La industria farmacéutica facturó $152.070,4 millones entre julio y septiembre de este año, según un informe del Indec. Esto significa un aumento del 74,1% en comparación al mismo trimestre de 2020, con un alza de 77 puntos para la facturación de producción nacional y 66 puntos para la reventa local de importados. Si lo comparamos con el índice de precios al consumidor, el aumento de la facturación se ubicó 22 puntos por encima de la inflación. Esto tiene como raíz tanto el mayor consumo como la suba de precios que denunciamos en Prensa Obrera, repercutiendo directamente en los bolsillos de los trabajadores y jubilados en medio de una pandemia donde los fármacos son absolutamente esenciales para el tratamiento.

Si bien el grupo de medicamentos relacionados al tratamiento de patologías del sistema respiratorio tuvo una mínima incidencia -representando el 3,9% del total de la facturación trimestral-, lo cierto es que los fármacos para enfermedades crónicas sí tuvieron una importante repercusión. Solo por dar un ejemplo, los medicamentos antineoplásicos e inmunomoduladores facturaron más de $22 mil millones (15%), los relacionados al aparato digestivo y metabólico más de $25 mil millones (16,5%), los del aparato cardiovascular $16 mil millones (11,2%) y los del sistema nervioso casi $20 mil millones (13%).

Desde el comienzo de la pandemia se registran fuertes aumentos en los precios de los medicamentos. Las empresas se justifican con que deben importar principios activos para poder producirlos localmente, por lo que las devaluaciones y las trabas a la hora de ingresarlos al país generarían las alzas. Pero lo cierto es que los aumentos superan la devaluación de la moneda. En realidad, durante toda la pandemia salió a la luz un régimen de privilegios para las farmacéuticas y los laboratorios, que tuvo su emblema en el caso de Sigman -se retrasaron casi seis meses las entregas de millones de dosis contra el coronavirus aun cuando estaba hecha la mayor parte del pago y luego se lo premió con nuevos permisos de producción de vacunas.

Es justamente esta dinámica de beneficios para los grandes pulpos farmacéuticos lo que permite este tipo de manejo con los precios. Además, el gobierno amparó esta situación bajo una falsa “regulación” que solo sirvió para legalizar los aumentos. Así es como algunos de los fármacos más utilizados en terapia intensiva alcanzaron alzas de hasta 1.500% en un año, autorizados por el gobierno y en complicidad con la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario y con la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales.

 

Un mes atrás, el gobierno dispuso un congelamiento de algunos fármacos que causó que las empresas pusieran el grito en el cielo para “no alterar las reglas de la libre competencia a través del congelamiento de precios”. Pero la realidad es que solo un puñado de privados decide realmente el importe de los medicamentos, los cuales aprovecharon el aumento de la demanda durante la pandemia para aumentar sus ganancias. Además, se utilizaron todo tipo de maniobras para evadir cumplir con la normativa sin que haya un control por parte del gobierno: desde desabastecimiento de los productos congelados hasta ofertar únicamente fármacos de marcas particulares sin congelamiento en vez de genéricos. También se vio una remarcación de precios previo a los controles en pos de burlarlos.

En dos semanas la Secretaría de Comercio Interior de Roberto Feletti deberá cerrar un nuevo acuerdo con las productoras, que todo indica comprenderá en una lista con menor cantidad de productos y rearreglo de precios. Se debe reclamar la apertura de los libros de las empresas y laboratorios productores de medicamentos, de manera que se pueda evaluar cuáles deberían ser los precios de los medicamentos. A su vez, estatizar toda la industria farmacéutica, avanzar en la liberación de patentes y licencias de los fármacos y vacunas, para que la producción de la misma sea guiada por las necesidades de la clase trabajadora. Aumento del presupuesto de ciencia y técnica para que se pueda desarrollar la industria nacional, aumentando el salario de investigadores y científicos bajo estas tareas.

También es preciso avanzar en la centralización del sistema de salud, incluyendo hospitales, clínicas, laboratorios y centros de investigación públicos, privados y de las obras sociales, de manera que se pueda analizar con qué recursos se cuentan y cuales son escasos, de manera que se optimice el uso de los mismos y se garantice el acceso de toda la población a un sistema de salud público, gratuito y de calidad.

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