Políticas
10/12/2025
NEUQUÉN
La Neuquinidad y la patria contratista
Los beneficios del gobierno de Figueroa a las patronales.
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Neuquén.
El acceso al gobierno de la alianza del gobernador Rolando Figueroa en diciembre de 2023 tiene cuatro líneas muy definidas que explican su política general: la entrega vil del recurso hidrocarburífero, la ejecución de su propia “motosierra” contra los asalariados y desocupados, la continuidad del endeudamiento en dólares a tasas usurarias y los beneficios a las patronales y la patria contratista de “La Neuquinidad”.
Todos los actos de gobierno se enmarcan en alguna de estas cuatro políticas. El presente artículo, sin restarle importancia a las tres restantes, se va a concentrar en la tempranísima alianza benefactora del nuevo gobierno con los empresarios de las obra pública.
De la transición a la asunción de Figueroa
La Neuquinidad ganó la elección provincial el 16/4/2023. A los pocos días se conformó un equipo entre el gobierno saliente y el entrante para acordar todo el proceso de transición hasta el 10 de diciembre. El presupuesto 2024 fue elaborado en forma conjunta por ese equipo.
El 2 de mayo de 2023, en el período de transición, el gobernador saliente, Omar Gutiérrez, firmó el Decreto Nº 783 por lo que este decreto tuvo la aprobación del electo gobernador actual. Se trata de un decreto que reconoce los mayores costos por inflación para la obra pública en curso, denominada “redeterminación de preciso”, cuya “finalidad es mantener el equilibrio de la ecuación económico financiera a lo largo de los contratos de obra pública” a efectos de evitar“ la pérdida de la rentabilidad de las empresas”.
En su artículo 1º establece que esos precios “deberán ser redeterminados por el comitente en forma mensual y automática”. Antes, esa “redeterminación” solo se hacía si los precios superaban “el cinco por ciento (5%)” y era “a solicitud del contratista”.
Este decreto establece que sean mensuales y automáticas. Una concesión para los empresarios de la obra pública. Máxime cuando antes de iniciar cualquier obra, en general, reciben “anticipos financieros” del monto de la obra.
Por supuesto, esta concesión se justificó en base a la “situación crítica en materia económico-financiera nacional”.
Sin embargo, al mes de asumido, el gobernador Figueroa y su gabinete firmaron a inicios de enero el Decreto Nº 23/2024 para renegociar todos los contratos de la obra pública, en función de que se apreciaba “una paralización general” ante “la emergencia nacional en materia de obras públicas” y “las implicancias en las provincias del Decreto de Necesidad y Urgencia DNU 70/2023”.
Se define que ante esta realidad “resulta prácticamente de imposible aplicación y financiamiento en el contexto macroeconómico” aquel decreto de redeterminación firmado en la transición.
Pero esta caracterización no se resuelve con un ajuste hacia las patronales de la patria contratista, sino con un paso más en el proceso de concesiones, que se pretendió “readecuar razonablemente la ecuación económica de los contratos”.
El decreto complementario
En abril del año 2024, bajo la presión y amenazas de medidas de acción de la Cámara de la Construcción, la Legislatura votó la ley Nº 3432 por la cual se “declara el estado de emergencia en materia de obra pública provincial, creando el Plan de Reactivación de Obra Pública provincial por el plazo de 2 años”.
Según el oficialismo la provincia había “dejado de percibir el financiamiento del Gobierno nacional; hay más de cuatrocientas obras que están paralizadas”.
Esta ley le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de actuar ante la “emergencia de la obra pública”. Con este aval legal, en mayo del año 2024 el gobernador emitió otro decreto, el Nº 481/2024, con el que se adoptó un régimen nuevo de “redeterminación de precios en la obra pública” con los mismos conceptos y objetivos del anterior pero con vigencia desde el 1º de enero de 2024.
Hay que hacer notar que en el acuerdo salarial de aquel momento se otorgó la actualización trimestral, no mensual, y precisamente se excluyó del cálculo del índice de actualización el IPC de enero (24,5%). Pero no lo excluyó para redeterminar las liquidaciones de obra a la “patria contratista”. Esto solo ya muestra la política oficial cuando se trata de “mantener la rentabilidad empresaria” o “el poder adquisitivo de los salarios”.
En el artículo 2º, este nuevo régimen sostiene para las patronales la actualización de precios en forma mensual y acumulativa: “El estudio y redeterminación de precios que se aprueba por el presente decreto no podrá ser realizado por períodos menores a los treinta (30) días corridos contados a partir de la última redeterminación aprobada”.
Pero incluye que faculta al Estado a actualizar los precios cotizados si pasan más de 60 días desde
la apertura de sobres de la licitación o concurso de precios y la firma del contrato respectivo. Es decir garantiza que no exista la menor pérdida de rentabilidad para la empresa.
Así hace casi dos años que las patronales de la “patria contratista” gozan de la actualización mensual de sus ingresos, y sin límite de tiempo, una cuestión que para el mismo período el gobierno no sostuvo para los salarios y jubilaciones: un año primero, y ahora ofrece solo por 6 meses.
Muestra, si hacía falta alguna otra evidencia, la orientación social del gobierno. Se niega vehementemente a redeterminar el precio de la contraprestación laboral (el salario) en forma mensual y acumulativa y sin límite de tiempo, algo que otorga como política propia para las patronales de la obra pública.
La deuda y las obras aún paralizadas
Junto a la “emergencia” que votó la Legislatura, también se votó enseguida otra ley que habilitó al gobierno a contraer deuda por U$S 500 millones, de los cuales U$S 350 millones se destinarían a obra pública. Es decir, “la platita” para las patronales, pero no para salarios.
Sin embargo hay excepciones que confirman la regla. Una de las obras que aún continúa paralizada es el hospital norpatagónico. Una obra iniciada en el año 2022 y paralizada hace dos años. Su paralización es un golpe a la salud pública neuquina. Porque dicho hospital en construcción es el “más grande de la Patagonia y en uno de los de mayor complejidad del país” (LMN 19/9/2022). En su primera etapa pondría en funcionamiento “un Centro de Cirugía de Alta Complejidad,…con siete quirófanos… diagnóstico por imágenes (tres salas RX-1 tomógrafo-un resonador-1PET-1 SPECT), seis salas para endoscopia, una sala con diez camas para hemodinamia y laboratorio de análisis clínicos con microbiología…. farmacia hospitalaria.
Este hospital público, abandonado por el nuevo gobierno calificándolo de “obra faraónica”, según el ministro de Salud Martín Regueiro, en su parálisis garantiza que muchas internaciones, cirugías de alta complejidad y otros servicios médicos tengan que ser derivados a la salud privada y destinar ingentes sumas del presupuesto hospitalario a las cajas de los mercaderes de la salud.
El pliego es pertinente
Esto da fundamento al pliego votado abrumadoramente por las bases en las asambleas de Aten de toda la provincia fijando en lo salarial cuestiones clave: recupero el poder adquisitivo perdido, actualización mensual por IPC, todas las sumas al básico incluido el “plus” por presentismo y respeto absoluto por el 80% de las jubilaciones.
El gobernador, está claro, piensa sostener la redeterminación mensual para las patronales a costa de los salarios. Derrotar esta política va de la mano con la derrota de las iniciativas que impulsa el gobierno nacional, en especial la llamada “reforma laboral”, que es un masacre social, un retroceso civilizatorio de más de un siglo.
Si no es antes, porque se convoca a una nueva mesa salarial, hay que poner esta perspectiva dándole carácter de paro a las jornadas de ambas CTAs el 11/12 y movilizar multitudinariamente el 19/12 en un nuevo aniversario del Argentinazo y un mandato esencial que ha ganado las votaciones en las asambleas y el plenario de ATEN: no inicio del ciclo 2026.
