La difusión de los índices del Indec acerca del costo de vida en enero volvió a poner al desnudo el nivel de pauperización de los ingresos de los trabajadores, que deriva incluso en que hasta la mayoría de los que cobran un salario en blanco se encuentren por debajo de la línea de pobreza, mientras que el salario mínimo se ubica por debajo de la línea de indigencia.

La línea de pobreza se mide por el costo de la Canasta Básica Total, que el organismo de estadística oficial estimó en el primer mes del año en 56.458 pesos para una familia tipo (dos adultos y dos menores), tras experimentar una suba mensual del 4,2%. Si proyectamos los datos del último informe sobre la evolución de la distribución del ingreso en Argentina (del tercer trimestre de 2020), veremos que ocho de cada diez trabajadores no logra cubrir aquel monto. Y eso que la CBT no contabiliza los gastos en alquiler de una vivienda.

Otra muestra de que la inflación galopante golpea especialmente sobre las familias trabajadoras es que la Canasta Básica Alimentaria, que fija la línea de indigencia, creció en enero un 4,6% para ubicarse en 23.722 pesos -un 44% más que un año atrás. Las consultoras estiman que si se sostiene esta dinámica alcista en los alimentos que se registró en los últimos meses, en el año pueden promediar subas del 75%. Esto cuando el salario mínimo, vital y móvil pautado por el Estado es de 20.587 pesos, y quedará en marzo en 21.600.

A su vez, la jubilación mínima que cobran unos cuatro millones de pasivos es de 19.035 pesos, y menos aún perciben los beneficiarios de la pensión para adultos mayores (PUAM) con 15.228 pesos. Ni siquiera con el aumento que está previsto que decrete el gobierno en marzo la mayoría de los que reciben sus haberes del sistema previsional podrá alcanzar la CBA de enero. El gobierno de Alberto Fernández, que hizo campaña prometiendo poner plata en el bolsillo de los jubilados, condena a estos a la indigencia.

La tendencia es a un empobrecimiento creciente, porque cada mes se agranda más la brecha entre el ritmo de aumento del costo de vida y la evolución de los ingresos. Por ejemplo, según la estimación de variación salarial del Indec, en diciembre de 2020 las remuneraciones crecieron un 1,8% mensual, contra un alza del 4,7% en la CBT y del 5,1% en la CBA. A la cabeza de la depreciación de los salarios se encuentra el propio sector público, con una variación anual de 26,8%, casi diez puntos por debajo del incremento promedio de precios y casi veinte puntos abajo del encarecimiento de la canasta alimentaria.

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Otro factor de pauperización social es el crecimiento de la desocupación. Según cifras oficiales, más de dos millones de personas perdieron su trabajo entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo período de 2020. La caída fue liderada sobre todo por aquellos del sector informal o en negro, que sufrió un desplome del 18%. En números absolutos, la mayor cantidad de puestos perdidos se observa entre los asalariados registrados, con 1.200.000 trabajadores menos.

Ello da por resultado una fuerte contracción de la proporción de la población económicamente activa, la cual cayó del 47,1% al 42,3% en los primeros nueve meses de 2020. Así, no solo se redujeron los niveles de empleo, sino incluso la cantidad de ocupados disponibles y subocupados que demandan otros ingresos laborales; una expresión de desmoralización por la recesión económica y la pérdida de oportunidades. Esto cuando uno cada cuatro trabajadores sufre desocupación o subocupación.

 

El falso acuerdo de precios y salarios que pretende presentar el gobierno nacional busca hacer de los salarios y jubilaciones el ancla inflacionaria, con topes paritarios en línea con la ficticia proyección del 29% prevista en el Presupuesto 2021. Pero ello se hace sobre ingresos ya deprimidos, que se encuentran en niveles de pobreza e indigencia, especialmente porque las remarcaciones se sufren más en los rubros de consumo masivo como alimentos. La impotencia del gobierno en ejercer control alguno de la formación de precios en la cadena de valor responde a su orientación fondomonetarista, que implica además del ajuste fiscal una promoción de las exportaciones de materias primas (cuyos precios presionan sobre el mercado local) y el cierre de las importaciones al costo de agravar la recesión industrial.

Para que realmente los salarios le ganen a la inflación es necesario poner en pie asambleas en casa lugar de trabajo y cada gremio, para elegir paritarios que respondan a los reclamos obreros y peleen contra el cepo salarial del gobierno. Las organizaciones de jubilados ya se están autoconvocando para enfrentar un nuevo decreto confiscatorio del mes entrante, mientras que el movimiento de desocupados se encuentra protagonizando al momento de escribirse estas líneas una imponente jornada de piquetes a lo largo y ancho de todo el país. La clave es la intervención independiente de la clase obrera, para romper el chaleco de fuerza de la burocracia sindical y enfrentar a este régimen de pauperización social.

 

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