desistir de seguir aplicando esa variable a un demandante que tomó un préstamo por 2,3 millones de pesos en 2017, pagó las cuotas por cinco años y en 2023 debía 22,5 millones. La contracara es el derrumbe de los salarios.
De hecho, los créditos hipotecarios, que ahora serán asumidos exclusivamente por los bancos, siguen sin terminar de recuperarse realmente: a pesar de varios meses de subas, en octubre estaba todavía un 29,3% debajo del mismo mes del año anterior. El tope es, justamente, el hundimiento del poder adquisitivo de la población trabajadora.
Con Milei esta crisis de vivienda no hace más que profundizarse. El oficialismo viene de eliminar la Ley de Alquileres y, según el Indec, en los primeros diez meses las subas en gastos de alquiler duplicaron a la inflación general. También paralizó la obra pública que incluye planes de vivienda y recortó drásticamente los recursos destinados al Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu) destinado a la urbanización de villas y “barrios populares”. Lo hizo escudado en los nulos avances de la urbanización bajo el Frente de Todos.
Vale destacar de todas maneras que el Procrear, lanzado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no impidió que siguiera en ascenso la necesidad de vivienda de la población. Las incontables restricciones para su acceso limitaron fuertemente el universo de beneficiarios. Los montos otorgados quedaron disminuidos ante el encarecimiento de los terrenos y las sucesivas devaluaciones, mientras que los destinados a construir no alcanzaban y las familias tenían que sacar nuevos créditos. Quienes hicieron un negoción fueron los propietarios de lotes, cartelizándose para venderlos a un precio sumamente elevado.
La continuidad de la gestión de los créditos que ya están en curso quedarán bajo la órbita del Banco Hipotecario, cuyo director es Eduardo Elsztain, un magnate de la especulación inmobiliaria que verá beneficiado su negocio porque se va a quedar con la afluencia de todos aquellos hipotecados que necesitan crédito permanentemente para afrontar sus deudas.
Vale recordar además que IRSA, propiedad de Elsztain, es la agencia que ha monopolizado la construcción de viviendas de lujo y de mega shoppings en todo el país, tanto bajo el kirchnerismo como bajo el macrismo, quienes favorecieron este tipo de negociados mediante el remate de numerosos inmuebles públicos, los cuales tienen como contrapartida el incremento exponencial en el precio de los alquileres y en el costo de la vivienda, expulsando a los trabajadores a las villas o al conurbano.
Un gobierno que arremete contra el derecho a la vivienda, es un gobierno que se tiene que ir. Resulta fundamental luchar por un programa en el cual el derecho a la vivienda sea una prioridad. Es necesario la creación de un banco de tierras fiscales y tierras ociosas -con fines especulativos- para construir allí viviendas populares. Al mismo tiempo, es preciso realizar un censo de la población que necesita acceder a las mismas en todo el país para tener noción de cuántas hacen falta construir.
Este plan de viviendas, junto con la extensión del tendido de servicios públicos, debe estar supervisado por los propios vecinos y emplear mano de obra desocupada bajo convenio colectivo. A su vez, es necesario impulsar el acceso universal al crédito hipotecario, sin restricciones, a tasa cero, cuyas cuotas no superen el 10% del ingreso de los hogares. La ruptura con el FMI, el repudio de la deuda usuraria y la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital son aspectos claves para financiar este plan.
