Pasados los primeros días de octubre, y aún sin los datos oficiales, las consultas privadas prevén que la inflación de septiembre rondará el 3,3%, volviendo a franquear la barrera de los 3 puntos y desmintiendo la tesis oficial del “principio del fin” de los aumentos en los precios. Esta realidad impacta particularmente sobre los ingresos y haberes de los sectores más vulnerables, entre ellos millones de jubilados, pensionados y desocupados que son ajustados por la política del gobierno nacional.

El dato proviene de la consultora Orlando Ferreres & Asociados, desde donde se estima que con esta suba la inflación llevaría acumulado para lo que va del 2021 un 34,4% y un aumento interanual del 47,7%. Para septiembre, alimentos y bebidas sumaria un 3,3%, salud 5,8%, equipamiento y funcionamiento del hogar 5,1% y educación 7,3%.

Un ataque a los más vulnerables

A esto se agrega el informe elaborado por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que da cuenta de la ubicación de la canasta básica de los adultos mayores en $75.505: es decir, con un aumento interanual del 52%.

De entre los distintos rubros que componen esta canasta, los alimentos y medicamentos representan alrededor de la mitad de la misma, a la que se suman productos de limpieza e higiene, insumos de farmacia, impuestos y servicios, transporte, vestimenta, gastos de vivienda y recreación.

Esta cifra deja a más de 8 millones de jubilados y pensionados por debajo del umbral de la pobreza. 4.5 millones de jubilados y pensionados de la mínima ($25.922) cubren tan solo un 25% de las necesidades básicas, según afirmó el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino (Clarín, 6/10). Mientras que las pensiones no contributivas y la Pensión universal al Adulto Mayor se encuentran por debajo de la mínima. Lo mismo ocurre para 2 millones de jubilados que perciben haberes de alrededor de $40.000.

Para el caso de los beneficiarios de los programas sociales, con quienes el gobierno hace demagogia de “recuperación del empleo”, se trata de un millón de beneficiarios que cobran $16.000, contra una canasta básica que supera los $70.000. Algunos pocos de estos acceden a cobrar el equivalente a un salario mínimo a cambio de una contraprestación laboral sin ningún reconocimiento de derecho de esa índole.

Tal es el deterioro en los bolsillos de los sectores más vulnerables que las organizaciones piqueteras acaban de realizar un “Ollazo Nacional” en el Obelisco porteño para denunciar el crecimiento de los comensales de los comedores populares y el ajuste oficial en la provisión y calidad de las partidas alimentarias.

Con el FMI no hay salida

El gobierno no logra revertir, siquiera previo a las elecciones, el cuadro de ajuste impuesto por la política desenvuelta, que implica un ajuste contra los jubilados y los desocupados, partiendo del recorte del gasto público para garantizar el “ahorro fiscal” para el FMI.

En el movimiento obrero esto se aplica con una pauta de aumento salarial por debajo de la suba de la inflación y de las proyecciones de los precios, en un cuadro donde se amplía la brecha cambiaria y los capitalistas trasladan a los precios sus expectativas devaluacionistas, lo que también tira por la borda las “gestiones” y programas de “control de precios” oficiales.

Para enfrentar esta política debe llevarse la mínima por arriba de la canasta básica para el adulto mayor y un seguro universal al desocupado que cubra los $70.000 para satisfacer las necesidades más elementales. Junto a la intervención de toda la cadena de valor y la nacionalización del comercio exterior para evitar que se trasladen los precios internacionales a la mesa de las familias obreras.

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