La Legislatura rionegrina aprobó en primera vuelta y de manera unánime el jueves 25 de agosto el proyecto de ley presentado por el gobierno de Arabela Carreras, modificando la Ley Lasalle N° 3.308 (Ley de Hidrocarburos provincial) que data de 1999 y que “prohibía el desarrollo de infraestructura para el transporte de crudo o gas desde las costas rionegrinas”.

El artículo 15 del proyecto de la ley que fue aprobada modifica el artículo 1º de la Ley Nº 3308, la denominada Ley Lasalle, que impedía la instalación de oleoductos o gasoductos y de terminales para carga y descarga de buques. La modificación, deja sin efecto la última parte, haciendo viable la millonaria inversión anunciada por YPF. Río Negro también sueña con una planta de GNL en el puerto de San Antonio, todo en el Golfo San Matías.

Aunque dicha modificación es argumentada por el aporte que se daría a la industria petrolera desde la provincia de Río Negro, principalmente a la cuenca neuquina, generando valor adicional, la misma representa un claro posicionamiento de todas las fuerzas políticas que gobiernan hoy en la provincia en beneficio de las petroleras saqueadoras y contaminantes, sean estás nacionales o internacionales.

De las 22 concesiones de transporte de hidrocarburos que existen actualmente en Río Negro, 14 fueron otorgadas por el gobierno nacional y ocho por parte de la provincia. Fuentes del gobierno ratificaron que “no habrá conflictos de intereses” porque hay disposición de ambas partes, algo verdadero y comprobable.

Un plan sistemático: saqueo, contaminación y precarización laboral

La legislatura rionegrina aprobó hace pocos meses la creación de la Zona Franca en Sierra Colorada, favoreciendo así la instalación de empresas que doten de infraestructura a toda la región alrededor de la localidad de Sierra Grande, donde el gobierno nacional y provincial pretenden proyectar el hidrógeno verde. El primer punto es que para esto han firmado de ante mano un acuerdo de colaboración entre partes, que se refleja en las reuniones y acuerdos entre la gobernadora y el presidente, los acompañamientos de Weretilneck y sus compañeros en el Senado de la Nación al Frente de Todos, y la unanimidad de la legislatura, donde conviven Juntos Somos Río Negro, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio acaban de sellar acuerdos.

Estamos por lo tanto frente un plan sistemático de entrega y saqueo de recursos a favor del capital nacional e internacional, condicionado y hasta legislado por el acuerdo con el FMI. Un ejemplo actual y contundente es la proyección de un oleoducto de YPF a Punta Colorada, el puerto de Sierra Grande, donde se declaro la zona franca y donde se proyecta el hidrógeno verde. Los “provincialistas” y “nacionales y populares” se rasgan las vestiduras discursivamente, pero en los hechos apoyan a multinacionales que piden subsidios, territorios de miles de hectáreas y los derechos exclusivos para exportar todo, tanto la energía producida como los dólares generados, como recientemente ha sucedido con la australiana Fortescue. Un negocio capitalista redondo a costa del hambre y contaminación del pueblo.

Fue la contaminación uno de los puntos introducido en el debate por el Cipoleño de JSRN Sebastián Caldiero, que también muestra dicha convivencia entre el gobierno nacional y provincial, y las graves catástrofes ambientales que vienen generando. Entre los argumentos, deslizados también en la última sesión, Caldiero citó lo que sucede en los yacimientos. “Mientras lo hagamos de manera complementaria, no debería ser un problema para nadie. Sumamos y colaboramos con el control”, analizó el cipoleño, y añadió: “Lo que sucedió en Medanito (por el derrame de tres millones de litros de petróleo), la provincia no tiene poder de actuación frente a un incidente. Solo queda la actuación en el plan de contingencia. Eso deja en evidencia que el control que ejerce la Nación es un control en forma, no físico en el campo” (Más Energía).

Caldeiro se olvida mencionar que días antes del derrame Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación había estado con la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras en la estación central Fernández Oro inaugurando “instalaciones de moniterio de máxima tecnología”; o que el mayor accionista del Oldelval S.A., responsable del derrame es la nacional YPF.

Algo que no se introdujo en la sesión del jueves es la brutal precarización laboral que sufre el sector de los y las trabajadores petroleros. Hace poco la muerte de un trabajador de 32 años puso en evidencia esa precarización laboral. De hecho, el accidente ocurrió en un pozo de YPF donde opera una tercerizadora Rakiduamn.

Qué el compañero que sobrevivió se haya constituido como querellante en la causa pone en el banquillo de los acusados a todos los responsables de la muerte del compañero petrolero, y de la precaria labor diaria de miles de trabajadoras y trabajadores petroleros en todo el país.

La industria energética bajo control obrero

Para parar con el saqueo de recursos, con la contaminación ambiental y la precarización laboral hay que oponerle un programa opuesto, que parta de expropiar bajo control obrero toda la industria energética del país y la provincia. Hasta aquí el capitalismo ha dejado sectores concentrados del capital enrriquecidos, y poblaciones completas empobrecidas y contaminadas. Hasta aquí, solo sectores ambientalistas convocados en la asamblea provincial Curru Leufu han salido a posicionarse en su contra, no así los sindicatos y las centrales obreras, hasta el momento aliados del saqueo.

Para parar en lo inmediato con el saqueo en marcha, hay que salir con un plan de lucha y con una clara consigna a las calles: abajo la modificación de la Ley de Hidrocarburos.