El temor a que una apertura progresiva de la cuarentena desencadene un salto en la curva de contagios, agravando exponencialmente la emergencia sanitaria, ha colocado todas las miradas en la situación crítica que se incuba en las barriadas populares del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y particularmente en el conurbano bonaerense: donde se concentran cientos de asentamientos precarios y donde subsisten todas las contraindicaciones sanitarias, bajo exclusiva responsabilidad del Estado.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se encuentra desplegando un operativo de emergencia localizado en cinco distritos del conurbano con los mayores índices de contagio, los cuales concentran más de 30 barrios populares, villas y asentamientos por cada uno de ellos. Se trata de los distritos de Quilmes, Merlo, San Martín, La Matanza y Moreno que, de conjunto, ya suman 507 contagios y 20 fallecidos.

La repentina preocupación por la situación que padecen millones de personas que viven hacinadas, con escasos recursos, sin elementos sanitarios y sin ingresos económicos estables, no responde a las advertencias que desde el primer día de la cuarentena manifestaron las organizaciones sociales y que en el día de ayer se expresó en un reclamo nacional

Es lo que están discutiendo en estos momentos el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Kicillof respecto a al restablecimiento de determinadas actividades, como la construcción privada, que implican una movilización de trabajadores desde las barriadas populares hacia la Ciudad.

Se calcula que antes de iniciada la cuarentena se movilizaban unos 4 millones de pasajeros –utilizando el transporte público- desde el Gran Buenos Aires hacia la Ciudad, cifra que bajó a unos 450 mil con el inicio del aislamiento y que en estos días, tras sucesivas liberaciones de actividades, se duplico hasta alcanzar los 900 mil pasajeros: casi un 25% que en tiempos de “normalidad” (Pagina/12 7/5). Solo así se entiende el empeño tardío de Kicillof por controlar una situación crítica que han alimentado durante semanas. Una nueva fase en la liberalización de la cuarentena abriría las puertas para poner en contacto a cientos de miles de trabajadores que utilizan el trasporte público todos los días.

El fracaso del aislamiento barrial

Esta emergencia en las barriadas populares, que se extienden por todo el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, es resultado de una política de Estado cuyo fiasco ya estaba anunciado.

La idea de un “aislamiento barrial” sobre la base de las precarias condiciones de vida de los y las trabajadoras pobres y desocupados se convirtió en los hechos en un montaje de guetos de pobres, librando a cientos de miles de personas a su suerte. La nula asistencia sanitaria, la interrupción del suministro de alimentos, las injustificadas demoras en el pago de los míseros $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el hacinamiento en las viviendas y la falta de infraestructura sanitaria (aguas potable, cloacas, limpieza, desinfección, etc.) son el coctel explosivo de la bomba epidémica que anida en cada uno de estos lugares.

A la desidia directa del gobierno nacional y del gobernador Kicillof se le suma el impacto de las medidas patronales que violan todos los protocolos sanitarios. El frigorífico Federal, ubicado en el barrio quilmeño La Paz, es uno de los principales focos de infección de la zona, con varios contagios y un muerto por Covid-19. En Moreno, los vecinos debían apiñarse en largas colas para tratar de recibir un refuerzo de mercadería. En San Martin, el contagio llegó hasta el Hospital Belgrano, al cual acuden las familias de menos recursos, manifestándose en más de 20 contagios entre los profesionales de la salud debido a la falta de insumos sanitarios y medidas de prevención. Algo similar a lo ocurrido en el distrito de La Matanza, donde, además, proliferan las barriadas obreras y humildes, donde las ollas populares a duras penas subsisten ante el retaceo del envío de los alimentos.

No es de extrañar entonces que el gobierno haya apostado al ejército en dos de las localidades antes mencionadas (Quilmes y La Matanza), sin que eso redunde en una mejora alimentaria ni sanitaria. La ayuda humanitaria de las FF.AA. es solo la tapadera de un plan de contingencia represivo ante una eventual agudización de la crisis.

Hace unos pocos días, la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, alertó que la proliferación de los contagios pudo haber tenido lugar bajo la responsabilidad del gobierno nacional, cuando el pasado 3 de abril se amontonó a las personas en extensas filas en las sucursales bancarias –solo en la provincia de Buenos Aires había habilitadas unas 915 mil personas para cobrar ese día (Infobae 5/5). “Efectivamente es así: donde hay movimiento, hay transmisión y contagio”, expresó Magario. Ahora se pretende reproducir este fenómeno a gran escala.

El aislamiento barrial no tiene posibilidad de ser en la medida de que los sectores populares carecen de los ingresos y elementos necesarios para cumplir la cuarentena. De allí que se vean obligados a changuear, salir de los barrios para abastecerse de insumos, buscar precios, solicitar asistencia y todo lo necesario para subsistir bajo las actuales condiciones. La responsabilidad del Estado en esta crisis asume un carácter criminal.

Como acaban de manifestar el Polo Obrero y las organizaciones piqueteras que se manifestaron en todo el país, con la consigna “Con hambre no hay cuarentena”, se impone la necesidad de una serie de medidas de emergencia para revertir esta crisis: el restablecimiento y aumento de los alimentos a los comedores populares; el envío de insumos y elementos sanitarios a las barriadas obreras; provisión de agua potables, limpieza y desinfección en los barrios; el pago inmediato del IFE y su elevación a $30.000 y percepción durante todos los meses que persistan las actuales circunstancias sanitarias y económicas. Ante la presión de las patronales para una apertura progresiva y descontrolada de la cuarentena oponemos el control obrero y popular de la crisis, con comités barriales y comités sanitarios, integrado por trabajadores, en los trabajos esenciales.