Alberto Fernández anunció en su discurso de apertura de sesiones del Congreso que presentará una querella criminal contra los funcionarios del gobierno de Macri para “determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda”, en alusión al megacrédito pactado con el FMI en 2018 que terminó financiando la fuga de capitales.

Esta judicialización tardía es un acto de impotencia, de parte de un gobierno empantanado. Finalmente, la propia Justicia a la que señala como una camarilla concentrada debería dictaminar sobre la política económica de un gobierno nacional. La movida simbólica que apunta a mostrar a un presidente confrontativo con el macrismo para justificar la actual debacle económica y social del país terminará convirtiéndose en un bumerang contra toda la orientación oficial de rescate de la deuda externa.

Es que contra la expectativa en que el Fondo Monetario flexibilice sus exigencias, sea por el carácter fraudulento del crédito o por la crisis mundial agrava por la pandemia, lo cierto es que las negociaciones están empantanadas porque las contradicciones del rumbo económico de Argentina refuerzan las presiones por un ajuste drástico y garantías claras de repago. Sin ir más lejos, en medio de la aceleración inflacionaria y después del tarifazo en las telecomunicaciones, en marzo habrá un nuevo naftazo, aumentos en el transporte, prepagas; y el presidente confirmó que se cocinan las subas de luz y gas. Martín Guzmán quiere viajar a Washington a reunirse con el organismo habiendo hecho parte de los deberes. Es decir que, “querella” de por medio, el ajuste marcha viento en popa.

En resumen, al igual que los bonistas desplumaron al gobierno en la renegociación arrancando enormes concesiones, y que los acreedores de YPF impusieron hasta una “offshorización” de las exportaciones petroleras, el FMI terminará marcando la cancha ante un gobierno golpeado, que ni siquiera con los altos precios de las commodities y el planchazo de las importaciones (que azuza la recesión industrial), puede recomponer el nivel de reservas. Mientras intenta destrabar el acuerdo, ya pagó en febrero más de 300 millones de dólares al Fondo por el primero de siete vencimientos del año.

Fernández alegó que “para que pongamos fin a las aventuras de hipotecar al país es necesario que endeudarse no sea gratis, y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo aquellos que generan esas deudas”. El fraude no puede ser mayor. En primer lugar, porque en su primer año de mandato aumentó la deuda externa en 20.000 millones de dólares -canje incluido-, mientras que las reservas internacionales cayeron estrepitosamente a pesar del superávit comercial. La fuga sigue, y el endeudamiento también. Por eso, el rescate en curso prepara las condiciones de un nuevo default.

El propio Guido Sandleris, presidente del Banco Central durante la administración de Cambiemos, retrucó que “el préstamo se usó casi todo para pagar vencimientos de otras deudas”. Ello no absuelve a nadie, porque finalmente el endeudamiento externo es la vía predilecta de la fuga de divisas, que según el Central ascendió entre 2015 y 2019 unos 86.000 millones de dólares. Pero sí incrimina al kirchnerismo, que en 12 años de gobierno pagó 175.000 millones de dólares para dejar un país con una deuda mucho mayor a la heredada, de 250.000 millones de dólares -también reestructuración mediante-, mientras la fuga de capitales totalizó más de 100.000 millones.

Tenemos entonces la paradoja de que cuando el discurso oficial acusa al macrismo por la hipoteca impagable, le contestan que ello se debió al pago de lo que dejó el gobierno precedente. En conclusión, caemos en cesación de pagos por pagar el rescate de la quiebra anterior. Lo ilustra hoy el atolladero que implica el vencimiento de 2.400 millones de dólares con el Club de París que debe cancelarse en mayo, resto de una deuda que renegoció Kicillof cuando era ministro a la usuraria tasa del 9% anual. Por lo tanto, todos los gobiernos de las últimas décadas son responsables por este saqueo de la nación, que desde 1980 cayó cinco veces en default.

Una expresión clara de esta situación la tenemos en el desplome de la cotización de los bonos emitidos para el canje con los bonistas, lo cual refleja las pocas expectativas del mercado en que Argentina pueda afrontar el repago. Lo mismo muestra el riesgo país arriba de los 1.500 puntos, perpetuando la exclusión del país del crédito internacional. Esto abre a su vez otro endeudamiento leonino por parte de quienes hoy emprenden la “querella criminal”, porque el Banco Central y la Anses se hayan malvendiendo sus bonos para sostener la precaria pax cambiaria, lo que equivale a nueva deuda a una tasa sideral del 17%.

La única posición consecuente con una acusación de esta índole es dejar de pagar esta hipoteca, abrir una investigación independiente, y romper con el FMI. Por eso, son los trabajadores quienes deben sentar en el banquillo a todo este régimen de pagadores seriales de una deuda externa fraudulenta y usuraria.

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