En su “clase magistral” del jueves 27 de abril, Cristina Kirchner dedicó una parte de su intervención a hablar sobre la concentración empresarial en el rubro alimenticio y el Impuesto a las Ganancias. En este sentido, dijo que muchas de las compañías que operan en Argentina pagan solo el 2,4% en concepto de ese gravamen.

“Cuando vos vas al supermercado, al dueño le pagas en efectivo o con tarjeta. O cobra a los 30 días o cobra en ese momento. Pero él tiene que pagar la ganancia sobre eso que te vende a vos hoy, recién el año que viene”, dijo la vice en su alocución. Como se ve, las patronales licuan el pago del impuesto mediante la inflación.

CFK “criticó” esa desigualdad en el pago de impuestos encubriendo que en su ejemplo el consumidor también está pagando el IVA en el acto, y, además, como si no fuera actualmente vicepresidenta y no hubiera gobernado durante dos mandatos consecutivos perpetuando este esquema tributario regresivo. Los sucesivos gobiernos peronistas han venido manteniendo esta confiscación del salario obrero, subiendo por debajo de la inflación el mínimo no imponible para el pago de Ganancias (por lo que que cada vez más trabajadores vienen siendo alcanzados por el tributo) y diciéndoles a los trabajadores que eso servía para una redistribución “más justa” (sic) de la riqueza. Mientras tanto, los capitalistas “la juntaban en pala”, como dijo alguna vez CFK.

La vicepresidenta rechaza eliminar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. De hecho, mientras ejercía como presidenta, Cristina atacó fuertemente las luchas obreras que reclamaban la supresión de ese gravamen.

Por otra parte, si se tiene en cuenta la magnitud de los beneficios que obtienen las alimenticias, el desfinanciamiento del fisco, producto del pago irrisorio de Ganancias que realizan las empresas, adquiere proporciones inconmensurables.

Precios y ganancias

Los datos que existen acerca de las operaciones comerciales de las empresas alimenticias dan cuenta de que estas vienen obteniendo ganancias en extremo altas. El mercado del rubro se caracteriza por la existencia de monopolios que concentran la venta de mercancías. Una apertura de sus libros contables ante los ojos de los trabajadores demostraría que las estadísticas subestiman el problema.

Según el Centro de Estudios Agrarios (CEA), entre abril de 2022 y abril de 2023, el precio de la harina por kilo se incrementó un 242% (133 puntos por encima del índice de precios acumulado en el mismo periodo). Los fideos aumentaron un 256% (147 puntos arriba de la inflación interanual). Por otro lado, la botella de litro y medio de aceite de la marca Cocinero, que pertenece a Molinos Río de La Plata, registró un aumento del 145% (36 puntos arriba de la inflación interanual). De conjunto, según el Indec, los precios de los alimentos vienen subiendo hace muchísimo tiempo por encima del índice general de precios.

En marzo de este año, la azucarera Ledesma, de la familia Blaquier, presentó listas de precios con aumentos del 40%. AddecoAgro, Molinos y Cañuelas hicieron lo propio, pero con subas del 22%. La cervecera Quilmes, la empresa de higiene y limpieza Procter and Gamble y la alimenticia Mondelez (exKraft) también avanzaron en subas. Las arroceras, por su parte, reclamaron un aumento del 45% para sus productos. Algunas de estas listas fueron rechazadas por los supermercados, pero los comercios barriales, a los cuales concurre la mayor parte de la población trabajadora, debieron tomarlas lo que devino en que estos comercios vendan más caros los mismos productos que los hipermercados venden a “precio regulado” (Página 12, 31/4).

Al calor del aumento de precios, las ganancias empresariales crecieron. Entre 2020 y 2021, las utilidades de las principales alimenticias alcanzaron un 170% (65 puntos por encima de la inflación acumulada en ese periodo). Arcor, la empresa de alimentos más grande del país, incrementó sus ganancias un 38% en el primer semestre de 2022. Esto sucedió luego de que la firma consiguiera utilidades récord en 2020, las cuales multiplicó por 142% en 2021 (El Destape, 29/9/2022). La segunda compañía de mayor peso, Molinos Río de La Plata, vio crecer sus ganancias en un 217% interanual en el primer semestre del año pasado; este emporio, que pertenece a la familia Perez Companc, cerró en diciembre pasado con una ganancia neta de $8.197 millones, casi un 50% por encima de lo que obtuvo en 2021. No por nada Jorge Gregorio Perez Companc, el dueño de esa empresa, se convirtió en el hombre más rico de Argentina.

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Concentración de capitales

En el país, un puñado de empresas produce y comercializa el 80% de los alimentos. Veinte grupos capitalistas, respaldados por el Estado argentino, deciden qué come la clase obrera y a qué precio. Según datos que se encuentran en un artículo de Letra P (22/5/2022), el 74% de las ventas están distribuidas de esta manera: Unilever (9%), Mastellone Hnos. S.A. (8%), Empresa Del Distribuidor (8%), Coca Cola Company (5%), SancorCoop. Unidas Ltda. (5%), Danone (5%) Molinos Río De La Plata (4%), Procter & Gamble (3%), Papelera Del Plata (3%), Cervecería Quilmes S A. (3%), Ada (2%), Pepsico Co (2%), Arcor S.A. (2%), Mondelez (2%), Nestle (2%), Bagley S.A. (2%), Molino Cañuelas (2%), Kimberly-Clark (2%), BRF (2%) y Establecimiento Las Marías (1%).

El negocio de los productos de primera necesidad lo han monopolizado unas nueve empresas. Quilmes concentra el 78% de la facturación, Coca Cola Company el 78%, y Molinos Río de La Plata el 79%. El 81% de la industria de fideos está repartida entre Arcor, Molinos y Tres Arroyos, y Molto. Perez Companc domina casi el 40% de este mercado, posee un 35% de participación en la molienda de harina para fideos y un 22% en el mundo del pan (El Destape, ídem). Molinos Río de La Plata factura el 59% del rubro harinas. La Serenísima, que pertenece a Mastellone Hnos. S.A, junto con Arcor, factura el 59% del negocio de leche en el país y produce 3,5 millones de litros por día. Mastellone acapara el 72% de la facturación. Bunge Argentina, la multinacional de capitales norteamericanos, se queda con más del 30% del mercado de aceites. Detrás de ella, con casi el 20% del comercio, se ubican Aceitera General Deheza, de la familia Urquía, y Cañuelas, de los Navilli.

Asimismo, seis cadenas comerciales de grandes superficies tienen el poder de venta; Carrefour, Cencosud (Disco, Jumbo y Vea) y Coto se llevan más de la mitad de las ventas del sector. Luego se nota Walmart (Changomás). Naturalmente, también lucran con las necesidades alimentarias de los trabajadores; durante 2022, las ventas netas de Carrefour se incrementaron un 49,3% y Cencosud duplicó sus ganancias en 2021 (con respecto al año anterior).

La concentración de la riqueza en una porción cada vez menor de personas ha venido teniendo lugar en todos los periodos históricos; es una tendencia inherente al capitalismo, un sistema social basado, entre otras cosas, en la competencia. Mientras se acumula la riqueza en un polo, se acumula la miseria en otro (y al compás de esto, masas de obreros caen en la decadencia). Argentina produce alimentos para cientos de millones de personas, pero más de cuatro millones de niños padecieron inseguridad alimentaria en el último año. Para CFK, sin embargo, “el capitalismo es el sistema más eficiente”.

CFK gobierna para las alimenticias

Las alimenticias nunca hubieran podido enriquecerse de esta manera sin la ayuda de los gobiernos capitalistas de las últimas décadas. Los gobiernos peronistas (Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Alberto Fernández) y también los gobiernos macristas-radicales han colocado los resortes del Estado en función del acrecentamiento de las ganancias y del poder de los grandes grupos económicos capitalistas.

El gobierno del Frente de Todos también echa nafta al fuego de la inflación en los alimentos mediante la implementación de dólares preferenciales para el capital agrario (dólar soja, etcétera) y con las minidevaluaciones del peso que viene ejecutando. Además, permite que las patronales burlen el fracasado programa “Precios Justos” y contribuye a que las paritarias salariales cierren por debajo de la inflación por medio de la burocracia sindical peronista. Los resultados de esta política son, desde el punto de vista de los trabajadores, extremadamente negativos: casi un 40% de pobreza y un 8% de indigencia.

La salida a esta situación es eliminando el impuesto al salario y poniendo la industria alimenticia y la economía toda bajo control de quienes viven de su trabajo, lo que solo puede ser realizado por un gobierno de la izquierda y los trabajadores.

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