La ministra de Trabajo del gobierno nacional, Raquel “Kelly” Olmos, se pronunció a favor de modificar los convenios laborales. Al igual que el presidente y otros funcionarios del elenco oficialista, Olmos es partidaria de flexibilizar las condiciones de trabajo para abaratar “el costo laboral”.

En una entrevista televisiva, Olmos dijo que la reforma laboral debe implementarse de a poco, sector por sector, mediante un acuerdo entre el Estado, las patronales, y los sindicatos. Esto es lo que ocurrió en Toyota, donde se implementó una reforma que permitió batir récords de producción a través de la intensificación de los ritmos de trabajo y sin la contratación de nueva mano de obra. En otros lugares, como en la empresa de correo postal OCA o en algunas pymes, también se avanzó en una modificación reaccionaria de los convenios colectivos.

Detrás de esto, se esconde la tentativa de la clase capitalista de legalizar las condiciones laborales que priman en el sector informal, sacar una mayor tajada de plusvalía, y de incrementar su tasa de ganancia. Es una orientación que es apoyada por todos los políticos patronales, desde Cristina Fernández, pasando por Horacio Rodríguez Larreta, hasta el ultra Javier Milei.

La aplicación sectorizada de la reforma laboral, apelando a la complicidad de la burocracia sindical, tiene como objetivo evitar lo que ocurrió en diciembre de 2017, cuando una rebelión popular contra la reforma antijubilatoria (mientras se discutía en el Congreso) de Mauricio Macri y el peronismo sacudió al país.

Este ataque a los derechos laborales se combinaría con la ofensiva fondomonetarista en curso, que tiene su expresión, entre otras cosas, en los tarifazos, la devaluación y la destrucción de las jubilaciones.

Es necesario derrotar la agenda capitalista del gobierno con la movilización popular.