Luego del leve descenso del índice inflacionario a 2,5% durante agosto, las estimaciones de septiembre indican que podría superar el 3%, lo que terminaría por ubicar la suba de precios interanual por encima del 52%. Junto con los aumentos de precios y servicios estipulados para octubre, se consolidará la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, con salarios liquidados debido a las paritarias del 40%, y de los jubilados, de los cuales más de 2 millones cobran la mínima de $25.922.

Entre los aumentos del mes entrante se encuentra el 9% de las cuotas de las prepagas, que viene de tres meses de aumento consecutivo luego de que en julio acordaran la actualización con el gobierno nacional del 27% hasta enero de 2022. En su momento, dicha actualización se discutió entre aprietes a los trabajadores, a quienes amenazaban con eliminarles las paritarias si no autorizaban el aumento del servicio. Sin embargo, esto no significó una mejora en los servicios, sino que producto de la falta de inversión en infraestructura para las clínicas y elementos esenciales cerraron 13 clínicas privadas el año pasado solo en la provincia de Buenos Aires. Tampoco significó una mejora en la situación salarial de los trabajadores: la mayoría cobra por debajo de la canasta básica total. Cuando se complete el cronograma de subas, el incremento se consolidará en un 41,16% anual.

Los inquilinos también serán (nuevamente) ajustados. Aquellos que firmaron un contrato de alquiler después de octubre de 2020 podrán sufrir un aumento de hasta el 55% debido a la actualización acordada en la Ley de Alquileres, comprobando que lejos de resolver el problema de la crisis habitacional solo lo profundizó. Además, están sufriendo las consecuencias de las subas previas a la puesta en marcha de la ley, que en algunos casos derivó en actualizaciones del 75%. La situación es angustiante para los miles de inquilinos, sobre todo de la Capital Federal donde el costo promedio de un alquiler de dos ambientes de 50 metros cuadrados llega a $42.628. Un relevamiento de ZonaProp puso esto sobre la mesa, donde se indicó que los alquileres aumentaron 38,9% en lo que va del 2021, por encima de la inflación del 32%. El intento de regulación de los mismos brilla por su ineficacia, ya que el propio Índice para Contratos de Locación (ICL) del 49% interanual quedó muy por detrás de la realidad.

A estos se suman los incrementos en la educación privada, que consumarán un 4,9% y de las expensas, que se elevarán en un 10%.

En el mientras, este lunes el gobierno anunció la mísera actualización del salario mínimo vital y móvil, pasando de $29.160 a $33.000… en marzo de 2022. Son migajas para aplacar el descontento social expresado en las Paso, pero que de ninguna manera lograrán revertir la carestía de las familias más pobres del país. Es lo que expresan las recientes cifras del Indec acerca de que el 40% de la población es pobre y el 10,7% está por debajo de la línea de indigencia, índices que no tuvieron mejoría ni siquiera luego del crecimiento de la actividad económica, ahora sin restricciones por la pandemia. Del IFE no hay noticias, aunque aparentemente se dará a una menor cantidad de gente y será de un 50% menos que en 2020.

Contrario a esto, los números indican que no son las familias pobres las que se benefician del crecimiento, sino una minoría de empresarios y capitalistas que se vieron beneficiados con la eliminación de las retenciones, la exención de los aportes patronales y la flexibilización de las condiciones laborales. Es la agenda antiobrera que dicta el FMI, y que de igual manera se expresa en el Presupuesto 2022, donde Guzmán ya dejó en claro que el año que viene reducirán los subsidios a las empresas de servicio a costa de mayores tarifazos segmentados.

Enfrentar el ajuste sobre los trabajadores solo podrá venir de la mano de la organización independiente, que se levante contra los atropellos a la clase trabajadora y para luchar por un salario mínimo de $100 mil, seguro al parado y el reparto de horas sin afectar al trabajo; contra el ajuste en salud y educación; por el no pago de la deuda externa, la ruptura con el FMI y la nacionalización de la banca y el comercio exterior.