Este martes se le dio media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de Ley “Antimafias” presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Vanina Biasi, diputada por el Partido Obrero en el FIT-U advirtió: “Esta ley es para perseguir opositores, no para combatir el delito organizado”.

El proyecto sostiene en su artículo 1 que se aplicará cuando se considere “verosímilmente” que una persona es miembro de una organización criminal, un término que contradice la norma que exige que la acusación debe ser precisa, estricta, clara y concreta. Tampoco define qué se entiende por “organización criminal” más allá de enunciar un listado de variados delitos que van desde el homicidio, lavado de activos o la trata de personas hasta los de amenazas o intimidación pública. Estos últimos se han usado últimamente para criminalizar a los que se movilizan contra el hambre o se manifestaron contra la Ley  Bases y el DNU70, mientras los negocios espurios siguen operando en todo el territorio nacional abiertamente.

En el artículo 2 se establece la “presunción” de pertenecer a una organización criminal por el hecho de que un delito se cometió en una Zona Sujeta a Investigación Especial. Estas “Zonas Especiales” pueden ser un barrio, una ciudad o dos y pueden extenderse a otras áreas que no hayan sido consideradas “especiales” y en ellas se establecen “estados de sitio”. A su vez se eliminan garantías constitucionales, como el allanamiento de morada con orden judicial, lo que habilita allanamientos en cadena que seguramente no se realizarán en los countries donde habitan los jefes narco. 

Se habilita la detención por “averiguación” de un delito cometido por un tercero y no por la comisión del mismo. De esta forma se pretende eludir las recientes condenas de la CIDH a la Argentina por detenciones ilegales, dándoles un respaldo legal. Estos son solo algunos ejemplos del atentado a las libertades democráticas y a los derechos humanos que la ley plantea.

Vanina Biasi, diputada por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, afirmó: “Yo creo que hay grandes delitos que se cometen en Argentina y que son un drama particularmente para las familias más vulnerables. Si uno tiene que pensar en el delito organizado seguramente piensa en la trata de personas, en el narcotráfico, pero el gobierno no está pensando en eso y por eso puso acá figuras penales que le permiten disfrazar una política persecutoria frente a la protesta social y opositores políticos para finalmente utilizar ese recurso”.

Y agregó: “En este Congreso estamos discutiendo la compra y venta de niños y hay una resistencia muy grande a colocar ese tema en el plano de la trata de personas. Y esa resistencia no es una resistencia que debamos pasar por alto, es una resistencia muy pensada por políticos que gobiernan diferentes provincias en donde es de uso corriente comprar y vender niños y en función de eso piensan cómo atacar el delito pero que quede circunscripto. Cada vez que uno mira qué hay detrás de la trata de niños, del narcotráfico, de la trata de personas, lo que tienen en común es la participación del Estado.

También hizo alusión al caso Loan: “En el caso de Loan estamos en presencia de un dictamen de alerta Sofía tardío y luego incumplido. Pasó algo? faltaban leyes? lo que ocurrió es que en definitiva no hubo voluntad política de avanzar porque donde tocaban iban a encontrar gente que pertenece al aparato del Estado, policía, fiscales, está imputado un senador de la provincia de corrientes, y si buscaban iban a encontrar mucho más.”

A su vez, la diputada fue clara cuando llamó la atención sobre el accionar del Poder Judicial sobre los 33 detenidos durante la Ley Bases: “Le están dando el visto bueno a una persona que armó, desde una conferencia de prensa, una causa judicial contra 33 personas y pretendió avanzar en una imputación por terrorismo, sedición y todo tipo de delitos contra manifestantes del 12 de julio. Esto debería ser una alerta para este Congreso, para no aprobarle a este gobierno semejante nivel de impunidad a través de una ley que solo busca tener más instrumentos judiciales para combinar la persecución política y judicial contra la protesta social ¿Quieren combatir mafias? ¿Por qué la ley no dice nada sobre los puertos privados de este país a través de los cuales se trafican personas y sustancias y cuyos capitales se blanquean a través de los beneficios que el Congreso le otorga a estos delincuentes? ¿Cómo no vamos a rechazar este instrumento de impunidad?”.

Y cerró: “Vamos a rechazar esto. Creo que los que le dan viabilidad a esta ley están incurriendo en algo muy grave para el régimen político y social tal cual se lo conocía en este país y creo que las consecuencias van a ser muy gravosas. Es injusto que se llame “antimafias”, es una ley para perseguir opositores”.

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