Hoy el Indec dio a conocer los índices inflacionarios del mes de septiembre. Para el período, el organismo refiere un 6,2% de inflación mensual, lo que la mantiene en niveles récord, un 66,1% de acumulado anual y un 83% de inflación interanual. Así, continúa la pulverización del poder adquisitivo y cae en picada el consumo. De hecho el consumo masivo registró una baja del 10,5% en lo que va del año y de un 9,9 anual en septiembre, siendo el más elevado en lo que va del año. Los más perjudicados por esta estampida somos los trabajadores, quienes vemos cada vez mas restringido nuestro acceso a los productos más elementales.

Los alimentos percibieron un aumento en septiembre del 6,7%, y su consumo cayó un 6,8% interanual. Esto se verá acicateado hacia octubre por los efectos del dólar soja, un beneficio cambiario que el gobierno le otorgó a las patronales agrarias y que encarecerá el precio de los alimentos de los animales y así sus derivados, como la leche, la carne, el pollo y los huevos. De esta manera se conforma un golpe enorme al bolsillo del pueblo trabajador que ve puesta cada vez más en su duda su posibilidad de comer.

Otra gran parte de estos índices se ven conformados por los aumentos en los precios regulados por el Estado, como es el caso de las tarifas de luz, agua y gas (mediante la segmentación tarifaria) y el transporte. A su vez también autorizó aumentos para las prepagas (es el octavo que le autorizan en lo que va del año), las telecomunicaciones y los servicios de telefonía.

En octubre impactarán también los aumentos en los combustibles que la secretaria de Energía, Flavia Royón, le autorizó a las petroleras (lo que encarecerá todo el resto de las ramas productivas) y vendrán las nuevas cuotas de aumento en las tarifas cuando el fondo exige ajustar la segmentación, lo que vaticina además nuevos aumentos a futuro. Así, queda claro que, además de las remarcaciones de las empresas, el principal “formador de precios” es el gobierno.

Además, el paquete de desdoblamiento cambiario anunciado por Massa es una devaluación en cuotas que impactará sobre el precio de los productos finales que pagan los consumidores, como es el caso del “dólar Coldplay” para los eventos culturales o el dólar tarjeta para el caso del turismo.

Ahora el gobierno estaría evaluando convocar a un acuerdo de precios y salarios que ni siquiera incluiría un congelamiento de precios, lo que significa que va a utilizarlo para echar por tierra las paritarias con la excusa de estar tomando medidas frente a la inflación, las cuales serían estériles.

La inflación es una transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia el Estado y los empresarios. El gobierno entonces la utiliza para licuar gastos fiscales, entre los que se encuentran los salarios y las jubilaciones, y aumentar su recaudación, vía impuestos al consumo, en pos de cumplir con las metas del FMI. Además, no por nada, por ejemplo, las principales empresas del país han aumentado sus márgenes de ganancia al compás de una caída de los salarios y son ahora las mismas que exigen una mayor flexibilización laboral.

Es urgente organizarse y pelear por una recomposición salarial, siguiendo el camino del Sutna, que ubique el salario inicial en $180 mil y establezca aumentos mensuales indexados a la inflación. La necesidad de un paro nacional seguido de un plan de lucha es total.

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