Políticas
11/3/2025
La reconstrucción de Bahía Blanca y la responsabilidad criminal de todos los gobiernos capitalistas
Luchemos por un plan de obras, resarcimiento a los afectados y justicia por las víctimas.
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Un "comité de crisis" para pactar la impunidad.
La catástrofe de Bahía Blanca fue una tragedia anunciada. Por lo tanto se impone determinar las responsabilidades políticas que llevaron a la devastación de una de las grandes ciudades bonaerenses y la pérdida de vidas humanas, y establecer las prioridades populares en su reconstrucción.
Mientras Kicillof y su ministro de la Comunidad, Andrés "El Cuervo" Larroque, seguían elogiando al gobierno nacional por su "cambio de actitud y coordinación fluída" ante la inundación de Bahía Blanca, el jefe de gabinete Guillermo Francos los cruzó declarando que la reconstrucción de la ciudad es responsabilidad del gobernador y el intendente bahiense Federico Susbielles. Un bis de la provocación de Milei a los bahienses en 2023, cuando les dijo que tenían que arreglárselas con fondos propios para afrontar los destrozos entonces provocados por el huracán que golpeó a la ciudad.
Los 10.000 millones de pesos que el gobierno de Milei giraría a Bahía Blanca son una infamia porque, según el propio intendente, la reconstrucción de la ciudad -afectada gravemente en el 70% de su infraestructura y viviendas- demandará no menos de 400.000 millones de pesos. Está por verse a dónde y a quiénes van los 10.000 millones anunciados por Guillermo Francos, y por lo tanto es perentorio el control popular sobre esos fondos.
El destino de los fondos es una cuestión primordial. La entidad patronal Carbap ya se anotó para reclamar subsidios y beneficios para "el campo" por las pérdidas que provocó la lluvia. Los capitalistas quieren resarcirse a ellos primero. Le corresponde a la intendencia de Susbielles abrir de inmediato un listado de afectados por la inundación, bajo control de asambleas de vecinos, para garantizar la indemnización a las victimas del desastre.
Algunos medios se mostraron sorprendidos por los elogios del kicillofismo al gobierno ultraderechista de Javier Milei, más aún después de las amenazas de intervención federal a la provincia de Buenos Aires. En realidad estamos frente a un pacto de impunidad, que tomó cuerpo con el "comité de crisis" que integran Kicillof, sus ministros, el jefe comunal peronista Susbielles -de buena relación con La Cámpora-, con la represora Patricia Bullrich y su socio político el ministro de Defensa Luis Petri. Se cuidan las espaldas, cuando al menos desde hace trece años distintos organismos advierten la posibilidad de inundación frente a lluvias extremas, por la falta de obras y el desorden urbanístico.
Rápida de reflejos, Cristina Kirchner buscó diferenciarse de Kicillof tratando de inhumano a Milei por no haber viajado a Bahía Blanca. Es también un acto de encubrimiento del peronismo que gobernó y gobierna la provincia de Buenos Aires. Si las lluvias destruyeron la ciudad en pocas horas es porque la falta de obras -que se agravó con Milei y su motosierra- atravesó a todos los gobiernos capitalistas. Lo mismo ocurre con la especulación inmobiliaria y las construcciones "desordenadas", otra característica de todos los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, a los que Milei sumó el negacionismo del cambio climático.
La sucesión y alternancia de gobiernos peronistas, macristas y "libertarios" en el país y en la provincia, como de las intendencias del PRO y Unión por la Patria, son una muestra de la responsabilidad de todos los niveles del Estado capitalista.
Las tres grandes banderas de un movimiento popular de los afectados y familiares de las víctimas son: las obras hidráulicas y de viviendas, y el control vecinal de su ejecución; las indemnizaciones a los vecinos para recuperar bienes y propiedades; y el reclamo de justicia. La organización de los barrios es fundamental, así como la solidaridad material, y que sindicatos y organizaciones populares tomen la pelea por estos reclamos.
No hay todavía una dimensión total de la catástrofe, ni del número de victimas fatales ni de las consecuencias sociales (pobreza, pérdida de fuentes laborales). Los gobiernos de Milei, Kicillof y Susbielles deben publicar las listas de desaparecidos en la inundación, que oficialmente son 92 y está subestimada según denuncian vecinos y familiares.
Acá vale la experiencia de la inundación platense de 2013 y el comportamiento del entonces gobernador bonaerense Daniel Scioli, que no quiso indemnizar a los afectados, no reconoció oficialmente la cantidad de víctimas fatales, y limitó los resarcimientos a otorgar créditos a tasa cero. Sobre llovido, endeudados.
La tarea de la hora es la construcción de asambleas barriales y de un movimiento de afectados por el desastre.
