La petrolera de mayoría accionaria estatal acaba de ceder una gran ventaja en el proceso de renegociación de su deuda de 6.600 millones de dólares. Si bien esas obligaciones dolarizadas estaban enmarcadas en las leyes de sociedades de nuestro país, que requieren un porcentaje menor de adhesión de los acreedores para sellar una restructuración (un 16% en segunda ronda), el director financiero de YPF anunció que las adhesiones deberán superar el 50% -para equiparar a los porcentajes que se utilizan a escala internacional.

Obviamente en las próximas semanas habrá nuevas concesiones, porque ahora habrá que alcanzar la mitad más uno de los acreedores para que la reestructuración sea exitosa. Buscarán además pisar el acelerador, porque el 23 de marzo vence un primer monto por más de 400 millones de dólares. Este pago no solo pretende ser evitado por los ejecutivos de la empresa, sino por el propio gobierno nacional que carece de reservas en el Banco Central.

Esto desmiente lo anunciado cuando, a mediados del año pasado, YPF propuso “ajustes” en el convenio colectivo de los petroleros -sumados a la flexibilización de la adenda de 2017-, ya que los directivos de la compañía esgrimieron como justificativo que el objetivo era “volver a subir equipos a los yacimientos”. Aquel “Acuerdo de Sustentabilidad y el Empleo” fue impulsado por el actual secretario de Energía de Nación Darío Martínez, el directorio de YPF y el gobernador de Neuquén Omar Gutiérrez, y firmado por todas las burocracias sindicales del sector.

A más de cuatro meses de esos acuerdos antiobreros queda en evidencia que la “reducción de costos y aumento de eficiencia” reclamados por YPF no apuntaba a que los miles de suspendidos vuelvan al trabajo, sino a generar ahorros en el llamado costo laboral para garantizar la renegociación de su deuda corporativa. Es decir que estaba al servicio de los acreedores.

Comparado con la actividad de mediados de 2020, la empresa ha mejorado la cantidad de equipos en los yacimientos de la provincia de Vaca Muerta. Pero una cosa es contar “fierros” (equipos) y otra es contar equipos perforadores sumados con objetivo en hidrocarburos, que son los que indican que hay nueva actividad en los yacimientos, superior a la anterior etapa.

Se pueden subir muchos equipos en general (para terminar pozos, para hacer sumideros, para perfilar), pero concentrando en aquellos que miden una actividad extractiva extra, YPF pasó de 9 equipos a fin del año 2020 a 10 equipos perforadores a mitad de enero: “YPF puso en marcha siete torres de perforación en los bloques orientados a la producción de gas, tres en áreas productoras de petróleo” (Vaca Muerta News, 18/1/2021).

La promesa del CEO de la compañía, Sergio Affronti, había sido “llegar a 45 equipos de torre activos en la cuenca neuquina tanto en convencional como no convencional para fines de marzo” (EconoJournal, 5/9/2020) , pero como ya tiene 42 (considerando los de todo tipo) no serán muchos los equipos de perforación que YPF incorpore hasta marzo si es que cumple. Esto, aún con los subsidios y prebendas que le otorga el Plan GasAr.

Así, las patronales pretenden dejar como definitivos los aumentos de la productividad, la flexibilización y precarización laboral impuestos con la anuencia cómplice de las burocracias sindicales durante la pandemia. La vida misma, y la calidad de vida de las y los obreros petroleros dependen que se pongan a debate para su anulación la adenda del 2017 y el “Acuerdo de Sustentabilidad y el Empleo”, y se defienda a rajatabla las conquistas del convenio colectivo.

Que las deudas de la patronal ypefiana no la paguen los trabajadores.