Políticas

29/12/2022

Las patronales no quieren pagar el bono de fin de año y el gobierno les abre una puerta

La ministra de Trabajo dijo que "avalaría modificaciones siempre y cuando haya acuerdo con el sindicato".

Kelly Olmos.

Las cámaras empresariales objetaron el bono anunciado por el gobierno para el sector privado y se están valiendo de diferentes tipos de recursos para evitar pagarlo. Ante los reclamos de la UIA y las diferentes cámaras empresarias, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, dijo que “avalaría modificaciones siempre y cuando haya acuerdo con el sindicato”. Es decir que el propio gobierno no solo anuncia un bono miserable solo para trabajadores registrados que cobran menos de $185.000 (con bono incluido), sino que ahora además habilita que las patronales no lo paguen.

Es el caso de los empleados de maestranza, estaciones de servicio, garages, estacionamientos y lavaderos, cuyas patronales sostienen que el bono debe ser absorbido por el último aumento paritario, incluso aunque con él los salarios continúen quedando por debajo de los $185.000 estipulados.

Es un fraude que cuenta con el aval de las conducciones sindicales burocráticas, como vemos en el gremio encabezado por Carlos Acuña, uno de los triunviros de la CGT. El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos estipuló: “Según los términos del acuerdo salarial suscripto el día 9 de noviembre de 2022 por nuestra Entidad con el SOESGYPE-FOESGRA en el marco de la CCT 488/07, a tenor de lo estipulado en la cláusula tercera de dicha acta acuerdo, se ha establecido que los aumentos pactados son comprensivos de cualquier incremento salarial que pueda regularse por alguna vía distinta a la de esta paritaria, ya sea ley, DNU o cualquier otra reglamentación posterior a este acuerdo” (Infogremiales, 27/12/22).

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio, la más numerosa del sector privado con más de 1,2 millones de trabajadores, pidió tiempo para abonar los 24.000 miserables pesos decretados por el gobierno como bono de fin de año, justamente porque todavía tiene pendiente la paritaria gracias a la Faecys (federación de sindicatos), quien decidió esperar a enero para cerrarla dado el bono previsto, y aceptó el pago del mismo en 2 cuotas, una en diciembre y otra en enero. Esto quiere decir que habrá que esperar a ver qué pasa con la segunda cuota del bono, puesto que podrían intentar que también quede absorbida dentro del aumento.

A su vez, cabe destacar que las empresas utilizaron este bono pobretón para continuar pisando los salarios. Recordemos que en abril, el sindicato de comercio y las patronales negociaron un 59,9% anual en 7 cuotas, algo que no se modificó en todo al año, sino que, frente a la escalada inflacionaria, solo se adelantaron cuotas del 2023.

El gobierno ahora habla de que deja vía libre a los acuerdos entre las patronales y los sindicatos cuando es contra el bono, pero intervino en muchos procesos paritarios para atacar las demandas de los trabajadores como fue el caso este año de la extraordinaria huelga del Sindicato del Neumático, que durante 5 meses tuvo que resistir no solo la intransigencia de los pulpos y las multinacionales sino también los ataques del gobierno Massa y compañía.

Lo de las patronales se trata de una oposición “estratégica” contra los salarios, buscando depreciar los ingresos obreros para maximizar sus ganancias y convalidando el ajuste que lleva adelante el gobierno sobre los ingresos de la población. La burocracia sindical, además de ser una pata del ajuste oficial que opera en favor de los intereses empresarios, a veces también oficia como patronal. Es el caso de las obras sociales donde en algunas directamente directamente desconocen el bono, así hace la burocracia gráfica en la Obra Social del Personal Gráfico, por ejemplo.

Esto refuerza la necesidad de que la clase obrera recorra su camino independiente. Más que un bono de miseria lo que corresponde es el pago del doble aguinaldo, sin restricciones, para los trabajadores en actividad, seguido de una recomposición general de los salarios para defender el poder adquisitivo de los trabajadores.