Horacio Rodríguez Larreta fue el protagonista de un cónclave que tuvo lugar en el barrio de Puerto Madero, en el cual se dirigió a un importante núcleo de los empresarios que operan en el país. El Cicyp (Consejo Interamericano de Comercio y Producción), que reunió a personajes como Daniel Funes de Rioja (presidente de la UIA), Guillermo Cerviño (directivo del Banco Comafi) y Marcos Pereda (vice de la Sociedad Rural), se convirtió en una tribuna donde el jefe porteño divulgó algunas de las medidas económicas que tomaría en caso de llegar al sillón de Rivadavia, luego de las elecciones de 2023; y en la que casi 200 empresarios marcaron la cancha de la política económica con sus apetitos e intereses más inmediatos.

La reunión estuvo atravesada por la incertidumbre que en todos los planos genera la crisis económica que pesa sobre el país, y puso de manifiesto cómo la tentativa de cumplir el acuerdo con el FMI produce fuertes tensiones en el seno de la clase capitalista. En medio de la reunión, un banquero graficó esa situación al alertar que se tendrán que dar “varios saltos mortales sin ser artistas de circo” (Clarín, 2/06). Las principales autoridades de las cámaras empresariales utilizaron el espacio para inclinar más la balanza a favor de su objetivo de reforzar los ataques contra el conjunto de la clase obrera. Larreta aprovechó y, sin dar precisiones, hizo varios guiños en ese sentido, sin privarse incluso de lanzar algunas pequeñas diatribas contra parte de sus socios del PRO.

Pereda llevó los reclamos del capital agrario al presionar por la eliminación de las retenciones, mientras que el sector bancario hizo lo propio al quejarse del impuesto que el gobierno porteño fijó sobre el uso de las tarjeta de crédito y las Leliq, escudándose en la disputa que mantiene con Nación por los fondos de coparticipación. El dueño de Café Cabrales puso el grito en el cielo contra las restricciones a la importación de materias primas y bienes de capital, asegurando tener niveles críticos de stock. Jorge Aufiero, capo de Medicus, se quejó porque los aumentos en las prepagas concedidos por el Ejecutivo nacional no estarían compensando las presuntas pérdidas de ese sector -a pesar de los beneficios en materia de subsidios y la rebaja drástica de los aportes patronales.

En esas pretensiones quedaron retratadas las contradicciones de la situación y los reclamos cruzados. Larreta se mostró comprensivo ante la situación y prometió satisfacerlas, pero no pudo evitar poner algunos reparos. Con respecto a las retenciones remarcó que para eliminarlas “primero hay que estabilizar, reducir el déficit fiscal y después borrarlas”, lo que muestra la inconsistencia de un programa de mayores exenciones cuando rigen las metas fiscales del FMI. Es un tema recurrente; el propio Macri que las había erradicado a poco de asumir debió reponerlas hacia el final de su mandato.

A la hora de exponer ciertos ejes de su plan económico, Larreta volvió sobre la necesidad de ir hacia una reforma laboral “que se adecúe a las demandas del siglo XXI”, o sea barrer con los derechos de la clase trabajadora (eliminar indemnizaciones, rebajar los aportes patronales). También apuntó contra el sistema previsional, cuando en medio de los ataques a los jubilados del gobierno de Alberto Fernández los haberes ya se ubican en niveles de indigencia. Además defendió la idea bancomundialista de llevar adelante una focalización (poda) de los planes sociales y condicionarlos a que sean con contraprestación laboral para las empresas, lo que los convertiría en realidad en un subsidio al capital. Debería vérselas para ello con el pujante movimiento piquetero.

El alcalde porteño dijo que para poder implementar un paquete de reformas de ese tenor necesitará un gobierno de coalición, aunque remarcó que en él no cabrían los “extremos populistas”, en alusión a Milei, pero también al kirchnerismo, e incluso a Sergio Massa (La Nación, 2/6). Buscaría incluir en su gabinete a diversos personeros del PJ, con el propósito de servirse de su aparato de contención para atacar a las masas. Se trata de una movida que no atrae la simpatía del sector de Macri y de Bullrich.

Para ilustrar, Larreta reivindicó el alfonsinista Plan Austral, el cual significó un duro golpe contra los trabajadores (devaluación, congelamiento de salarios), y fracasó estrepitosamente hasta terminar en la hiperinflación. Lo mismo hizo con la convertibilidad de Menem, cuya política de privatizaciones y flexibilidad laboral logró imponerse recién después de aplicar derrotar decisivas al movimiento obrero (ferroviarios, telefónicos), para concluir con la quiebra del país y la rebelión popular de diciembre de 2001.

El Cicyp encontró a un Larreta en campaña hacia la presidencia, tratando de ganarse el apoyo de la clase capitalista, pero al igual que Guzmán se choca con la inviabilidad de la propia burguesía nacional, socia menor del saqueo del país. Los problemas de los trabajadores, excluidos de su agenda, se contraponen a todo el régimen del FMI.

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