En el marco del “debate” nacional alrededor de la habilitación del uso de las pistolas Taser por parte de la policía, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio), envió al Concejo Deliberante una propuesta de ordenanza con el objetivo de conformar una brigada integrada por 30 agentes de seguridad ciudadana municipales y policías locales equipada con estas armas.

Esta tentativa del Ejecutivo local debe ser vista como parte de una política común a los distintos gobiernos y fuerzas políticas del país, ya sean oficialistas u opositoras, que busca otorgarle más prerrogativas a las fuerzas represivas en todos los sentidos. La defensa que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, realiza en favor de los policías acusados de gatillo fácil, el aumento concedido a la bonaerense luego del motín y el no castigo a sus organizadores, las declaraciones de la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, a favor del uso de las Taser, entre otros ejemplos, son la expresión de una orientación general.

En Lanús la política de “empoderar” a la policía, orquestada por el secretario de Seguridad, Diego Kravetz, ha ofrecido muestras significativas de sus implicancias. La policía es noticia sistemáticamente por el hostigamiento a la población del distrito, por casos de gatillo fácil y por permitir todo tipo de zonas liberadas. Recientemente, y ante la ola de robos organizados por grupos fuertemente pertrechados contra locales gastronómicos del centro del distrito, el propio Kravetz dio indicios de la complicidad policial en los mismos.

Las mayores prerrogativas para la policía son la otra cara de la moneda ante una situación social que se agrava día tras día y con luchas obreras y populares que crecen al calor de este cuadro, como la ocupación de tierras de Guernica. Los gobiernos, comprometidos con el ajuste, no tienen otra cosa para ofrecer más que represión.

El uso de las Taser, lejos de favorecer un accionar menos violento por parte de las fuerzas represivas, será un elemento más al servicio de la violencia a discreción y del amedrentamiento que dispersa la policía contra la población. El conjunto de las organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos deben desarrollar una campaña contra esta normativa impulsada por Grindetti.