Gustavo Posse, intendente de San Isidro y dirigente del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, figuró en diversos medios por sus declaraciones en contra de las reelecciones indefinidas, en medio de la polémica abierta por el fallo de la Suprema Corte que terminó por suspender las elecciones en San Juan y Tucumán. Sus dichos generaron controversia, ya que provienen de un intendente que desde hace 24 años gobierna San Isidro.

La impostura del dirigente radical es total. No solo lleva 24 años gobernando (6 reelecciones al hilo), sino que es heredero del poder que detentó su padre, Melchor Posse, quien estuvo 16 años al frente del municipio. Y para colmo, continuando la línea de sangre cual nobleza monárquica, su hija Macarena, que ya es concejal y funcionaria, podría ser la próxima candidata a intendenta. De esta manera, el clan Posse acumularía tres generaciones atrincheradas en la intendencia. Macri, que planteó que las provincias son feudos de los gobernadores, debería haber reparado en que las intendencias del conurbano no escapan a esta lógica.

Sucede que la familia Posse tiene fuertes vínculos con el capital inmobiliario y la patria contratista, sectores dominantes en San Isidro. El estado municipal organiza la vida social del distrito para el beneficio de estos grupos capitalistas. Son los Cencosud, con el megashopping Unicenter, y los Jumbo y Easy, aquellos grupos para los que se ha modificado el código urbano de un predio de 20 hectáreas (ex Obras Sanitarias). Esto, se hizo para desarrollar un shopping y emprendimientos inmobiliarios, cuando eso estaba prohibido por tratarse de una zona residencial. Los Posee también gobiernan para Chediack, constructora que presidió la Cámara Nacional de la Construcción, cuyo dueño, Juan Chediack, se declaró “arrepentido” en la megacausa de corrupción de los Cuadernos de Centeno. Este la levantó en pala durante 20 años con la concesión de los parquímetros de San Isidro sin pagar un solo peso al municipio.

La expansión inmobiliaria, que se expresa en los más de 100 barrios privados o condominios existentes, empuja hacia arriba el valor del metro cuadrado de la tierra; se transformó en uno de los más caros del conurbano, promediando los 2.200 millones de dólares. Para las familias trabajadoras queda el hacinamiento en los barrios populares, o irse del distrito. Los lazos de los Posse con el capital inmobiliario cruzan la General Paz; Larreta pactó con ellos que Macarena Posse forme parte del Consejo Asesor del Plan Urbano Ambiental de CABA.

Estos intereses capitalistas, entrelazados con el Estado y sus partidos, que Posse expresa mejor que ninguno en San Isidro, son la base para sus sistemáticas reelecciones. Quienes se le presentan como oposición quieren desplazarlo ganándose el favor de los mismos sectores sociales, a la vez que en sus distritos y provincias defienden otros negociados capitalistas. Prueba de ello es que la permanencia del clan Posse es resultado de un pacto entre Juntos por el Cambio y el peronismo/kirchnerismo. En 2021, estos aprobaron la reelección de los intendentes en la Legislatura de Buenos Aires. El “progresismo” del gobernador Kicillof y del presidente del Partido Justicialista, Máximo Kirchner, muere a los pies de los grupos capitalistas que operan en la provincia y distritos entrelazados con los aparatos punteriles de los intendentes, fundamentales para contener el descontento de los trabajadores ante el crecimiento de la pobreza, el hambre y la miseria.

Posse trabaja por un acuerdo con sectores del peronismo. Según él, “el peronismo es un movimiento con un aporte muy importante pero está copado por el kirchnerismo”. Les tiró un guiño al peronismo bonaerense y particularmente a los intendentes, al diferenciar al gobierno provincial con la administración de los municipios. Él está en contra de la reelección de los gobernantes, no de los administradores. Su precandidato presidencial por el radicalismo, Gerardo Morales, también apoya esta orientación de cogobierno; el peronismo en Jujuy le acaba de dar el triunfo en las elecciones provinciales.

Lejos están estos de querer terminar con las reelecciones, con los sistemas fraudulentos (acoples y ley de lemas) que rigen en diversas provincias, o con las manipulaciones electorales que trae consigo el financiamiento privado a los partidos. No les importa lo que padecemos los trabajadores. En San Isidro, se pelean por ver quién maneja la caja municipal y el enorme negociado del capital inmobiliario. Todos defienden a los Boating Club, Chediack y Cencosud.

Con la izquierda se terminan las reelecciones de gobernadores e intendentes y el financiamiento privado en las elecciones. Igualaríamos de inmediato el salario del funcionario con el de un trabajador calificado, instauraríamos el derecho a la revocabilidad y abriríamos las cuentas municipales al control popular. Defendemos otros intereses, los de los trabajadores. Luchemos por el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación y al trabajo.

https://prensaobrera.com/politicas/el-kirchnerismo-denuncia-las-irregularidades-del-prestamo-del-fmi-pero-sigue-financiando-la-fuga

https://prensaobrera.com/politicas/el-programa-de-milei-ajuste-reforma-laboral-privatizaciones-xenofobia-y-estado-policiaco

https://prensaobrera.com/politicas/las-paso-del-pts