Las mineras celebraron el día de su industria a lo grande: marcándole la cancha al gobierno. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros organizó un evento en Parque Norte en el que, ante el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, exigieron quedar exentas del cepo cambiario, de retenciones a la exportación y del anunciado gravamen a la “renta inesperada”, como condición para concretar las inversiones que tanto reivindica el discurso oficial.

Las condiciones que ponen los pulpos mineros son ciertamente coloniales, pero finalmente son la consecuencia lógica de la desesperación con que el gobierno se volcó a las presiones por favorecer la explotación de nuevos yacimientos, en función de destrabar la llegada de inversiones extranjeras. “Queremos una Argentina que además de industrial y agropecuaria sea también minera”, dijo Kulfas en el evento.

El presidente de la cámara patronal, Franco Mignacco, detalló claramente las exigencias. Pidió “respeto por la Ley de Inversiones Mineras y garantía de la estabilidad fiscal”, “revisar las retenciones, tendiendo a su eliminación”, “acceso al mercado único y libre de cambios, revisar los regímenes de devolución de IVA, y garantizar las importaciones de los insumos necesarios”. Incluso advirtió tácitamente que el proyecto de gravar la renta (supuestamente) inesperada impactaría negativamente en “la llegada de inversiones y en la vida útil de proyectos”, aunque resaltaron la “buena predisposición de los funcionarios” ante el señalamiento.

Este pliego no es nuevo y en gran medida el gobierno viene trabajando para garantizarlo, pero son condicionamientos que chocan con los estrechos límites que impone el programa del FMI y el pago de la deuda. Ya en diciembre el gobierno decretó cierta flexibilización de las restricciones cambiarias para las grandes exportadoras, un requisito formulado como excluyente por la francesa Eramet para desembarcar en la explotación de litio en Salta. Recientemente Guzmán prometió nuevas concesiones de este tipo a las petroleras, pero la incapacidad de detener la sangría de dólares limita esta posibilidad; más aún cuando las trabas a las importaciones están generando un cuello de botella en varias ramas industriales, al punto que las propias mineras exigen que se garantice la compra de sus insumos del exterior.

El reclamo de acceder a la compra de dólares a precio oficial muestra que el avance de la megaminería es una arista más de un régimen de saqueo, que hoy se expresa en que del récord de exportaciones del agro (que al igual que los minerales tiene precios internacionales por las nubes) no se traduce en una recomposición de las exhaustas reservas de divisas del Banco Central. Que el gobierno hable de “rentas inesperadas” refuta todo el relato de que el problema del país sea una “restricción externa”, o escasez de dólares según el discurso de Cristina Kirchner; el meollo del asunto es el pago de la deuda externa y la fuga de capitales.

Lo mismo puede decirse de las exigencias de las mineras en materia impositiva. En los despachos oficiales se trabaja en un esquema de retenciones móviles, no para apropiarse de las ganancias extraordinarias cuando suba la cotización de los minerales sino para compensar a las multinacionales en caso de que baje: el 8% de derechos de exportación que pagan actualmente quedaría como techo, y se reduciría hasta 0% si caen los precios internacionales (Ámbito Financiero, 24/4). A la par trascendió que el proyecto de gravar la “renta inesperada” -que aún no vio la luz aunque fue anunciado hace casi un mes- eximiría a los pulpos mineros (Econojournal, 6/5), que están haciendo un negoción. El problema es que de la recaudación impositiva depende el cumplimiento de las metas de reducción del déficit fiscal puestas por el Fondo.

Estas condiciones coloniales son la confirmación de que el lanzamiento de la Mesa de Minería Abierta a la Comunidad armada por el gobierno no es más que una mesa de entradas del lobby de las mineras. Que no es una mediación ni un espacio para buscar “consensos” ya había quedado claro a las 24 horas de la presentación oficial, cuando el gobierno catamarqueño de Raúl Jalil reprimió y judicializó a los vecinos de Choya que enfrentan la actividad ilegal de la mina Mara en Andalgalá, con el respaldo explícito del bloque de diputados del Frente de Todos. Que haya agrupaciones ambientalistas en esa “Mesa”, como Jóvenes por el Clima o Ecohouse, solo reafirma que quienes fueron cooptados al Ministerio de Ambiente terminan de pantalla de este avance de grandes emprendimientos contaminantes.

El contrapunto lo marca la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, un frente único de organizaciones y asambleas que luchan en defensa del ambiente y las condiciones de vida del pueblo, y que se plegó con su reclamos a la enorme Marcha Federal que recorrió el país. Este camino de movilización junto a los trabajadores ocupados y desocupados es el que hay que seguir para derrotar esta nueva ofensiva minera.

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