La empresa norteamericana Livent ha vuelto a recobrar revuelo mediático tras las denuncias que recibiera por haber subfacturado exportaciones por sumas millonarias en dólares. En su programa Periodismo para Todos, Jorge Lanata publicó un informe que desarrolla cómo esta minera, que tiene participación estatal, habría declarado montos por menos del 20% de su valor real. Se trata de una práctica sistemática bajo la vista gorda del gobierno nacional, favorecida por la privatización del comercio exterior y los beneficios a las multinacionales mineras.

Livent explota el Salar el Hombre Muerto, el cual se encuentra en la región norteña de Catamarca. Las revelaciones indican que la compañía estadounidense ha exportado litio a 6 mil dólares por tonelada, cuando su valor en el mercado mundial asciende a 33 mil. Los precios declarados por la empresa fueron hasta un 80% más bajos que, por ejemplo, los registrados en la provincia de Jujuy.

Estas maniobras fueron desenvueltas entre 2018 y 2019, por medio de 403 operaciones, las cuales tuvieron lugar en Salta, el puerto de Buenos Aires y el aeropuerto de Ezeiza, y los diversos destinos de la mercancía han sido facturados a una empresa perteneciente al mismo grupo económico con sede en Estados Unidos (Ámbito, 11/7). El precio del codiciado litio se ha disparado hasta un 1.000%; es un recurso utilizado para la fabricación de baterías y de vehículos eléctricos, y su producción en Argentina no solo es destinada a Estados Unidos, sino también a otros países como Japón, Corea del Sur y China.

La empresa ha recibido una multa por 6.700 millones de pesos y la Aduana le reclamó derechos de exportación por 8.000 millones de pesos (por la diferencia entre lo que debió pagar y lo que efectivamente abonó), mientras que ese organismo y la Afip han iniciado investigaciones sobre ella. Los directivos de Livent han dicho que ningún proceso iniciado por la Aduana determinó que existiera fraude al fisco y se han defendido argumentando que como el litio no es un commodity “no pueden determinar un precio común y único a todos los exportadores” (Clarín, 24/7).

Este episodio ha puesto de manifiesto nuevamente que un puñado de grupos capitalistas saquea las riquezas del país. Esta actividad minera tiene, asimismo, un profundo impacto en zonas que a su vez se caracterizan por el estrés hídrico. La subfacturación de exportaciones, artimaña que también llevan adelante los pulpos del complejo agroexportador, facilita a las compañías evadir el pago de retenciones y de otros impuestos. Por otro lado, es un mecanismo para fugar divisas al exterior, que además permite a las empresas hacer enormes negociados con sus propias subsidiarias, como ha ocurrido con Livent.

Como parte de la tentativa de recaudar divisas para el pago de la deuda externa, el gobierno del Frente de Todos se ha dedicado particularmente a promover la megaminería, juntos a gobernadores oficialistas y opositores, incluso a costa de precipitar rebeliones en varias provincias en defensa del agua. También concedió a estos pulpos capitalistas importantes prebendas económicas, como la reducción de las retenciones y cierta flexibilización a las restricciones cambiarias. Sin embargo, como condición para invertir, las empresas reclaman más rebajas impositivas, libertad para girar dividendos al exterior, y una reforma laboral flexibilizadora.

Es precisamente contra los perjuicios que implicaron los convenios de trabajo por empresa que los obreros de la minera Yamana Gold fueron recientemente a la huelga en Cerro Moro, Santa Cruz, reclamando aumentos salariales. Junto con el alto daño ambiental, la lucha de los mineros santacruceños desmiente todo el lobby de las multinacionales y el gobierno que promete un desarrollo nacional de la mano de la multiplicación de la explotación de grandes yacimientos.

Terminar con este saqueo, en momentos en que una corrida cambiaria tiene en vilo al país y recalienta la inflación, es una necesidad. Y, como vemos, son los trabajadores los únicos que tienen un interés social en que eso suceda. Para cortar con la subfacturación de exportaciones y el robo de nuestros recursos es imperioso una nacionalización del comercio exterior bajo control obrero, la apertura de los libros de las exportadoras a sus trabajadores, y poner la producción minera bajo control de comités electos de obreros, vecinos y técnicos.