Las fuerzas represivas del gobierno nacional estrenaron un gas que causa quemaduras y ardor en la piel. Es un instrumento muy dañino y de efectos duraderos, que fue utilizado para atacar a los manifestantes que se movilizaron hacia el Congreso estos últimos dos días para rechazar el plan de guerra antiobrero de Milei. Durante los últimos años, los gobiernos han venido adquiriendo equipos antiprotestas y armas “no letales” para hacer frente a la reacción de los trabajadores.

Los damnificados por el gas, que fueron más de cien, denunciaron haber sufrido dolor y ardor particularmente insoportables, parecidos al de una quemadura. El periodista Alfredo Simón dijo a través de sus redes sociales que uno de sus compañeros de trabajo continúa padeciendo esos síntomas después de más de 14 horas. Más de 20 periodistas fueron heridos con balas de goma.

Esta arma contiene una sustancia amarillenta, que sería altamente tóxica. A algunos manifestantes les ha provocado dificultades para respirar. No es la primera vez que las fuerzas represivas argentinas innovan en materia de gases. María del Carmen Verdú, referente de Correpi, dijo a Tiempo Argentino (1/2) que “así como en 2017/2018 se empezó a usar un compuesto sumamente irritable diferente al ‘clásico’ gas lacrimógeno, ayer lo que usaron parece ser algo novedoso, mucho más agresivo”.

Organismos de derechos humanos pidieron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que diga qué es lo que contiene el aerosol. Todavía no han obtenido respuesta, pero en algunas fotos de la jornada de lucha de este 1 de febrero puede verse a efectivos policiales con un gas MK-9 Magnum Stream en la cintura. La empresa fabricante, Combined Systems, reconoce que su “uso incorrecto” puede causar lesiones corporales graves e incluso la muerte. En América Latina, entre 2017 y 2022, 33 personas fueron asesinadas por fuerzas policiales con estas armas supuestamente no letales (Revista Anfibia, 7/6/2022).

Combined Systems es una compañía norteamericana que suministra armas para la represión de movilizaciones populares a varios países de América Latina. Es líder en un rubro rentable. Entre 2017 y 2021, ocho países de la región (entre ellos Argentina) gastaron alrededor de 112 millones de dólares en la compra de estos pertrechos. Probablemente se haya gastado más dinero, pues en esta materia los gobiernos suelen moverse en los marcos del secretismo.

El gobierno de Milei se ha embarcado en un reforzamiento de la represión estatal. Esto implica, entre otras cosas, la adquisición de armas modernas y el perfeccionamiento de las capacidades de las distintas fuerzas para reprimir a la clase obrera. Además, quiere reformar el artículo 194 del represivo Código Penal con el objeto de endurecer las penas (carcel efectiva) sobre quienes protesten contra sus políticas antiobreras y hambreadoras.

Tenemos que tirar abajo toda esta política con la movilización popular.

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