En los últimos días, la Legislatura bonaerense se vio sacudida por el escandaloso caso de las tarjetas de débito en poder del puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau. 48 tarjetas de empleados de la Legislatura estaban en poder de Rigau, quien está identificado con el Frente Renovador de Massa y también es empleado de la Cámara de Diputados.

Al momento de ser detenido el 9 de septiembre pasado, Rigau se encontraba “recaudando” dinero de todas esas tarjetas en un cajero que está a 50 metros de la Legislatura, y se estima que solo en septiembre había extraído casi 27 millones de pesos. Según trascendió, esas cuentas reciben sueldos superiores al medio millón de pesos.

Sin embargo, hace pocos días “Chocolate” fue liberado, al tiempo que se anulaba la causa por casi 200 hechos de defraudación, por supuestas irregularidades en el proceso de detención. Como denunció el dirigente del Partido Obrero y candidato a diputado por el FIT-U, Néstor Pitrola, “la liberación de Rigau mediante un tecnicismo jurídico, siempre a mano para garantizar impunidad, solo apunta a evitar un escándalo de proporciones mayúsculas si el operador detenido declaraba a dónde y a quiénes iba el dinero”.

La Legislatura es una caja negra

A estas alturas ya es un secreto a voces que la Legislatura bonaerense es una caja negra donde los recursos se administran de forma discrecional entre los bloques políticos mayoritarios. Sin ir más lejos, al tiempo que la Legislatura aprobó el presupuesto 2023 para la provincia, también fue aprobado a libro cerrado el presupuesto de ambas cámaras. Al momento de la votación, y hasta algunos meses después, ni siquiera los diputados, por fuera de los jefes de bloque, pudieron acceder al proyecto de presupuesto de la Legislatura. Sin embargo, el oficialismo y Juntos por el Cambio lo aprobaron favorablemente.

El escándalo no solo es aprobar un proyecto a libro cerrado, sino que el funcionamiento posterior también abre el juego al manejo discrecional de fondos. Las autoridades de las cámaras se atribuyen el manejo y distribución de los recursos, y toda la información referida a ello. No existen rendiciones de cuentas transparentes.

Lo que cierra el cuadro de esta “caja negra” es la precarización laboral en ambas cámaras, que además de reducir los gastos salariales se utiliza para manejos corruptos de los recursos asignados a la Legislatura. No hay funciones establecidas a cambio de un sueldo determinado, por lo que los diputados y bloques arman estructuras con salarios y empleados a su criterio. Todo indica que “Chocolate” Rigau era un recaudador de un plantel “figurante”, que se valía de esta precariedad de los vínculos laborales de la Legislatura para desviar recursos.

Una legislatura que no trabaja y le da la espalda a los reclamos

Algunos medios, durante este año, repararon en la parálisis total de la Legislatura, que tuvo una única sesión ordinaria de diputados el 12 de abril. Un mes antes, el discurso de apertura de sesiones de Kicillof debía ser reprogramado por un apagón masivo, en una muestra de la situación crítica que atraviesa la provincia en distintos aspectos. En el medio se realizó una sesión extraordinaria “conmemorativa” del 24 de marzo, donde se anunció que se trabajaría para “revisar, derogar o modificar” centenares de decretos-leyes de las últimas dictaduras militares que se encuentran aún vigentes en la provincia, cuestión que no avanzó ni un ápice desde esa fecha hasta el momento.

Lógicamente, el problema no se reduce a la cantidad de sesiones o reuniones. Bien podría haber un álgido “trabajo” legislativo sin que eso redunde en el tratamiento de temas de importancia para la población trabajadora bonaerense. Es el caso de la sesión del 12 de abril, que en plena conmoción por el asesinato del chofer en La Matanza, con posterior golpiza al ministro Berni, no trató el asunto. De hecho, dicha sesión tuvo, como orden del día, 19 leyes: 6 declaraciones de día provincial de algún tema, 8 personalidades destacadas y 2 ciudadanos ilustres, 1 declaración de interés de la “Fiesta de la Manzanilla” y dos modificaciones a leyes vigentes.

Las comisiones tampoco “trabajan”

No solo las sesiones brillan por su ausencia. El supuesto “trabajo en comisiones”, que algunos diputados oficialistas alegaban en distintos medios para disimular la parálisis, es casi nulo. De las 45 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, solo 2 o 3 de ellas se reúnen durante la semana, y algunas directamente no se reúnen desde marzo del año 2022.

El caso de “Tierras y Organización Territorial”, presidida por Patricia Cubría, del peronismo, es un ejemplo de ello. La comisión no volvió a reunirse luego de votar autoridades en marzo de 2022, aún teniendo temas importantes a tratar. Recordemos que el propio oficialismo admitió que la situación de déficit habitacional alcanza a 2 millones de personas en el territorio bonaerense. Guillermo Kane, diputado del PO-FITU, quien tiene presentado un proyecto que apunta a garantizar el derecho a la tierra y la vivienda, entre otros proyectos sobre la temática, denunció reiteradamente esta situación.

En el caso de la comisión de “Ambiente y Desarrollo Sostenible”, que tuvo unas pocas reuniones más que Tierras, dedicó el espacio a tratar declaraciones y “beneplácitos” que no tienen injerencia concreta en la realidad provincial. Mientras tanto, siguen cajoneados proyectos como el de la prohibición de fumigaciones con agrotóxicos en zonas pobladas, y el de la prohibición del trigo transgénico. Tampoco hubo por el momento ninguna discusión al respecto de la exploración petrolera off-shore que el gobierno quiere implementar en el Mar Argentino, particularmente en las costas bonaerenses.

Los temas de interés para los trabajadores no tienen lugar en esta legislatura virtualmente cerrada. Luego de idas y vueltas, el proyecto de ley del oficialismo por las jubilaciones del Bapro perdió estado parlamentario. El del Frente de Izquierda, que plantea la anulación de la ley de Vidal, sigue vigente pero no tiene tratamiento de ninguna de las comisiones.

Mientras la legislatura de CABA votó la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito, la provincia de Buenos Aires lo sigue sosteniendo. El proyecto presentado por el PO-FITU al respecto tampoco recibió tratamiento en comisiones, luego de meses. Otros proyectos, como los plenos derechos para trabajadores de las apps de reparto, la declaración de emergencia en infraestructura educativa, o los proyectos en defensa de Ioma y el IPS que presentó el PO-FITU ni siquiera tienen comisión asignada debido a la falta de sesiones.

A tal punto llega el nivel de vaciamiento de los debates y el cajoneo de los temas de interés de la población que no se tratan ni en sesión ni en comisiones los pedidos de informes al Ejecutivo que los diputados pueden presentar. La banca de Guillermo Kane, por ejemplo, tiene presentados casi una veintena referidos a cuestiones de represión estatal, violencia narco en los barrios, contaminación ambiental, aplicación del aborto legal en la provincia, y falencias graves en los servicios públicos esenciales (como agua y electricidad). A esto se suman los pedidos de interpelación a ministros como Berni e Insaurralde por hechos de represiones y asesinatos a manos de la Bonaerense, entre otras cuestiones. En muchos casos, los proyectos antes mencionados fueron trabajados con organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y asambleas vecinales, pero aún así su tratamiento es cajoneado por los bloques mayoritarios y en particular por el oficialismo.

Enfrentemos este régimen de cajas negras que gobierna de espaldas a los trabajadores

El acuerdo de funcionamiento en una mesa chica entre el PJ y Juntos por el Cambio en la Legislatura garantiza la corrupción y los casos escandalosos como el de “Chocolate” Rigau, que debe ser investigado a fondo. Ese mismo acuerdo es el que funciona para darle la espalda a cualquier reclamo popular. De ambos lados de la “grieta” se defiende el ajuste contra los trabajadores y el pueblo. Al mismo tiempo, el silencio del bloque “libertario” frente al escándalo de corrupción de Rigau es relativamente llamativo y no deja de ser un mensaje sobre que no sacarán los pies del plato en caso de llegar al gobierno. Además, no olvidemos las relaciones e intercambio de favores admitidos públicamente entre el sector de Milei y el massismo.

El Frente de Izquierda, el único bloque que no es parte ni cómplice de la corrupción y del funcionamiento escandaloso de la Legislatura, reclamará con una acción política el tratamiento de todos los proyectos de interés para grandes sectores de la población y los movimientos de lucha.

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